La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) vuelve a estar en el centro del debate público tras una investigación de Civio, que ha denunciado la falta de transparencia en la venta de viviendas protegidas. En un contexto en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones ciudadanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como si hubiera contraprogramado, anunció nuevas medidas para reforzar la supervisión sobre el organismo, cuyo control pasó a manos del Estado en 2022.

La Sareb, creada en 2012 para gestionar activos tóxicos bancarios, acumula una deuda pública de 30.000 millones de euros y, según Civio, la plataforma que defiende la rendición de cuentas y lucha por la calidad democrática de nuestras instituciones, ha vendido 9.440 viviendas protegidas a empresas, incluyendo al menos 41 megatenedores como Blackstone y CaixaBank. Sin embargo, la entidad no ha facilitado información detallada sobre los precios ni los compradores, alegando que divulgar estos datos afectaría su estrategia comercial.

A pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha fallado a favor de Civio en algunos puntos, la Sareb sigue restringiendo información clave, lo que ha llevado al medio de investigación a presentar una demanda ante la Audiencia Nacional. Este litigio podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de las entidades con financiación pública.

Si miramos sus cifras, Sareb ha reportado un crecimiento del 13 % en sus ingresos durante el primer semestre de 2024, alcanzando los 1.314 millones de euros, principalmente gracias a la venta de activos inmobiliarios. De los 4.353 inmuebles vendidos en ese periodo, 3.600 eran viviendas protegidas, según fuentes internas. La empresa también ha reforzado su apuesta por el alquiler social, con 7.600 contratos aprobados para familias vulnerables.

En paralelo, Sánchez ha prometido esta semana una revisión del modelo de gestión de la Sareb para garantizar su utilidad social. Según fuentes del Ejecutivo, una de las medidas en estudio es la creación de un organismo independiente que supervise la venta y adjudicación de viviendas protegidas.

Este nuevo foco sobre la Sareb llega en un momento clave para el Gobierno, que busca reforzar su compromiso con el acceso a la vivienda tras anunciar recientemente un plan de 183.000 nuevas viviendas públicas en los próximos años. Y en Sueldos Públicos nos hacemos la pregunta clásica. ¿Quién está detrás de la Sareb, qué currículum tiene y cuánto cobra?

Régimen retributivo

Desde que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), asumió el control mayoritario del 50,14% de la sociedad en 2022, la SAREB ha tenido que adaptar su política retributiva a las exigencias del sector público. Este ajuste incluye la retribución de los consejeros ejecutivos, fijada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y las variables propuestas por el FROB, siempre bajo los límites estipulados por la normativa aplicable.

El informe de retribuciones de 2023, (el de 2024 todavía no está disponible en su web en el momento de redactar este artículo) destaca que el coste total de las retribuciones del Consejo de Administración ascendió a 679.690 euros brutos, incluyendo tanto a los miembros activos al cierre del año como a aquellos que cesaron en sus funciones durante el ejercicio, sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social. Entre los datos más relevantes se encuentran:

• Consejeros Externos: Su retribución total alcanzó los 432.500 euros. Los honorarios varían según el rol desempeñado, desde los 40.000 euros para los miembros sin cargo adicional, hasta los 140.000 euros para el presidente no ejecutivo.
• Consejero Ejecutivo: Leopoldo Puig Turégano percibió 226.857 euros, que incluyen retribuciones básicas, complementos de puesto y variables devengadas en 2022: Retribución fija de 2023; Retribución variable devengada en 2023; Pago de la retribución variable de 2022 abonado en 2023 (31.542 euros); Remuneración en especie: 1.548 euros. El total de sus emolumentos está por debajo del máximo permitido por la normativa.

Puig fue nombrado a finales de junio de 2022. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo CEU y ha estado vinculado durante más de veinte años a la función pública, primero como Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España, labor que desarrolló hasta 2011, y después como director Financiero y de Entidades Participadas del FROB.

En su declaración patrimonial publicada en marzo de 2023 en el BOE, Puig reconoció en esa fecha disponer de 46.637 euros en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y un seguro de vida o plan de pensiones de 81.654 euros.

Consejeros 

La SAREB subraya que las retribuciones aprobadas para 2023 no superaron el límite de 800.000 euros establecido por la Junta General de Accionistas en junio del mismo año. Asimismo, el informe subraya el compromiso de la sociedad con la moderación y adecuación de las retribuciones, garantizando que sean proporcionales a las responsabilidades y resultados.

El documento consultado por este digital explica que la política para ejercicio de 2024 se someterá a la aprobación de la Junta General en abril. Otros directivos y consejeros percibieron:

• Carmen Allo Pérez: 62.500 euros
• Joaquín De Fuentes Bardají: 49.167 euros
• FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria): 6.666 euros
• Julián Navarro Pascual: 55.000 euros
• Carmen Motellón García: 70.000 euros
• Cristina Vidal Otero: 49.167 euros
• Javier Torres Riesco: 140.000 euros

El reglamento establece además las siguientes compensaciones para los Consejeros Externos:

• Presidente del Consejo de Administración (si no es ejecutivo): hasta 140.000 euros anuales.
• Presidentes de los Comités de Auditoría y de Retribuciones y Nombramientos: 70.000 euros anuales cada uno. No perciben remuneración adicional por pertenencia a otros comités.
• Consejeros pertenecientes a los Comités de Auditoría, Retribuciones y Nombramientos o cualquier otro Comité: 55.000 euros anuales. La pertenencia a más de un comité no genera retribución adicional.
• Consejeros no pertenecientes a ningún Comité: 40.000 euros anuales.
  

Regulación

El Comité de Retribuciones y Nombramientos, órgano interno del Consejo de Administración, es el encargado de supervisar y proponer los criterios salariales de los consejeros y directivos. Entre sus funciones, destacan:

• Determinar la política retributiva de los consejeros, dentro de los límites fijados por la normativa del sector público.
• Supervisar la retribución variable del responsable de Auditoría Interna.
• Garantizar la transparencia en la remuneración de los altos directivos.
• Revisar los contratos de los Consejeros Ejecutivos.

Además, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero fija la retribución básica de la Dirección Ejecutiva, mientras que las compensaciones variables y complementarias son determinadas por el FROB y el Consejo de Administración.

No confundas la Sareb con el SEPES, la Entidad Pública Empresarial del Suelo. Depende del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El director general Fidel Vázquez Alarcón tenía un sueldo público asignado de 123.789 euros en 2023. Asumió el puesto en enero de 2022, hasta principios de diciembre de 2023. Desde entonces la directora general es Leire Iglesias Santiago. Cobró 8.554 euros por 23 días en el sillón en 2023.

Imagen: Pixabay.