Entre los principales problemas que existen en España figura el del acceso a la primera vivienda y el alquiler. Miles de españoles no pueden comprar porque no tienen los ahorros suficientes para pagar la entrada y otros tantos no pueden optar a ser inquilinos porque los precios por una habitación se han disparado. No hay más que ver cómo cualquier cargo público, independientemente del partido, aborda esta cuestión en sus discursos y sus propuestas. Por ejemplo, Pedro Sánchez habló de ello en su debate de investidura apostando por medidas como el abono de alquiler o la habilitación de viviendas públicas.

Con este contexto, hace unos días conocimos el nombramiento de Leire Iglesias como nueva directora general del SEPES. Se trata de la entidad pública empresarial de suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez, quien ha sido la encargada de designar al nuevo alto cargo de su organigrama y que, a partir de ahora, cobrará un nuevo sueldo público de más de 100.000 euros brutos anuales. Una cifra que debería ser suficiente para disponer de una vivienda, teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado en Madrid está sobre los 3.576 euros.

El SEPE tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida de la ciudadanía transformando metros cuadrados de suelo público en lugares habitables donde las personas puedan emprender, vivir y trabajar dignamente”, según su página web oficial. Así, su tarea se centra en el desarrollo de actuaciones urbanísticas, tanto en la promoción, adquisición y preparación del suelo, para proyectos industriales, residenciales, terciarios y de servicios.

Más sueldo que como consejera

Para esta legislatura,  el área de vivienda ha recuperado el rango de Ministerio, como con José Luis Rodríguez Zapatero, ya que hasta ahora sus competencias se encontraban en la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y dentro de esta, las funciones del SEPES, que en 2022 vivió su último cambio con la llegada de Fidel Vázquez, el mismo que ingresó 116.281 euros por 11 meses y medio en el cargo.

Ahora, es Iglesias quien asumirá esta tarea y podemos conocer la que será su remuneración gracias a lo publicado por los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Por su rango, cobra un salario base de 15.237 euros, un complemento de destino de 16.047 euros y un complemento específico de 27.763 euros. En total, 59.047 euros. Además, tiene derecho a dos pagas extraordinarias, en junio y diciembre, de 2.209 euros cada una. Así, llega a percibir en un año completo 63.465 euros. Cabe recordar que estas cantidades suelen variar cada año, según los propios ajustes del Gobierno. No es todo, puesto que también se le retribuye el complemento de productividad, dependiente de cada Ministerio y que dispara las cifras por encima de los 100.000 euros.

El dato del salario que le corresponde a los directores de este organismo también está disponible su página web. Desde 2018, cuando era de 109.409 euros, ha ido aumentando hasta los 117.870 euros en 2022. Será la ‘herencia’ de Iglesias. Por ejemplo, en 2019, Alejandro Soler cobró más de 24.000 euros por 54 días en el puesto.

El último cargo de Iglesias, entre 2019 y 2023, fue de consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda en la Junta de Extremadura. Con la información publicada por el Portal de Transparencia de la institución autonómica conocemos que en 2019 el sueldo fijado era de 69.155 euros; en 2020, 70.969 euros; en 2021, 71.485 euros y en 2022, 75.836 euros. Con estas cifras, habrá podido ingresar más de 200.000 euros en el puesto.

24 años en política

Leire Iglesias Santiago nació en Hondarribia (Guipúzcoa) en 1978. Según publicó Hoy en una entrevista en 2011, empezó a estudiar Ingeniería Técnica de Obras Públicas, pero se cambió a Gestión y Administración Pública. No finalizó ninguna de las dos carreras y se pasó a Ciencias Políticas. Hace 12 años reconocía que estudiaba las asignaturas en los aviones. Lamentablemente, la información publicada consultada no nos permite confirmar si es licenciada. Sí es cierto que la reseña biográfica del comunicado facilitada el 5 de diciembre por el Ministerio se centra en sus cargos políticos y su experiencia en el ‘movimiento asociativo’, pero no menciona su formación académica ni que esté en posesión de un título universitario, como Miquel Iceta, embajador de la UNESCO, que terminió sus estudios en COU.

Lleva 24 años cobrando sueldos públicos en política, desde que en 1999 fuera elegida concejal en el Ayuntamiento de Cáceres. Tenía 21 años. Después, fue directora general de la Juventud de la Junta de Extremadura y del Instituto de la Juventud de España (INJUVE) perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por otra parte, también ha sido diputada del PSOE por Cáceres en el Congreso de los Diputados y secretaria general adjunta de la Organización Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Dentro de la Junta de Extremadura, ha sido, tanto consejera de Cultura e Igualdad, como de Movilidad, Transporte y Vivienda, como se ha mencionado anteriormente. Desde esa última área se desarrollaron y ejecutaron los programas del Plan Estatal y autonómico de Vivienda, además de impulsar las políticas públicas de vivienda en esa comunidad autónoma.

Qué es y su organización

SEPES es una empresa pública fundada en 1959 y pertenece a la Administración General del Estado. Su sede está ubicada en la ciudad de Madrid. Además de su directora general, el SEPES también cuenta con su propio organigrama. Los miembros del Consejo de Administración cobran por asistencias una cuantía máxima para cada miembro de 803 euros por sesión, con un máximo anual de once sesiones y 8.833 euros anuales.

Los otros directivos, con un contrato de alta dirección, ingresan una retribución básica de 53.608 euros, un complemento de puesto de 18.133 euros y un complemento variable de 11.837 euros. En total, 83.578 euros. Entre ellos se encuentran el secretario general, director de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica, director de Producción, directora Comercial y de Comunicación, y director Económico-Financiero. También tienen derecho a una indemnización por extinción de contrato. Estas cantidades pertenecen al ejercicio pasado tal y como están publicadas por la propia entidad.

Por otra parte, también contó el pasado año con unos 78 empleados con remuneraciones totales que varían de entre 20.500 hasta los 84.800 euros, según el tipo de puesto que ocupen.

Si comparamos, la nota del Gobierno sí detalla los estudios de María Teresa Verdú Martínez como nueva directora general de Agenda Urbana y Arquitectura. Es funcionaria de carrera, perteneciente al cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, Máster en Urbanismo y Estudios Territoriales por la UIMP y en Gestión Pública Directiva, por el INAP. Verdú Martínez ha ocupado diversos puestos directivos en la Administración General del Estado y en la Administración Local, entre otros: Subdirectora general de Ayudas a la Vivienda, vocal asesora en distintos gabinetes estatales, así como en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sustituye a Nuria Matarredona, que asumió el cargo en marzo de este año tras el relevo de Iñaqui Carnicero. Este cobró 98.803 euros en 2022.