La emergencia provocada por las intensas lluvias e inundaciones en la Comunitat Valenciana sigue dejando secuelas, no solo en términos de daños materiales y humanos, sino también en la gestión y las condiciones de los efectivos de seguridad encargados de la atención y rescate tras la DANA. En este contexto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha levantado la voz sobre lo que consideran una incongruencia en las asignaciones económicas para el personal desplegado en la zona, cuestionando la gestión del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil.

Según la Instrucción emitida el 19 de diciembre de 2024 por la Dirección General de la Guardia Civil, se establecieron criterios económicos para el personal interviniente en la emergencia en Valencia, una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales. No obstante, la AUGC critica en un comunicado de este jueves que estas asignaciones económicas se hayan limitado hasta el 21 de diciembre, a pesar de que las órdenes de despliegue del Estado Mayor extienden la presencia de las unidades hasta, al menos, el 23 de febrero de 2025. La discrepancia en estos plazos ha generado malestar, ya que las unidades siguen trabajando en condiciones excepcionales, llevando a cabo tareas de rescate y apoyo a la ciudadanía en situaciones de emergencia.

Agentes del Cuerpo durante la DANA (AUGC).

Esta situación es todavía más grave para las unidades del ARS (Agrupación de Reserva y Seguridad) y el USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Guardia Civil, que, según AUGC, siguen siendo comisionadas bajo la misma orden de servicio y con funciones similares, pero sin un ajuste proporcional en sus retribuciones o en las condiciones laborales, lo que consideran un trato desigual. Desde la asociación se exige una rectificación urgente, asegurando que el personal continúe recibiendo una compensación económica justa y acorde a la extensión de los despliegues, dado que los guardias civiles siguen trabajando bajo condiciones extremas.

A lo largo de esta crisis, el despliegue de unidades militares y de emergencias, como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército, ha sido fundamental para afrontar la magnitud de la destrucción por la fuerza del agua. La colaboración entre la UME y la Guardia Civil ha sido crucial para la evacuación de personas y el rescate de víctimas. Sin embargo, los guardias civiles que han estado en primera línea siguen enfrentando dificultades económicas, y desde la AUGC también se ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil una respuesta inmediata sobre el abono de las nóminas pendientes de los operativos desplegados, tanto los que participaron en el primer despliegue como los que se han sumado posteriormente. En el escrito remitido se solicita exactamente "cuándo se procederá al abono de la nómina de incidencias pendiente".

La AUGC también ha exigido igualdad de condiciones en los operativos conjuntos. En particular, se pide que todos los efectivos desplegados por el USECIC cuenten con las mismas condiciones de alojamiento, duración de la comisión y retribuciones que las unidades principales en las que están encuadrados, garantizando un trato equitativo y digno para todos los agentes involucrados.

Fuentes de AUGC consultadas por este digital confirman que los agentes de la Benemérita destinados en los municipios afectados por la DANA cobran 100 euros al día, independientemente del empleo o la escala "pues cobran todos lo mismo". De media, el Cuerpo Armado debe unos 700 euros a cada agente. Si estás ocho días, pero solo trabajas dos, cobras 200 euros. Si trabajas tres, 300.

En medio de esta controversia, la figura de Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil desde septiembre de 2024, es llamativo. Su salario anual, que en 2023 fue de 26.790 euros brutos por unos dos meses y medio en el cargo, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Tiene rango de subsecretario y puede percibir más de 100.000 euros anuales gracias al complemento de productividad. En 2022, por ejemplo, María Gámez Gámez, obtuvo más de 134.000 euros, lo que ha generado críticas sobre las diferencias salariales en el marco de esta crisis. Durante su etapa como directora ingresó más de 400.000 euros.

Mientras unos quitan el barro y soportan gases y olores pestilentes en los garajes de la zona cero, los políticos destinados a gestionar la reconstrucción de la DANA perciben un sueldo público con mejores condiciones laborales que los agentes. En este sentido, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana, Franciso José Gan Pampols, tiene asignada una remuneración de unos 84.000 euros anuales, mientras que el alto comisionado del Gobierno central, Héctor Izquierdo, con rango de subsecretario, tiene garantizados unos 74.000 euros brutos anuales, pero con la productividad podría cobrar 119.000 euros, como su homólogo en la gestión del volcán de La Palma.