Organizaciones de consumidores: ¿De dónde obtienen sus ingresos, cuántos asociados tienen y quién publica los sueldos de sus directivos?
Dos entidades lideran el ranking para devolver subvenciones por irregularidades
Tocaba destripar este asunto, aunque no todos colaboran y hay que recurrir a respuestas de Transparencia. La asociación FACUA-Consumidores en Acción destaca actualmente como la entidad del sector con el nivel más elevado de recursos propios generados a través de las aportaciones de sus afiliados. Según los datos publicados por las asociaciones consideradas más representativas y las cifras de socios de pleno derecho remitidas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la organización logra una independencia financiera singular. Durante el último ejercicio, los ingresos derivados de las cuotas ordinarias de sus miembros alcanzaron los 2,34 millones de euros, una cifra que quintuplica la subvención otorgada por el Ministerio de Consumo, situada en 435.497 euros, y que duplica el total de la financiación pública recibida por todo su entramado territorial.
En la comparativa de ingresos por cuotas, FACUA lidera el ranking seguida por la OCU, que registró 1,45 millones de euros en el último año. Más alejadas se sitúan Adicae, con 581.463 euros según sus cuentas de hace dos años, y Asufin, con 331.335 euros. Un aspecto relevante en este análisis es la estructura financiera de la OCU, donde la mayor parte de las aportaciones de sus usuarios no revierten directamente en la organización, sino en una sociedad anónima instrumental de capital mayoritariamente belga, OCU Ediciones SA. Esta sociedad gestiona además ingresos secretos provenientes de comisiones pagadas por diversas empresas a cambio de la captación de clientes, una práctica que contrasta con la política de transparencia de FACUA, CECU y Asufin, las únicas que manifiestan rechazar fondos de corporaciones privadas.
En 2025, los salarios de la directora jurídica, Olga Ruiz y la directora de Administración, María Ángeles Ayerbe, fueron de 42.839 euros brutos. El del director de Comunicación, Rubén Sánchez, fue de 41.755 euros. En 2024, tal y como informó Sánchez en su cuenta de X, sus ingresos fueron de 41.935 euros.
Un año más, publico mi salario en @FACUA. En 2024 han sido 41.935 € brutos. Íntegramente pagado por nuestros socios. Sí, claro que recibimos subvenciones públicas, pero no se destinan a mi sueldo. Lo que no aceptamos son pagos de empresas privadas.
En cambio, en el Portal de Transparencia de ADICAE se detalla que "en lo relativo a las retribuciones de altos cargos, la participación en todos los órganos de representación y gobierno de ADICAE, sea al nivel que sea, se presume gratuita y no devengarán retribución alguna, salvo acuerdo expreso en contrario. En aplicación de esta previsión ningún alto cargo de ADICAE recibe retribución por el ejercicio de sus funciones y participación en ADICAE".
¿Qué dice OCU?
La principal fuente de financiación de OCU son las cuotas de sus socios suscriptores, que pagan por la información y los servicios a los que como socios tienen derecho. Dentro de la cuota que se paga por la suscripción a las revistas se incluye la cuota como socio. Además, OCU ofrece a sus socios servicios o ventajas especificas que se financian a través de cuotas o pagos extraordinarios. Junto a ello, un pequeño porcentaje de los ingresos de OCU viene de la colaboración con otras asociaciones de consumidores internacionales y servicios legales, así como por las subvenciones, nacionales o europeas, por realizar campañas formativas, informativas y de concienciación entre los consumidores españoles.
En el año 2024, las actividades de OCU y de OCU EDICIONES se financiaron en un 87% mediante los ingresos derivados de la actividad editorial y cuotas de pertenencia a la asociación de sus socios/suscriptores (casi 180.000 a 31 de diciembre de 2024). El resto proviene de ingresos por la colaboración con otras asociaciones de consumidores internacionales, así como del desarrollo de otras actividades de defensa y mejora de la posición de los consumidores y finalmente de subvenciones por la realización de campañas de concienciación y formación entre los consumidores españoles.
