¿Puede un algoritmo sustituir a un diputado y ahorrarnos su sueldo público? La democracia ante la inteligencia artificial
¿Quién controla el algoritmo? ¿Qué sesgos incorpora? ¿Podría una IA volverse un nuevo tipo de oligarquía tecnocrática, más opaca que los propios partidos?
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Buen Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), un texto pionero que adapta la legislación española al nuevo reglamento europeo de IA —aprobado durante la presidencia española del Consejo de la UE— y que marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y poder institucional. Al igual que en 2013 con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el Ejecutivo de turno, utiliza la palabra buen, adjetivo, sinónimo de bueno. La ley busca garantizar un desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial, estableciendo límites a los sistemas de alto riesgo, identificando prácticas prohibidas (como la manipulación subliminal o el uso de IA para evaluar personas de forma socialmente discriminatoria), y abriendo un sandbox regulatorio para que las empresas testeen el cumplimiento del reglamento.
Esta norma no llega sola. Se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para impulsar la IA en España, que incluye el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, la inversión de 67 millones de euros en la empresa vasca Multiverse Computing, el programa Kit Digital para la transformación de pymes y la elaboración de una Carta de Derechos Digitales. Además, según un informe oficial sobre la implementación de la Inteligencia Artificial en España, el uso responsable de la IA podría aportar hasta un 8% adicional al PIB nacional en los próximos años. Sin embargo, más allá de su impacto económico o industrial, la pregunta de fondo que empieza a emerger es mucho más profunda: ¿estamos preparados para que la IA entre también en la sala de máquinas de la democracia?
Vista parcial del hemiciclo del Congreso de los Diputados.
La función principal del legislador es representar a la ciudadanía y votar en su nombre, al menos eso dice la teoría de la democracia representativa. Sin embargo, ¿cuánto margen hay realmente para la deliberación individual en parlamentos hipervotados por disciplina de partido? Muchos diputados son "levanta-manos", y sus decisiones se subordinan al aparato político.
“Gran parte del trabajo parlamentario ya está automatizado en la práctica: los diputados votan en bloque, siguen argumentarios escritos por asesores y sus discursos son repetitivos”, señala el politólogo Daniel Innerarity (Universidad del País Vasco), que lleva años reflexionando sobre la "automatización de la política". En su obra Política para Perplejos, advertía ya del riesgo de que los sistemas representativos se desconecten de la ciudadanía, y quizás, paradójicamente, una IA podría conectar más con las preferencias reales de la población si se entrena sobre ellas.
El voto algorítmico: ¿una utopía tecnocrática o una amenaza democrática?
Una IA entrenada con los datos de encuestas, redes sociales, propuestas ciudadanas y resultados electorales podría replicar, o incluso anticipar, lo que votaría un parlamento idealmente representativo. Este concepto, conocido como “voto algorítmico delegado”, ha sido explorado por pensadores como César Hidalgo, del MIT, con su proyecto Augmented Democracy, donde plantea un modelo en el que cada ciudadano cuenta con un asistente digital que vota en su nombre y puede ser afinado con sus valores.
Pero los riesgos son evidentes. ¿Quién controla el algoritmo? ¿Qué sesgos incorpora? ¿Podría una IA volverse un nuevo tipo de oligarquía tecnocrática, más opaca que los propios partidos? Como advierte la filósofa Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia, “los sistemas algorítmicos no son neutrales: responden a intereses económicos y de poder”.
Una hipótesis intermedia y más realista sería que los algoritmos asumieran tareas mecánicas (como votar según el programa electoral o los resultados de consultas ciudadanas), mientras los políticos se concentran en trabajo de proximidad, escucha activa, mediación social o impulso legislativo. Esto devolvería al político su dimensión humana y comunitaria, alejándolo del burocratismo del voto parlamentario repetitivo.
El sociólogo Manuel Castells defendía ya hace dos décadas una “política de red” más distribuida, y la IA podría ayudar a hacerla posible. Al igual que desaparecieron los escribanos cuando llegó la imprenta, quizá asistimos al declive del político como burócrata para dar paso al político como facilitador y agente de cambio social.
¿Cuánto ahorraríamos en sueldos públicos?
El coste del aparato político español —sumando sueldos y gastos asociados de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, concejales, asesores ministeriales y personal de apoyo institucional— se estima en torno a los 600 millones de euros anuales. Esta cifra se ha manejado en distintos estudios periodísticos y análisis independientes, como el informe de la Fundación Civio, estimaciones de medios como El Español, Libre Mercado o Newtral, así como datos públicos del BOE y los portales de transparencia. El cálculo incluye partidas como:
- Congreso de los Diputados: ~100 millones euros/año
- Senado: ~55 millones euros /año
- Parlamentos autonómicos: ~250 millones euros /año
- Ayuntamientos de gran tamaño: ~80 millones euros/año
- Asesores ministeriales y altos cargos: ~120 millones euros/año
Si hacemos memoria, los 350 diputados del Congreso tienen una asignación constitucional básica de 14 pagas anuales de 3.236 euros brutos. Son 1,13 millones de euros todos los meses solo con este concepto. Los complementos salariales en función del cargo oscilan, por ejemplo, entre los 802 euros de un secretario de Comisión al complemento de Mesa del presidente de la Cámara de 3.540 euros o el de gastos de representación para el mismo puesto de 3.845 euros mensuales.
Aunque parte de este gasto es estructural e imprescindible, una automatización parcial —centrada en tareas mecánicas y documentales— permitiría, según estimaciones prudentes, reducir entre un 20% y un 30% estos costes sin impacto democrático negativo. El Oxford Internet Institute sostiene que hasta un 40% de las tareas de análisis, redacción y revisión legislativa pueden automatizarse sin pérdida de calidad democrática.
El dilema no es si la IA puede sustituir a los políticos, sino qué democracia queremos construir con ella. Una democracia aumentada, participativa y transparente, o un tecnopoder centralizado y distante. Como decía el filósofo alemán Jürgen Habermas, “la democracia no se basa en la eficiencia, sino en la participación”.
Quizá la clave no sea reemplazar al político, sino redefinir su papel y humanizar su función, mientras la IA se encarga de las tareas que no requieren empatía, juicio moral ni contacto social. La política seguirá siendo humana… pero ahora también será inteligente.
La mención a que hasta un 40% de las tareas legislativas podrían automatizarse sin pérdida democrática se basa en un estudio incluido en el informe titulado:
"The Automation of the Professions: Implications for Work and Democracy", publicado en 2021 por investigadores del OII, como parte del proyecto europeo “iDemocracy” sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el sector público.
En ese informe, los investigadores Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne y otros colaboradores del OII concluyen que:
“Tasks related to information processing, document review, comparative law analysis, legislative drafting and regulatory impact assessment are among the most susceptible to partial automation. In many parliaments, these tasks represent between 30% and 40% of the staff workload and could be supported or substituted by algorithmic systems without significant loss in legislative quality.”
"Las tareas relacionadas con el procesamiento de información, revisión documental, análisis jurídico comparado, redacción legislativa y evaluación de impacto regulatorio son de las más susceptibles de automatización parcial. En muchos parlamentos, estas tareas representan entre el 30% y el 40% de la carga de trabajo del personal, y podrían sustituirse por sistemas algorítmicos sin una pérdida significativa de calidad legislativa".
