La Generalitat de Cataluña y los sindicatos CCOO y UGT han sellado un acuerdo calificado de histórico para transformar las condiciones laborales de más de 129.000 profesionales del sistema educativo. El pacto, que movilizará una inversión de 1.998 millones de euros en los próximos cuatro años, pone fin a años de reivindicaciones y sitúa la mejora retributiva como el eje central de la nueva política educativa catalana. Esta cifra representa el 23,9% del presupuesto total del Departamento de Educación y Formación Profesional, evidenciando el esfuerzo financiero que supone para las arcas públicas.

Más allá de las mejoras económicas, el comunicado publicado por el Govern de Salvador Illa este martes tras la reunión semanal del Ejecutivo establece compromisos calendarizados y evaluables que incluyen la reducción progresiva de ratios en todos los niveles, el refuerzo de la escuela inclusiva y un plan de choque contra la burocracia en los centros. Para garantizar que estos puntos se cumplan según los plazos establecidos, se creará una Comisión Paritaria de Despliegue y Seguimiento integrada por los sindicatos firmantes y la Administración. Con este paquete de medidas, la Generalitat busca no solo retribuir mejor a sus trabajadores, sino también recuperar el prestigio social de la figura del profesorado mediante una futura iniciativa legislativa que los reconocerá como autoridad pública.

La consellera Esther Niubó.

El incremento salarial se articulará mediante una subida del 30% del complemento específico del sueldo docente en un periodo de cuatro años, lo que se traduce en aproximadamente 3.000 euros anuales adicionales. Con este ajuste, los docentes catalanes pasarán de estar en los puestos más bajos de la tabla salarial nacional a ser los terceros mejor pagados de España, solo por detrás de Euskadi y Cantabria. En términos concretos, el incremento anual será de 2.960 euros para el cuerpo de Primaria y de 3.027 euros para Secundaria, beneficiando tanto a los profesionales de la red pública como de la concertada. El conseller responsable de gestionar la peste porcina en Cataluña cobrará 17.800 euros brutos en diciembre con la paga extra

El personal de atención educativa (PAE), que incluye a técnicos de educación infantil, integradores sociales y educadores de educación especial, también verá mejoradas sus retribuciones con complementos mensuales de entre 290 y 473 euros según su categoría. Además, el acuerdo introduce una compensación económica de 50 euros por noche para aquellos profesores que acompañen al alumnado en salidas y colonias que impliquen pernoctación fuera del centro escolar. Esta medida busca reconocer el tiempo de especial dedicación y responsabilidad que suponen estas actividades pedagógicas fuera del horario lectivo habitual.

En el ámbito de la gestión de centros, el Departamento aplicará una reducción de ratios que comenzará en el curso 2026-2027, con el objetivo de que el 100% de los centros públicos tengan un máximo de 20 alumnos para el curso 2027-2028. En la ESO, se tenderá a reducir progresivamente el número de alumnos por aula hasta los 25 en primero de Secundaria, priorizando los centros de máxima complejidad. Estas medidas irán acompañadas de una simplificación administrativa para que los equipos directivos y docentes puedan centrarse en las tareas pedagógicas, evitando duplicidades de datos y eliminando trámites que no aporten valor educativo.

Finalmente, el acuerdo refuerza la educación inclusiva con la consolidación estructural de 300 figuras socioeducativas y la incorporación de 85 maestros de Audición y Lenguaje. Se destinarán 87,6 millones de euros para generalizar progresivamente la dotación de técnicos de integración social en primaria y educadores sociales en secundaria a partir de 2027. Este enfoque integral pretende dotar a los centros de los recursos humanos necesarios para atender la diversidad del alumnado, garantizando que la mejora de las condiciones laborales de los docentes repercuta directamente en la calidad de la atención recibida en el aula.

