El viernes nos hicimos eco de las propuestas de transparencia de Ciudadanos, según su programa electoral para Andalucía. Este lunes ponemos el foco en otro partido y otras prioridades.

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, afirmó el pasado viernes que con su partido "nadie se va a enriquecer con la política", tras criticar que "el milagro económico andaluz de la legislatura" de Juanma Moreno es "el sueldo" del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, "como el milagro del pan y los peces", en relación con una información de ElDiario.es en la que se indicaba que cobraba 60.000 euros anuales más de lo que declaraba. En 2019 publicamos el sueldo de Bravo.

Teresa Rodríguez.

"Juan Bravo es otro suavón que resulta que está cobrando el doble de lo que declara en el Portal de Transparencia y está utilizando las instituciones y las leyes andaluzas para enriquecerse. También en esto, el PP hace ahora exactamente lo mismo que hizo el PSOE durante años: usar la Autonomía andaluza para sus chanchullos", según unas declaraciones recogidas por Europa Press.

En noviembre de 2018, en vísperas de la campaña electoral de los pasados comicios autonómicos, detallamos los sueldos públicos que cobraban los candidatos. Entonces Rodríguez seguía bajo el reglamento de Podemos, con una limitación de sus ingresos a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. No obstante, ella anunció que seguiría cobrando la misma cantidad que percibía como profesora de educación secundaria, algo más de 1.700 euros brutos al mes.

El así llamado “gobierno del cambio” que abanderó la “regeneración democrática contra el enchufismo, la opacidad, la corrupción y los privilegios de los gobiernos del PSOE” no ha cumplido con sus compromisos. De hecho, lo que hemos visto ha sido cómo los antiguos enchufados del PSOE ahora son enchufados del PP, de Cs y de Vox, mientras se sobrecarga y maltrata al personal al servicio de las administraciones públicas, especialmente a quienes se encuentran en abuso de temporalidad. Personal esencial, mayoría mujeres, que ha estado al pie del cañón durante la pandemia y a quienes se les siguen precarizando en sus condiciones de trabajo. Las derechas, como antes el PSOE, siguen confundiendo partido, gobierno y Administración al tiempo que niegan la participación ciudadana y profesional en la gestión de los servicios públicos.

Este es uno de los párrafos del bloque sobre “unas instituciones limpias, sin privilegios y al servicio de la gente” que puedes leer en el programa electoral. Son decenas las propuestas sobre cómo mejorar la calidad democrática en Andalucía, la rendición de cuentas, la transparencia de las instituciones, reducir el nepotismo, la corrupción o fiscalizar el dinero público. Este digital ha puesto el foco en el enriquecimiento de los cargos electos en política y cómo establecer un ‘salario medio’ a las personas que estén en paro y consigan un escaño. Recogemos algunas de las medidas:

• Impulsar la aplicación total de la Ley de Transparencia y de la Ley de Participación Ciudadana, la mejor forma de asegurar transparencia es abriendo espacios de participación ciudadana en la Administración.

• Ley de cuentas claras y abiertas. Garantizar el conocimiento de las cuentas públicas y la tesorería andaluza mediante la publicación de todas y cada una de las cuentas bancarias que gestiona la Junta de Andalucía.

• Mejorar la transparencia en todas las fases de la contratación pública, establecer cláusulas sociales claras que apuesten por la calidad del empleo y de los servicios externalizados y por la economía social andaluza tanto en la contratación de servicios como en la compra de bienes.
  
  
• Publicar en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía la agenda institucional de las personas que ostenten cargos públicos.
  

• Mejorar el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía y crear portales de transparencia propios para los entes instrumentales y las empresas públicas como el SAS o la RTVA.

• Crear una Ley Andaluza de Lobbies. Con ello, se regularán las «organizaciones de intereses» en Andalucía y sus relaciones con los altos cargos o capacidad de influencia en la elaboración de normas autonómicas. 
  
  
• Realizar una auditoría de la remuneración de todos los altos cargos y puestos de libre designación de la Junta de Andalucía y de los entes instrumentales.

• Dotar a la Cámara de Cuentas de más personal de fiscalización para reforzar su tarea de auditoría, atribuyéndole más poder de inspección y nuevos cauces de relación con el Parlamento de Andalucía, al que se podrá dirigir directamente solicitando cambios en la administración. 

• Establecer mediante una Ley de Buen Gobierno de Andalucía las limitaciones salariales, temporales y la revocabilidad en la política. La política no es una profesión, es una dedicación temporal de un ciudadano o ciudadana a su comunidad. Como criterio general, la política no puede ser un método de enriquecimiento. 
  