Los órganos de gobierno de OCU son la Asamblea y el Comité de Dirección, y de su instrumental OCU Ediciones S.A, es el Consejo de Administración. Ningún miembro de esos órganos cobra sueldo alguno, ni dieta de asistencia a sus reuniones, por parte de OCU u OCU Ediciones. Su participación es voluntaria, al ser OCU y su instrumental, entidades sin fin de lucro. Todos los ingresos de OCU o de la instrumental OCU Ediciones S.A, se dedican íntegramente a prestar servicios a sus socios y a la defensa general de los consumidores.
Por otro lado, como establece el artículo 4 de los Estatutos de OCU, los miembros de dichos órganos de gobierno no pueden simultanear su pertenencia a la Asamblea, al Comité de Dirección o al Consejo de Administración, con cargo político alguno en ninguna entidad o institución. En 2025 presupuestaron 1,57 millones de euros en gastos de personal. En 2024 tenían 28 personas en nómina, 15 de ellas eran tituladas superiores y siete eran auxiliares administrativos, según el último informe de auditoría publicado en su web y consultado por Sueldos Públicos.
Diferencias
La capacidad operativa de las asociaciones también presenta diferencias notables en cuanto al volumen de sus plantillas profesionales. FACUA encabeza la lista con un total de 112 trabajadores contratados al cierre del pasado año, distribuidos entre su estructura nacional y las asociaciones territoriales. Le siguen a gran distancia Asufin, con 29 empleados, y la OCU, con 28 profesionales en nómina. En el extremo opuesto se encuentran organizaciones con una infraestructura mínima o inexistente, como FUCI, que no declara ningún trabajador contratado en sus últimas cuentas públicas, o la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que únicamente contó con un profesional para la atención directa a los consumidores durante el ejercicio 2024.
En lo que respecta a la base social, existe una distinción importante entre el volumen total de simpatizantes y los socios de pleno derecho que abonan cuotas periódicas. Mientras que FACUA posee la mayor base afiliativa del país con 242.000 consumidores, la OCU lidera en número de asociados que pagan cuota, sumando 162.775 frente a los 38.268 de la primera. Por su parte, Adicae ha experimentado un retroceso drástico al perder el 54% de sus socios de pleno derecho en apenas dos años, pasando de más de 35.000 miembros a los 16.359 declarados recientemente al Ministerio. Resulta llamativa la situación de FUCI, que declara 50.106 socios a pesar de mantener una inactividad pública total en su web y redes sociales desde hace años.
Según un comunicado de FACUA, la normativa vigente desde 2024 establece un requisito mínimo de 3.000 socios de pleno derecho al corriente de pago para que una asociación pueda figurar en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) y acceder a subvenciones públicas. Bajo este umbral se sitúan entidades como la citada AUC, con 3.135 socios, y UNAE, con 3.258. Sin embargo, se denuncia que el Gobierno no ha procedido a auditar la veracidad de estos censos declarados por las entidades. Durante la actual legislatura, el Ministerio de Consumo no ha solicitado los listados detallados para verificar que estas organizaciones cumplen realmente con el quórum necesario para participar en órganos consultivos y recibir fondos para su estructura.
El análisis de la dependencia de los fondos públicos revela casos extremos de desequilibrio financiero. La organización AUC, la que menos socios declara, recibió en 2025 subvenciones estatales por valor de 293.754 euros, una cantidad que es 30 veces superior a lo que ingresa por las cuotas de sus afiliados. Con apenas 3.135 socios declarados, los ingresos por cuotas apenas superarían los 9.000 euros anuales, asumiendo que todos pagasen la tarifa de tres euros que figura en su web. Su propio presidente ha reconocido públicamente que existen asociados que aportan apenas un euro al año, lo que acentúa la brecha entre el apoyo social real y la financiación administrativa recibida.
La evolución de la asociación UNAE también muestra una tendencia descendente preocupante en su representatividad. En el transcurso de solo dos años, esta entidad habría perdido el 72% de su masa social, lo que supone casi 12.000 bajas de asociados. Mientras que en 2023 declaró contar con 16.403 miembros para integrarse en el Consejo de Consumidores y Usuarios y asegurar así su financiación estructural, al cierre de 2025 la cifra comunicada al Ministerio se ha reducido hasta los 3.258 socios de pleno derecho. A pesar de este desplome en la afiliación, la entidad percibió 214.304 euros del Ministerio en el último ejercicio, sin que conste en su portal oficial la cuantía exacta aportada por sus miembros.
