El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 52,7 millones de euros (52.704.140) en concepto de subvención para los partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Esta ayuda económica, regulada en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, mantiene la misma cuantía que la aprobada en 2024. Esto se debe a que aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2025, por lo que se aplica la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española. En diciembre te contamos que el 86% de los partidos políticos de nuestro país no publicaba las retribuciones de sus altos cargos, según un informe del Tribunal de Cuentas.

El reparto de la subvención se realiza en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada formación política en los comicios del 23 de julio. Para ello, los 52,7 millones de euros se dividen en tres partes iguales: una se distribuye en proporción al número de escaños y las otras dos de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido.

De acuerdo con estos criterios, el reparto de la subvención es el siguiente:

(Fuente. Consejo de Ministros).

Los 12 partidos reciben unos 144.395 euros diarios en total. Son 4,39 millones mensuales. Por ejemplo, el PP ingresa más de 51.700 euros diarios de las arcas del Estado; el PSOE, unos 40.600; Vox, casi 16.900; y Sumar super los 16.500 euros diarios.

La norma

La Ley Orgánica 8/2007 regula la financiación de los partidos políticos en España, estableciendo que estos pueden obtener recursos de tres fuentes principales:

• Financiación pública: incluye las subvenciones estatales, autonómicas y locales para su funcionamiento ordinario y los gastos electorales, así como las asignaciones del Parlamento Europeo para los partidos con representación en esa institución.

• Financiación privada: comprende las cuotas y aportaciones de afiliados, donaciones privadas con límites establecidos por la ley y los ingresos procedentes de actividades propias del partido.
  
• Préstamos y créditos: los partidos pueden acudir a entidades bancarias para obtener financiación, aunque con restricciones y obligaciones de transparencia.

La ley impone límites y controles estrictos sobre la financiación de los partidos, con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar posibles casos de corrupción. En este sentido, el Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos y de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente.

Con esta subvención, el Gobierno garantiza que los partidos políticos con representación parlamentaria dispongan de los recursos necesarios para su funcionamiento, en un marco legal que busca asegurar la equidad y la transparencia en la financiación de la actividad política en España.