La Mesa del Congreso ha formalizado este miércoles la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado, un paso que sitúa a la alcaldesa de Llaurí, Ana María González Herdaro, como su sustituta directa en la Cámara Baja. Con la salida definitiva del exministro del Grupo Mixto, el PSOE recupera un escaño vital para la estabilidad parlamentaria en una legislatura marcada por la fragmentación de votos. La situación de Ábalos: 25 años cobrando sueldos públicos en política, pensión para sus hijos de 1.500 euros mensuales y tres hipotecas.

González Herdaro, licenciada en Derecho y militante socialista desde 1995, es una figura consolidada en la política local valenciana. Actualmente, lidera el Ayuntamiento de Llaurí, un municipio de 1.200 habitantes, y ocupa diversos cargos orgánicos dentro del PSPV-PSOE. Sin embargo, su trayectoria saltó al foco mediático en 2021 tras una condena por dar positivo en un control de alcoholemia, incidente que se saldó con una multa de 960 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses. Aunque el partido archivó el expediente informativo abierto en su día, la polémica resurge ahora con su inminente llegada al Congreso, prevista para el pleno del 10 de febrero.

Ana María González Herdaro (PSPV-PSOE).

El paso de la política local y provincial a la nacional supondrá un cambio significativo en las retribuciones de González Herdaro. Hasta ahora, su principal fuente de ingresos provenía de su labor como asesora del grupo socialista en la Diputación de Valencia, cargo que ostenta desde agosto de 2023. Según la página web del Ayuntamiento de Llaurí, solo dos concejales tienen dedicación parcial y perciben 19.600 euros brutos anuales cada uno. Herdaro, al igual que el resto de ediles, solo percibe dietas de asistencia, 100 euros por pleno. Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia es el 'popular' Vicent Mompó, que cobró 94.105 euros en 2024. La oposición en la entidad provincial la lidera el alcalde de Mislata (47.000 habitantes) Carlos Fernández Bielsa, que percibió 78.297 euros en 2024. En 2025, los ingresos brutos anuales de Herdaro como asesora ascendieron a 46.304 euros, una cifra ligeramente superior a los 46.076 euros de 2024 y los 44.439 euros de 2023. 

Al asumir el acta de diputada, sus percepciones mensuales se actualizarán de acuerdo con las nuevas tablas salariales de 2026, que aplican a los parlamentarios la subida acordada para los funcionarios públicos:

• Asignación constitucional (Sueldo base): 3.367 euros mensuales. 14 pagas.
• Indemnización por gastos (Circunscripción Valencia): 2.163 euros mensuales (libres de impuestos). 14 pagas.
• Además, si no se queda como 'diputada rasa' y asume la portavocía de una comisión, cosa bastante habitual, sumará unos 1.220 euros mensuales. 14 pagas.

La situación de Ábalos

La trayectoria política de Ábalos ha llegado a un punto de no retorno. El exministro de Transportes, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por su presunta implicación en el 'caso Koldo', ha anunciado a través de sus redes sociales su intención de jubilarse tras formalizar la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados. Las ‘víctimas’ de Koldo: Un secretario general dice adiós a un sueldo público de, al menos, 113.000 euros brutos anuales.

Esta decisión, según explica el propio Ábalos en un mensaje publicado en la red social 'X', nace de una situación de asfixia financiera. El exdiputado asegura haberse visto "desprovisto" de sus derechos y deberes y "privado de todo ingreso y protección social", lo que le ha empujado a optar por el retiro para poder "mantener los compromisos con la familia y afrontar la defensa" de cara al juicio previsto para el próximo mes de abril.

La renuncia de Ábalos abre ahora un complejo debate jurídico en las Cortes Generales. Los letrados del Congreso estudian si el exministro tiene derecho a percibir la indemnización por cese que se otorga a los parlamentarios para facilitar su reinserción laboral. Dado que Ábalos ha encadenado siete legislaturas, le correspondería el máximo de 18 mensualidades de la asignación constitucional (se cobran con al menos cuatro legislaturas) una cifra que rondaría los 60.600 euros, con los datos de 2026, o algo más de 57.000 si nos atenemos al régimen económico de 2025, el que está publicado actualmente en la página web del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, su situación procesal genera dudas sobre el abono de estas cantidades. El Reglamento del Congreso contempla esta compensación como una ayuda para quienes dejan la vida pública, pero el hecho de que Ábalos se encuentre en prisión preventiva y bajo investigación del Tribunal Supremo añade una capa de incertidumbre legal que la Mesa del Congreso deberá resolver en las próximas semanas.