viernes, 07 de octubre de 2022

​Barcelona: Un buzón de denuncias contra la corrupción que nació en 2016 y cuya tecnología cedió a la Agencia Valenciana Antifrau

Firma de la prórroga del convenio: Laia Bonet, 98.192 euros brutos anuales de sueldo y Joan Llinares, 61.312 más trienios

@sueldospublicos

Una idea nacida en 2016 y una tecnología compartida que, seis años después, se renueva. El Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) han firmado un convenio que da continuidad al marco estable de comunicación y colaboración iniciado ahora hace 4 años para compartir conocimiento y experiencias en la lucha contra el fraude y la corrupción.


En un comunicado, la Agencia explica que el acuerdo, que ahora se prorroga, ha dado resultados muy positivos que se han plasmado, entre otros, en la puesta en común de conocimiento y experiencias prácticas en materia de prevención y detección de la corrupción, fomento de la integridad y transparencia y protección de las personas alertadoras.


Antifraude
Llinares y Bonet, firmando el convenio este miércoles (AVAF).


La teniente de alcaldía de Agenda 2030, transición digital, deportes, coordinación territorial y metropolitana, Laia Bonet, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, han sido los encargados de firmar el convenio que permitirá consolidar y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de interés común en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción que se inició el 18 de septiembre de 2018. 


Bonet es miembro del equipo de gobierno de Ada Colau, aunque forma parte de la otra ‘pata’ de la coalición. Es del PSC y cobra 98.192 euros brutos anuales. Son 14 pagas de unos 7.000 euros. En cambio, Llinares tiene un sueldo público asignado equivalente al de un director general de la Generalitat Valenciana. Así su retribución es de 61.312 euros, según los datos de GVA Oberta. No obstante, la página web de la Agencia incluye el importe por trienios de 6.777 euros. En total, este año Llinares ingresará 68.089 euros.


El mantenimiento de la colaboración se presenta especialmente oportuno en el momento actual, atendida la finalización del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas alertadores de corrupción y a la necesidad de implementar canales de alerta o denuncia tanto en el sector privado como en el público.


Esto sin olvidar el marcado papel que, como instrumentos de prevención y detección de riesgos de fraude, cobran los canales de denuncia en relación con la gestión de los fondos Next Generation. En este contexto, la aportación de reflexiones y experiencia, por parte de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Buzón Ético y de Buen Gobierno y el de la AVAF, es de innegable interés general.


El Ayuntamiento de Barcelona, en cumplimiento con el compromiso de poner en marcha medidas para mejorar la confianza de las personas en las instituciones y sus representantes, puso en marcha el Buzón Ético de Buen Gobierno (creada con el apoyo desinteresado de la plataforma ciudadana XNEt), un canal seguro de denuncias ciudadanas contra la corrupción u otras prácticas lesivas para el buen gobierno de la ciudad de Barcelona que ha sido replicada por otras instituciones y administraciones públicas (entre otros, la propia Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos y Universidades y oficinas antifraudes).


Bonet ha manifestado que “el Ayuntamiento está plenamente comprometido en la promoción de políticas de buen gobierno y transparencia” y ha subrayado que estas tareas “requieren la colaboración entre todas las administraciones públicas”. Por su parte, Llinares ha declarado que “el Ayuntamiento de Barcelona fue la primera administración que puso en marcha en 2016 un buzón de denuncias y solo un año después se firma el convenio mediante el cual el Ayuntamiento cede la tecnología necesaria para poner en marcha el buzón de denuncias en la Agencia Valenciana Antifraude”.


"Ambas instituciones fueron pioneras a dotarse de un sistema de alerta contra la corrupción y se avanzaron de este modo a la aprobación de la Directiva Europea de Protección de las personas alertadoras, donde se recoge la obligación de contar con buzones de denuncia tanto internos como externos en nuestras instituciones y administraciones" ha añadido Llinares.


Noticias relacionadas

Las oficinas antifraude de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares reclaman su papel de protectores de los denunciantes por corrupción ante la ausencia de un ente a nivel nacional


¿Para qué sirve una agencia antifraude? Para recuperar 23 millones de dinero público y proteger a 27 personas denunciantes


Los 32 empleados de la Agencia Valenciana Antifraude no podrán aceptar regalos de más de 50 euros

Quiénes somos Publicidad Colabora con nosotros Contacto Aviso legal
® Sueldos Públicos - Transparencia y Libertad en la Red - El primer digital que informa de los salarios de los políticos en España