Así se hace lobby en Galicia desde Bruselas por 80.240 euros brutos anuales
“Galicia desarrolla acciones propias de un lobby para defender los intereses de la sociedad gallega y sus principales sectores productivos”
¿Cómo se pueden atraer inversiones europeas a Galicia? ¿Se necesita dinero para montar una oficina permanente en Bruselas, en contacto directo con las instituciones comunitarias, los grupos de interés o de presión, directivos de multinacionales y eurodiputados y miles de asistentes? ¿Cuántas personas son necesarias para cumplir con ese objetivo y qué sueldo púbico cobra el responsable político último de esa oficina?
La reflexión viene a cuenta de lo que ha ocurrido hace unas horas. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha levantado la voz para denunciar una presunta alianza entre el Partido Popular (PP) y la extrema derecha europea. La intención sería obstaculizar la labor de las plataformas ciudadanas que se oponen a la instalación de una fábrica de celulosa de la empresa portuguesa Altri en Palas de Rei, Lugo.
Reunión semestral del patronato. Ramos, segunda por la izquierda.
En un comunicado difundido este lunes, Miranda no solo ha puesto de manifiesto esta supuesta colaboración, sino que también ha arremetido contra las gestiones del PP para que la compañía lusa obtenga 250 millones de euros provenientes de fondos comunitarios, destinados a la financiación del controvertido proyecto.
"Resulta incomprensible el empeño del PP en promover la instalación de una macrocelulosa en territorio gallego, un proyecto que, a todas luces, acarreará la destrucción del entorno natural y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Es un auténtico escándalo", señala Miranda. La eurodiputada aboga por una asignación alternativa de los fondos europeos, priorizando la salvaguarda del medio ambiente gallego y la recuperación de sus rías, en lugar de contribuir a su deterioro.
La denuncia de Miranda pone en el punto de mira las dinámicas políticas en torno a proyectos industriales de gran impacto ambiental, y plantea interrogantes sobre la asignación de fondos europeos en el contexto de la sostenibilidad y el desarrollo regional. Y como suele ocurrir detrás de estas palabras -fondos, sostenibilidad y medio ambiente- suele haber un lobby, una parte muy interesada y hasta una consultora de asuntos públicos o un potente bufete de abogados y un equipo de comunicación con una estrategia bien definida.
Y en este punto del relato es cuando entra en escena la Fundación Galicia Europa (FGE), cuyo cometido se resume en “acercando Europa y Galicia” tal y como dice su página web. Esta fundación nació en 1988 con la misión de mantener una oficina gallega en Bruselas y promover el acercamiento entre Galicia y Europa. Está vinculada a la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de Galicia, cuenta con dos oficinas, una en Santiago de Compostela y otra en Bruselas.
Desde 2010, la FGE forma parte del sector público regional de Galicia como entidad instrumental, y en 2015, el decreto de Acción Exterior de Galicia reconoce su mandato «para ejercer la representación regional gallega ante las instituciones y órganos de la Unión Europea siguiendo las directrices del Gobierno Autonómico y respetando los principios de unidad de la acción exterior del Estado”, reconocimiento que se mantiene en la Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y la cooperación para el desarrollo de Galicia.
En 2018, la primera Estrategia de Acción Exterior de Galicia destacó que la FGE “es la punta de lanza de la participación gallega en los asuntos europeos” y que, desde su origen, ha reforzado la presencia de Galicia en Europa a través de una participación y efectiva en todos aquellos foros y organismos donde podía hacer oír su voz. El propio texto de la web lo reconoce, a través de su oficina en Bruselas, “Galicia desarrolla acciones propias de un lobby para defender los intereses de la sociedad gallega y sus principales sectores productivos”.
Los cuatro ámbitos de actuación de la FGE son: la defensa de los intereses de Galicia ante la UE, la promoción de la participación gallega en proyectos europeos, la difusión de información sobre la UE en Galicia y la formación sobre las instituciones comunitarias. Para la consecución de estos objetivos, la FGE cuenta con dos oficinas, una en Santiago de Compostela y otra en Bruselas. Esta última se suma a las más de 200 representaciones regionales establecidas en la capital comunitaria.
El patronato es el órgano de representación, gobierno y administración de la Fundación Galicia Europa y está compuesto por conselleiros, presidentes de diputación o de la Zona Franca de Vigo, entre otros. “Los miembros del patronato no perciben remuneración alguna en el ejercicio de este cargo ni retribución o dietas por su asistencia a las reuniones”, aclara su web. Lo preside actualmente el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta, Diego Calvo Pouso. Según su ficha publicada, percibe 74.468 euros brutos de retribución anual.
Según el organigrama, el director de la Fundación Galicia Europa es Jesús María Gamallo Aller, actual director general de Relaciones Exteriores con la UE de la Xunta de Galicia. Gamallo tiene un salario asignado de 65.873 euros y 6.759 euros en trienios por su condición de funcionario y un complemento de carrera de 5.546 euros. En total, 78.179 euros. De esta dirección general depende la Oficina de Bruselas, con la mencionada Ana Ramos Barbosa al frente. El equipo lo completan dos asesoras técnicas para el análisis de políticas de la UE y una administradora.
Además, se incluyen varias categorías de becarios (bolseiros) para 2023/2024 en políticas europeas, comunicación, administración e I+D+i. La Fundación cuenta con otra Oficina de Santiago, con tres personas en nómina: un titulado superior (Euroxuventude) y un responsable de Administración y un auxiliar administrativo.
Salario y currículum
Según el Portal de Transparencia de la Xunta, el de la Fundación no publica el dato, Ramos cobró 80.240 euros brutos en 2024, tal y como aparece en las tablas sobre retribuciones de los directivos del sector público autonómico consultadas por este digital. Es el sueldo público más alto de toda la lista. No obstante, hay que tener en cuenta la carestía de la vida en la capital comunitaria, mucho más elevada que en Galicia.
Ramos ocupa el cargo de directora de la Fundación desde abril de 1999, aunque en enero de 1996 entró como EU Policy Officer, según su perfil de la red social LinkedIn. Un año antes estuvo en el Instituto Galego de Promoción Económica, también en Bruselas. Previamente, trabajó en el sector privado en Madrid y en Brujas. Estuvo cinco meses con un contrato en prácticas en la Comisión Europea entre 1990 y 1991, en el área de agricultura.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un Diploma en Acceso a la Abogacía en la misma facultad. Además, es diplomada en Comercio Exterior y cursó un máster en Administración y Política Europea en el Colegio de Europa.
La última oferta de empleo se convocó en 2017 para una plaza de interino en 2018. Se pretendía cubrir un puesto de asesor técnico en Bruselas con carácter temporal de interinidad. En cuanto a gastos de personal, presupuestaron 503.000 euros el año pasado: 399.000 euros en sueldos y salario y 104.000 euros en cargas sociales. Los ingresos de la entidad por la actividad propia ascendieron a 935.000 euros, mientas que las cuotas de asociados, afiliados y aportaciones de usuarios sumó 88.000 euros. La cantidad para subvenciones, donaciones y legados fue de 847.000 euros.