Finalmente, el informe pone el foco en las organizaciones con mayor dependencia de las subvenciones del Estado para garantizar su supervivencia, señalando a AUC, UNAE y CECU como las de mayor exposición al erario público. Esta situación plantea un debate sobre la legitimidad y la representatividad de ciertas entidades en los foros de decisión, especialmente cuando sus cifras de apoyo social no han sido contrastadas de manera independiente por la Administración. La falta de inspecciones sobre los listados de socios permite que asociaciones con una base económica y humana mínima sigan gestionando recursos públicos destinados teóricamente a la defensa masiva de los derechos de los consumidores y usuarios en España.
Los socios de pleno derecho son los declarados por las asociaciones el Ministerio de Consumo al cierre de 2025. El resto de datos son los que figuran en sus páginas web y corresponden a 2024, salvo en el caso de FUCI, relativos a 2023 en los ingresos y gastos y a una fecha no aclarada en el numero total de socios, Adicae, cifra total de socios de 2023 y resto de datos de 2022, y FACUA, actualizados al cierre de 2025 a excepción de los gastos de personal, que son los de 2024. Los socios de pleno derecho son los que están al corriente del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias exigidas en los estatutos o en los acuerdos adoptados por los órganos estatutarios competentes, según establece el Real Decreto 448/2023, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. (1) Las subvenciones recibidas por Asufin del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fueron 583.944 euros de la Dirección General de Consumo y 90.717 euros de la Dirección General de Agenda 2030. (2) Los gastos de personal de FACUA incluyen los de la organización nacional (875.384) y los de sus asociaciones territoriales (1.764.430). 33 de sus 112 trabajadores están contratados por la organización nacional y el resto por sus asociaciones territoriales. Las otras organizaciones que tienen estructura de federación no indican en sus webs los gastos de personal ni el número de trabajadores de sus asociaciones miembros.
Adicae y OCU y las devoluciones de subvenciones
El Ministerio de Consumo ha reclamado el reembolso de importantes cuantías económicas a varias de las asociaciones de consumidores más representativas del país tras detectar anomalías en la gestión de fondos públicos. Adicae encabeza esta lista con una deuda total de 99.436 euros, de los cuales 88.581 corresponden a fondos no justificados y 10.855 a intereses de demora generados por deficiencias en 12 proyectos distintos entre 2017 y 2020. Entre las causas de estas sanciones destacan la imputación de nóminas, alojamientos y manutenciones por importes superiores a los permitidos, así como el pago como ponentes a personal que ya percibía un salario dentro de la propia organización.
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tenido que devolver 24.124 euros tras auditarse dos de sus campañas de 2017. Especial relevancia tiene el expediente relativo a una guía sobre ventas a domicilio, donde la entidad se vio obligada a reintegrar 11.151 euros, lo que supone el 71% de la subvención total concedida para dicho proyecto. En el caso de su campaña sobre reciclaje, el reembolso afectó a casi la mitad del presupuesto adjudicado. Los motivos principales de estos expedientes en la OCU fueron la declaración de salarios que duplicaban los límites legales establecidos en la normativa vigente para la ejecución de estas ayudas.
El listado de reintegros incluye también a la ya desaparecida Asociación General de Consumidores (Asgeco), que antes de cesar su actividad en 2021 acumuló devoluciones por un valor de 40.446 euros vinculadas a diez proyectos de los ejercicios 2017 y 2018. En menor medida, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han tenido que retornar 13.883 y 10.141 euros respectivamente por deficiencias similares en la justificación de sus ayudas. Estos datos, obtenidos tras una petición de transparencia de FACUA, corresponden a expedientes resueltos sobre subvenciones otorgadas hasta el año 2021, quedando aún pendientes de resolución los ejercicios más recientes.
Ante esta situación, se ha intensificado la reclamación al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que endurezca los mecanismos de control sobre estas entidades. La exigencia se centra en que la administración no se limite a revisar las facturas y gastos, sino que audite de forma rigurosa el número real de socios de pleno derecho que declara cada asociación, ya que este dato es el que determina el derecho a acceder a la financiación pública. Aunque el Gobierno inició recientemente una auditoría sobre el volumen de consultas y reclamaciones atendidas, todavía no se han emprendido acciones para contrastar los censos de afiliados que las organizaciones presentan en sus convocatorias anuales.
