Casi un mes después de la catástrofe de la DANA, es momento de acometer la reconstrucción y reparación de todos los afectados. Y lo primordial en este sentido son las ayudas económicas, dirigidas a personas, tareas a realizar y también a empresas, pymes y autónomos que lo han perdido todo. Es un sector importante para el país, por lo que tanto el Gobierno español como la Generalitat Valenciana están dando apoyo en esta línea. 

El Ejecutivo central ya contaba con una empresa pública destinada a facilitar la financiación de pymes y autónomos. Ahora esta labor puede ser aún más fundamental para los negocios que deben volver a levantarse. Se conoce como la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). Está adscrita al Ministerio de Industria y Turismo que encabeza Jordi Hereu desde hace un año. Percibió 8.866 euros brutos por su trabajo del 21 de noviembre a final de año de 2023, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. 

Sánchez Acera, en su etapa de alcalde de Alcobendas.

El ente está dirigido por un alto cargo del Ejecutivo: la presidencia la ocupa Jordi García Brustenga como titular de la Dirección General de Estrategia Industrial y PYME. No lleva demasiado tiempo en el cargo, pues fue nombrado en el mes de enero, en el que, además, era un nuevo departamento. Antes no existía esta área, sino que era de la extinta Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. La última persona que la encabezó fue María Muñoz que, por consecuente también fue presidenta de CERSA. De García aún no se conocen las retribuciones concretas que puede obtener, aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ahora prorrogados, regulan un salario de 63.465 euros, con pagas extraordinarias ya incluidas. De todas formas, su predecesora podría ser un ‘ejemplo’. Ha estado pocos meses en el cargo, en el que cobró 96.254 euros, incluidos cinco trienios, del 9 de febrero al 31 de diciembre del pasado año, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.

Antes, ocupó el puesto Galo Gutiérrez por un período de tiempo más largo: de junio de 2018, cuando empezó el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta febrero de 2023. En este último año, solo de enero al 8 de febrero percibió 12.417 euros con 11 trienios. Ingresó 108.767 euros con 11 trienios en 2022 y otros 104.986 euros, con los mismos trienios, en 2021. Con estos antecedentes, García podrá superar los 100.000 euros de retribución cada año. Además, Gutiérrez no percibía ningún tipo de remuneración por su presidencia en CERSA y es que no se pueden cobrar dos sueldos públicos a la vez, pero sí puede cobrar dietas.  

Sin actualizar retribuciones

Las últimas remuneraciones publicadas por CERSA pertenecen al año 2021. En ese momento, eran nueve los consejeros que formaban el Consejo de Administración. Solo la consejera delegada de entonces, Ana Vizcaíno, percibió un salario de 114.969 euros y 113.944 en 2020. Ha cesado hace unos meses, pero no podemos informar del salario del actual consejero delegado, Rafael Sánchez Acera, quien asumió el cargo el pasado septiembre tras renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). El año pasado perdió las elecciones y la alcaldía. 

Mientras, el gasto en dietas para el Consejo fue de 54.478 euros. Si dividimos entre ocho, sin contar a Vizcaíno, cada miembro cobró unos 6.800 euros hace tres años. En total, el gasto de salarios fue de 169.447 euros en comparación al año 2020 cuando la cifra fue de 161.612euros.No hay datos disponibles de 2022 ni 2023. 

La composición actual del Consejo de Administración de CERSA combina representantes del sector público y privado, de entidades financieras y de las sociedades de garantía recíproca. Desde 2012, y para hacer frente a la Gran Recesión, se redujeron los gastos de la entidad con un ajuste a nueve miembros y una minoración en el sistema de remuneración del Consejero Delegado que empezó a ser visible un año después. CERSA es una sociedad mercantil estatal participada en más del 50% por la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE) y está obligada a publicar las retribuciones de sus altos cargos. Así, en 2021 y 2020 no se han transferido indemnizaciones por abandonar el cargo. 

¿Quién es su presidente?

Jordi García Brustenga es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra. Cuenta con un máster ejecutivo en Dirección Pública (EMPA) por ESADE y un máster Oficial en Dirección Estratégica y Comunicación Empresarial por la Universidad de Vic.

Tanto desde el ámbito público (Ayuntamiento de Barcelona, Viladecans y otros), como desde el privado (Rol20-EDS-HP, Prysma-AENOR, consultor por cuenta propia) y científico (Universidad de Barcelona, Fundación CIREM), “ha aprendido de la compleja naturaleza de la actividad industrial y empresarial y las necesarias políticas públicas que se derivan de ella, sobre la que ha publicado varios artículos en revistas de referencia”, según la biografía emitida por el Gobierno.

Además, ha sido director de Operaciones (2018-2022) y de Fomento del Ecosistema Emprendedor (2023-2024) en ENISA, SME (Mincotur) Anteriormente, he tenido contratos laborales en varios ayuntamientos.