Informe de noviembre de 2025

Los docentes de secundaria en Cataluña perciben un salario bruto medio de 2.713 euros mensuales, una cifra que se sitúa un 13,5 % por debajo de la media nacional pese al elevado coste de vida en la comunidad. Esta retribución contrasta significativamente con los 3.234 euros brutos que cobran los profesionales en el País Vasco, lo que supone una diferencia de más de 520 euros mensuales. Según el informe del sindicato Professors de Secundària (Aspepcsps) publicado en noviembre de 2025 este desfase salarial ha contribuido a que el colectivo acumule una pérdida del 21,64 % de su poder adquisitivo en los últimos 15 años.

Para revertir esta tendencia, las organizaciones sindicales exigían hace cuatro meses un incremento salarial mínimo del 25 %, con el objetivo de recuperar el valor adquisitivo perdido desde 2010. El estudio destaca que la actual escala retributiva coloca a los docentes catalanes en las últimas posiciones del ranking estatal, una situación que consideran insostenible para garantizar la calidad del sistema educativo. 

La consellera Esther Niubó 

El Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña ha actualizado el listado de retribuciones de su cúpula directiva para el ejercicio vigente, situando a la consellera Esther Niubó Cidoncha con un salario anual de 130.049 euros, según las tablas retributivas actualizadas del Portal de Transparencia autonómico. Tras su nombramiento en agosto de 2024, Niubó encabeza un organigrama donde los secretarios generales y sectoriales perciben una remuneración unificada de 103.646 euros anuales. Entre estos cargos de segundo nivel se encuentran Ignasi Giménez (Mejora Educativa), Francesc Roca (Formación Profesional) y Maria Teresa Sambola, quien ejerce como secretaria general del departamento.

En el escalafón de las direcciones generales, la administración catalana mantiene una retribución estándar de 99.346 euros anuales para los responsables de las distintas áreas operativas. Este sueldo es percibido por figuras clave como Montserrat Durán (Centros Públicos), Josep Maria García Balda (Profesorado), Susana Tarapiella (Educación Inclusiva) o Ricard Coma (Formación Profesional). Asimismo, la presidencia del Consejo de Educación de Cataluña, ocupada por Joan Manuel del Pozo, cuenta con esta misma asignación presupuestaria dentro del capítulo de altos cargos de la conselleria.

Personal eventual y asesores

Dentro del bloque de personal eventual, Nelia Martínez Gallardo ostenta la remuneración más alta en el gabinete de la consellera con 92.114 euros. Le siguen en importancia salarial los puestos de asesoría estratégica y comunicación, como los ocupados por Regina Navarro y Miguel Rosselló, ambos con un sueldo de 80.659 euros anuales. El resto del equipo de apoyo y relaciones institucionales se sitúa en una franja de ingresos que refleja la jerarquía técnica de los puestos de confianza en la administración autonómica.

• Mireia Bel (Relaciones Institucionales): 76.211 euros.
• Marc Fuster (Asesor en Seguimiento): 76.211 euros
• Galo Quintanilla (Asesor Plan Departamental): 76.211 euros
• Laura Vidal (Relaciones Externas y Protocolo): 76.211 euros
• Mª Mercedes López (Oficina Secretaría): 66.236 euros.

El personal eventual que acompaña a la consellera Niubó suma un gasto en nóminas que supera los 620.000 euros anuales para estos ocho puestos específicos. La mayoría de estos cargos están asimilados a personal funcionario para el cómputo de sus retribuciones, desempeñando funciones que van desde el asesoramiento especial en la aplicación de planes departamentales hasta la gestión de la comunicación pública. Estos sueldos se mantienen estables desde su nombramiento masivo entre agosto y septiembre de 2024, tras la configuración del nuevo Ejecutivo.

La transparencia en estos datos permite observar que un asesor de comunicación de la Generalitat percibe un 25% más que un director de colegio de la red pública con el máximo de complementos permitidos. Esta disparidad es uno de los puntos que suelen generar debate en la mesa sectorial de educación, especialmente en el marco del reciente acuerdo histórico para la mejora de las condiciones laborales de los docentes.