Un exhaustivo informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha puesto en tela de juicio la transparencia que rodea la multimillonaria financiación que la Unión Europea destina a las organizaciones no gubernamentales (ONG). A pesar de reconocer ciertos avances en los procedimientos de concesión, el TCE concluye de manera contundente que la visión general de cómo se distribuyen y gestionan estos fondos sigue adoleciendo de una fiabilidad insuficiente, lo que obstaculiza una rendición de cuentas efectiva ante los ciudadanos europeos. El subtítulo de la portada del informe lo dice todo:

A pesar de los avances, la visión general sigue sin ser fiable

El documento, fruto de una rigurosa auditoría, revela que la identificación y el registro de las entidades que operan como ONG dentro del entramado de financiación de la UE no siempre se realizan de forma coherente y fiable. Esta inconsistencia en la clasificación dificulta enormemente la tarea de obtener una imagen clara y precisa de qué organizaciones reciben fondos, cuánto y para qué fines específicos.

El informe del TCE no se detiene en la inconsistencia de la clasificación, sino que también señala problemas significativos relacionados con la calidad de los datos. A pesar de la racionalización de los procesos de concesión de fondos, la exhaustividad y la exactitud de la información proporcionada siguen siendo un escollo importante. Esta carencia de datos fiables impide realizar un análisis útil y profundo del gasto total de la UE canalizado hacia las ONG, un sector que desempeña un papel cada vez más relevante en la implementación de políticas comunitarias.

Según se desprende del informe, la ausencia de una visión general robusta y fiable del gasto de la UE en las ONG tiene consecuencias directas en la capacidad de los organismos de control y de la ciudadanía para comprender el destino de los fondos europeos y evaluar la eficacia de su utilización. Esta falta de transparencia socava la confianza pública en la gestión de los recursos comunitarios.

Durante el período 2021-2023 cubierto por la auditoría, la Comisión informó de que había comprometido 4.800 millones de euros para las ONG en políticas internas. Además, en el caso del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), los dos fondos en régimen de gestión compartida que están incluidos en el ámbito de nuestra auditoría, las autoridades de los Estados miembros notificaron la concesión de 2.600 millones de euros. Respecto a estas políticas, los compromisos de financiación de la UE ascendieron a un total de 7.400 millones de euros.

Verificación laxa

Una de las conclusiones más preocupantes del Tribunal de Cuentas Europeo se refiere a la falta de una verificación proactiva y sistemática por parte de la Comisión Europea y otros organismos gestores de fondos sobre el cumplimiento de los valores fundamentales de la UE por parte de las ONG que reciben financiación. Si bien el TCE reconoce que las convocatorias de propuestas analizadas durante la auditoría fueron transparentes en sus términos y requisitos, la evaluación del respeto a principios esenciales como la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales no se lleva a cabo de manera uniforme ni con la diligencia necesaria.

En este sentido, el informe señala textualmente: "El respeto de los valores de la UE no se verifica de forma proactiva". Esta constatación plantea serias dudas sobre si la UE cuenta con mecanismos adecuados para garantizar que las organizaciones que reciben fondos públicos europeos operen en consonancia con los principios que sustentan la propia Unión.

Otro hallazgo relevante de la auditoría del TCE es la considerable variación que existe en las prácticas de transparencia entre las diferentes ONG que reciben financiación de la UE. El informe revela una tendencia clara: las organizaciones de mayor tamaño y con una estructura más consolidada suelen obtener mejores resultados en términos de transparencia y rendición de cuentas que las organizaciones más pequeñas o de base. Esta disparidad sugiere la necesidad de establecer estándares de transparencia más uniformes y exigibles para todas las ONG beneficiarias, independientemente de su tamaño o capacidad.

Recomendaciones 

Ante el panorama descrito, el Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea, instándola a tomar medidas concretas para subsanar las deficiencias identificadas y fortalecer la transparencia en la financiación de las ONG. A pesar de que se han realizado mejoras, como la introducción de un sistema común de registro de la Comisión para los solicitantes de subvenciones, la ausencia de una visión general fiable socava la transparencia de la financiación de la UE concedida a las ONG. Observamos que la Comisión, sus socios ejecutantes y las autoridades de los Estados miembros no siempre comprendían de la misma manera lo que puede considerarse una ONG. 

El listado de ONG en el Sistema de Transparencia Financiera, que es la principal herramienta de transparencia para los perceptores de primer nivel de los fondos de la UE en régimen de gestión directa e indirecta, se basa en la autodeclaración. La Comisión sigue comprobando algunos elementos de la clasificación de una ONG, es decir, si una ONG es una entidad privada y sin ánimo de lucro. 

Sin embargo, no se comprobaban aspectos importantes de la condición de ONG, como una influencia gubernamental a través de sus representantes en los órganos de gobierno y si las autodenominadas ONG no persiguen los intereses comerciales de sus miembros. Este enfoque contribuye a que algunas entidades estén clasificadas incorrectamente como ONG en el Sistema de Transparencia Financiera. La definición de ONG del Reglamento Financiero de 2024 no es suficiente para abordar esta cuestión, ya que algunos aspectos operativos siguen abiertos a interpretación

En primer lugar, el TCE recomienda encarecidamente a la Comisión que establezca un sistema de clasificación para todas las ONG que reciben fondos de la UE. Una clasificación uniforme facilitaría la agregación y el análisis de datos, mejorando así la visión general de la financiación y su trazabilidad.

En segundo lugar, calidad de la información. El Tribunal de Cuentas Europeo insiste en la necesidad de mejorar sustancialmente la calidad de los datos relacionados con los gastos de la UE destinados a las ONG. Esto implica garantizar la exhaustividad, la exactitud y la comparabilidad de la información recopilada por los diferentes organismos gestores de fondos.

Finalmente, y quizás lo más significativo, el TCE subraya la importancia de que la Comisión Europea y otros organismos competentes verifiquen de manera activa y sistemática el cumplimiento de los valores fundamentales de la UE por parte de las ONG que se benefician de la financiación comunitaria. Esta verificación proactiva es esencial para salvaguardar los principios de la Unión y garantizar que los fondos europeos se utilicen de manera ética y responsable.

En sus conclusiones finales, el Tribunal de Cuentas Europeo enfatiza el papel fundamental que desempeña la transparencia pública como un derecho de los ciudadanos y como una herramienta esencial para exigir responsabilidades a los responsables políticos. En el contexto de la Unión Europea, donde las ONG juegan un papel cada vez más influyente en la formulación e implementación de políticas, garantizar la transparencia en su financiación se erige como un imperativo para la rendición de cuentas democrática y la buena gestión de los fondos que provienen de los contribuyentes europeos.