Un reciente informe del Tribunal de Cuentas ha revelado una preocupante falta de transparencia en los partidos políticos de España. Según el estudio, un 86% de las formaciones no cumplen con la obligación legal de publicar las retribuciones percibidas por sus máximos responsables, una normativa establecida por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG). Este dato plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas de los partidos, reflejando una de las grandes carencias del sistema político español en términos de transparencia. La actual presidenta del Tribunal de Cuentas es Enriqueta Chicano y en noviembre hizo tres años en el cargo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo de Intervención de la Seguridad Social desde 1997. En 2023 percibió 130.771 euros brutos en 14 mensualidades, sin contar los trienios de antigüedad.

La LTAIBG, aprobada en 2013, establece que todos los partidos políticos deben hacer públicos los salarios y retribuciones de los máximos responsables de la formación. Esto incluye cualquier tipo de pago por asistencia a reuniones, congresos, comités u otros eventos relacionados con el ejercicio de su cargo. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas indica que un 86% de los partidos no publican esta información, incumpliendo así una obligación legal clave para garantizar la transparencia en la política.

Además, en aquellos casos en los que los máximos responsables de los partidos no perciban retribuciones, la ley exige que se publique esta situación de manera explícita. No obstante, los partidos que no reportan esta información también omiten informar sobre la no existencia de pagos o complementos, lo que agrava aún más la falta de claridad sobre su estructura económica. El documento remarca la “falta de actualización o referencias en la web que permitan al ciudadano conocer de forma directa si lo publicado está en vigor”.

Solo un 14% cumple 

El informe destaca que solo un 14% de los partidos cumplen parcialmente con la obligación de publicar las retribuciones de sus dirigentes. Estos partidos lo hacen de distintas maneras, algunas más transparentes que otras. De los 9 partidos que han hecho públicos los sueldos, los métodos varían considerablemente:

• Certificación negativa: Cuatro partidos, entre ellos Coalición Canaria, MC Cartagena, Soria ¡Ya! y Unión Por Leganés, publican una certificación negativa, lo que implica que sus máximos responsables no reciben retribución alguna.
• Importes agregados: Tres formaciones, como ERC, Junts y Vox, publican los importes agregados de las retribuciones o el importe medio de las mismas. Sin embargo, se destaca que el importe de ERC está desactualizado, ya que corresponde al año 2016.
• Importes individualizados: Por último, dos partidos, Batzarre y Geroa Bai, hacen pública la información sobre las retribuciones individuales de sus miembros, aunque en el caso de Geroa Bai, los datos corresponden a los gastos por kilometraje (0,35 €/km).
  

Confusión entre tipos de retribuciones

El informe también señala que muchos partidos políticos confunden la obligación de publicar las retribuciones de sus máximos responsables con la obligación de hacer públicas las retribuciones que perciben sus cargos públicos por su representación institucional. Algunos partidos, en lugar de cumplir con la LTAIBG, proporcionan información sobre los sueldos que sus representantes perciben en las administraciones públicas, datos que son accesibles a través del portal de la Transparencia de la Administración General del Estado y el de otros portales a nivel autonómico o local. Sin embargo, esta información no es la que exige la ley, lo que refleja una falta de entendimiento o de voluntad para cumplir con las normativas de transparencia.

El informe también revela que un elevado número de partidos incumple otras obligaciones de transparencia. En concreto, el 84% de las formaciones no publican un organigrama que detalle claramente la estructura jerárquica de la organización. Aunque un 76% de los partidos hace pública la estructura organizativa, esto no implica que se cumpla con la obligación de ofrecer un organigrama claro, que debe especificar explícitamente el órgano al que se refiere y las líneas de jerarquía correspondientes.

Por otra parte, el informe subraya que los partidos políticos tampoco han cumplido con otras obligaciones establecidas por la LTAIBG, como la publicación de resoluciones sobre la compatibilidad de los empleados públicos (artículo 8.1.g) y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales (artículo 8.1.h), información que debería ser publicada por las instituciones correspondientes.

La falta de transparencia en la publicación de las retribuciones de los dirigentes políticos tiene implicaciones importantes para la confianza de la ciudadanía en el sistema político. La transparencia en el uso de los recursos públicos es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que permite a los ciudadanos conocer cómo se gestionan los fondos públicos y asegura que los responsables de las decisiones políticas rindan cuentas sobre su gestión.

El incumplimiento de la normativa de transparencia por parte de una amplia mayoría de los partidos políticos refuerza la desconfianza en las instituciones y contribuye a un clima de opacidad que aleja a los votantes de la política. La falta de información sobre los sueldos de los máximos responsables, en particular, genera sospechas sobre posibles malas prácticas y favorece la percepción de que los partidos se gestionan de forma opaca y poco ética.

El Tribunal de Cuentas ha señalado que, a pesar de la obligatoriedad de cumplir con la LTAIBG, pocos partidos han sido sancionados por no publicar la información correspondiente. La falta de medidas coercitivas efectivas es una preocupación, ya que sin sanciones claras, los partidos políticos tienen pocos incentivos para cumplir con sus obligaciones de transparencia. Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes deben ser más estrictas en la aplicación de sanciones y en la promoción de la rendición de cuentas.

En este contexto, los ciudadanos tienen un papel crucial en exigir más transparencia a los partidos políticos. Las plataformas y asociaciones dedicadas a la defensa de la transparencia pueden actuar como agentes de presión, exigiendo que los partidos cumplan con la normativa vigente. Además, los votantes deben ser conscientes de la importancia de la transparencia y demandar que los partidos sean más abiertos en la publicación de la información financiera, especialmente en lo que respecta a los sueldos de sus dirigentes.