El Tribunal de Cuentas ha comunicado al Congreso que los dos últimos expresidentes de la institución, Ubaldo Nieto y Manuel Núñez, han solicitado percibir la pensión indemnizatoria por su cese, que ronda los 180.000 euros cada uno. La decisión compete ahora a la Mesa de la Cámara baja.

Ambos alegan que, conforme a la legislación, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80 por ciento de su retribución durante un máximo de 24 mensualidades. Dado que los últimos presupuestos fijan el sueldo anual del presidente del Tribunal de Cuentas en 112.578,34 euros, esa pensión superaría los 180.000 euros al final de los dos años. Concretamente son 180.125,34 euros.

En sendos escritos el Tribunal de Cuentas recuerda que los dos expresidentes han dejado de ser consejeros de la institución en la renovación llevada a cabo el pasado mes de julio, que en realidad debía haberse acometido en noviembre de 2010.

Ubaldo Nieto fue presidente del Tribunal de Cuentas durante diez años, entre 1997 y 2007, año en que fue relevado por Manuel Núñez, a su vez sustituido en julio por Ramón Álvarez de Miranda, actual presidente de la institución a instancias del PP, como los anteriores.

Incompatibilidades

A raíz del último decreto ley del Gobierno que hace incompatible este tipo de indemnizaciones con otros sueldos públicos, tanto Núñez como Nieto han comunicado a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, que mientras cobren del Tribunal de Cuentas dejarán en suspenso su pensión de jubilación que les reserva la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas precisa que no ha declarado el derecho de los expresidentes a cobrar la remuneración de transición y recuerda que debe ser la Mesa del Congreso quien reconozca o no la pensión indemnizatoria reclamada por Nieto y Núñez.

Eso sí, la institución fiscalizadora precisa que si el Congreso da vía libre a la pensión, el dinero de la pensión saldrá del presupuesto de gastos del Tribunal de Cuentas, como establece la ley.

También el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, tiene solicitada una pensión indemnizatoria de 208.000 euros que está pendiente de decisión en el CGPJ. Algunos políticos, como los socialistas Soraya Rodríguez y Tomás Gómez, le han pedido que renuncien a ella dada la crisis económico y el hecho de que no llegó a cumplir su mandato pues salió de la institución tras ser denunciado por otro vocal por supuestas irregularidasdes en gastos de viaje.