  
• Regularemos los límites en las retribuciones de cualquier representante público electo o designado por un cargo electo (asesores o cargos de confianza, por ejemplo) de forma que no superen el salario medio de Andalucía en caso de venir de una situación de desempleo y sean retribuciones iguales a las anteriores en caso de venir de un trabajo remunerado que se deja de ejercer temporalmente mediante el reconocimiento de un lucro cesante, ya que tampoco pretendemos que la política empobrezca a nadie. 
  
  
• Limitación de dos mandatos en el ejercicio de tareas de representación, gobierno y cargo designado no acumulables. Asimismo, estableceremos mecanismos de revocación de cualquiera de estos cargos por petición popular o profesional con un porcentaje de los apoyos proporcional en cada caso.

• Dotar correctamente una oficina independiente de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la administración andaluza, blindar por ley al funcionariado que recurra a ella para denunciar casos de corrupción garantizándole que no sufrirá represalias de ningún tipo incluso si el expediente no acaba en sanción. La oficina rendirá cuentas ante el Parlamento regularmente.

• Establecer con un régimen de incompatibilidades que incluya la obligatoriedad de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad profesional de familiares, o empresas participadas, o administradas por familiares de hasta segundo grado. Así como un régimen particular, de hasta tres años, tras abandonar el cargo, para ejercer actividades profesionales y mercantiles que guarden relación directa con el cargo desempeñado, o el asesoramiento a empresas concesionarias o receptoras de ayudas del sector público.

• Asegurar la corresponsabilidad de los partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción. Se impulsará la figura de la corresponsabilidad jurídica, es decir, la concurrencia a la sanción impuesta al condenado y al partido, garantizando el partido el aval y cobro de los importes económicos de las sanciones impuestas.

• Modificar las figuras del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas para lograr mayor capacidad de vigilancia, control y persecución de acciones de las instituciones y mayor independencia, acentuando su carácter técnico.

• Llevar a cabo la modificación de los mecanismos de nombramiento de órganos de extracción parlamentaria. Es necesario asegurar que la elección de los miembros de los órganos que dependen del Parlamento de Andalucía se realice teniendo en cuenta los méritos y la capacidad de las personas propuestas, y no por la afinidad a los distintos partidos políticos.

• Poner fin al enchufismo en la administración pública: profesionalizar la administración, promover la autogestión y socializar el poder. Todos los altos cargos por debajo de la viceconsejería serán personal de los servicios públicos elegidos periódicamente por consejos de participación en los que profesionales, usuarios y usuarias y sociedad civil elijan a sus órganos de gobierno.

• Eliminar los privilegios de las diputadas y los diputados del Parlamento de Andalucía. Para ello, se debe hacer más transparente el sistema de justificación de dietas e indemnizaciones de todo el personal funcionario y cargos públicos, facilitando el acceso a todas las facturas, así como corregir el régimen anómalo de las cesantías, equiparándolos a los supuestos y las cuantías del desempleo. 
  
• El establecimiento de una aplicación para que desde cualquier teléfono móvil puedan escanearse o fotografiarse las facturas y los gastos, y estos sean automática e inmediatamente publicados y registrados en los correspondientes portales de transparencia y cuentas claras y abiertas, de modo que se produzca en tiempo real la justificación. De esta manera, la ciudadanía podrá acceder a las facturas con las que sus representantes justifican el cobro de dinero público.
  
  
• Los senadores y senadoras de designación autonómica deben rendir cuentas periódicamente ante el Parlamento de su trabajo en la Cámara Alta. 

Ayudas al alquiler de altos cargos

“El primer día de gobierno suprimiremos las ayudas al alquiler de todos los altos cargos de la Junta de Andalucía”, dice el programa de Adelante Andalucía. En este sentido, solo entre marzo y junio del año pasado, los contribuyentes andaluces pagaron 300.000 euros por el alquiler de pisos para 82 altos cargos, según una información de Público. La ayuda máxima era de 1.458 euros y fue una medida que puso en marcha el Ejecutivo de Chaves en 2000 para compensar los gastos de aquellos cargos que tienen que trasladarse a Sevilla a trabajar procedentes de otras provincias. El actual presidente de la Junta, Moreno Bonilla, las tildó de “prescindibles” en septiembre de 2016, cuando era senador.

El decreto que regula este asunto señala que “los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos de alquiler de una vivienda o de alojamiento, en su caso, siempre que tuvieran su domicilio habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares mediante una cantidad mensual máxima equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluida la productividad. En dicha cuantía máxima se consideran incluidas las retenciones u obligaciones fiscales que por estos conceptos pudieran corresponderles”.

Una década después de poner en marcha esta medida, José Antonio Griñán, sucesor de Chaves en la Junta amplió la lista de beneficiarios incluyendo al Fiscal Superior de Andalucía y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como beneficiarios.