En octubre de este año está previsto que se celebren nuevas elecciones en Dinamarca, salvo que el actual escenario internacional con invasión y guerra, compra o acuerdo mutuo por Groenlandia, con Estados Unidos lo impida. El Parlamento de Dinamarca ratificó en mayo de 2025 un acuerdo histórico que transforma profundamente el sistema de retribuciones de su clase política, eliminando las polémicas "pensiones doradas" que permitían a los diputados cobrar una prestación de por vida tras solo un año de servicio. Esta medida, respaldada por una amplia mayoría de ocho grupos parlamentarios, buscaba equiparar las condiciones de jubilación de los representantes públicos con las del resto de la ciudadanía, estableciendo que los futuros parlamentarios aporten un 18,07% de su sueldo a un fondo de pensiones estatal. 

Sin embargo, para compensar la pérdida de este privilegio vitalicio, los diputados aprobaron un incremento general de sus remuneraciones que eleva sustancialmente el coste de la nómina política anual para las arcas del Estado danés. Cabe recordar que en este país nórdico no existe el salario mínimo interprofesional (SMI) como en España, que está situado en 14 pagas anuales de 1.184 euros brutos. Sin embargo, las estadísticas de los sindicatos, según recoge Infobae, deja una cifra que ronda los 2.000 y 2.500 euros de salario que se puede considerar como mínimo. Con todo, el nivel de vida de los daneses es más elevado que el nuestro, la carestía de la vida es evidente, con precios, impuestos y salarios más altos. Así. el sueldo medio de los trabajadores daneses oscila entre los 3.500 y 4.000 euros brutos al mes para semanas laborales de 37 horas. En España, el salario medio se situó el 33.700 euros brutos frente a la media de 39.800 de la Unión Europea en 2024 según Eurostat. El dato de Dinamarca es de 71.575 euros. Eso sí, el salario más frecuente en España está lejos de esas cifras: la mayoría de empleados percibe unos 16.000 o 17.000 euros anuales. 

Frederiksen, en una fotografía publicada en su página oficial de Facebook. 

Foto: ©Mette Frederiksen/ Oficial.

El Gobierno liderado por la socialdemócrata Mette Frederiksen impulsó este cambio legislativo en un momento de gran sensibilidad social, buscando redimirse ante un electorado que asume el retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años para los nacidos a partir de 1970, un paso complejo pero necesario para adaptar el Estado de Bienestar a la actual pirámide poblacional del país nórdico.

La reforma pone fin a un modelo que permitía a los parlamentarios del Folketing consolidar una prestación económica de por vida tras haber ocupado un escaño durante solo un año. Bajo el antiguo sistema, duramente criticado por la opinión pública tanto en Dinamarca como en el resto de Europa, un político podía ganar el derecho a una pensión vitalicia de aproximadamente 35.000 coronas mensuales, lo que equivale a unos 4.700 euros al mes. Además, muchos de estos cargos lograban jubilarse de manera efectiva al cumplir los 60 años, una realidad que contrastaba drásticamente con las exigencias del mercado laboral danés. Con la nueva normativa, los políticos no solo perderán este privilegio, sino que estarán obligados a destinar el 18,07% de su salario mensual al fondo de retiro estatal, asumiendo la misma corresponsabilidad fiscal que el resto de los trabajadores.

La supresión de estas pensiones no tendrá carácter retroactivo. Esto implica que los políticos actuales, así como aquellos que ya están retirados, mantendrán intactos sus derechos adquiridos bajo el sistema anterior, una decisión que ha sido tachada de insuficiente por diversos sectores que consideran que la medida nace coja. Como contrapartida a la eliminación de las "pensiones doradas", el pacto de Estado contempla un aumento significativo en las remuneraciones de los futuros mandatarios para compensar el cambio de régimen. Por ejemplo, el salario anual de un parlamentario pasará de los actuales 127.000 euros a casi 1,1 millones de coronas, lo que supone unos 145.000 euros anuales, tras eliminarse un recargo libre de impuestos que existía previamente.

En el caso del Ejecutivo, los incrementos son todavía más sustanciales. El sueldo anual de los futuros primeros ministros experimentará una subida notable, escalando desde las 1,9 millones de coronas actuales (unos 257.000 euros) hasta los 2,5 millones de coronas, cifra que sitúa la retribución cerca de los 332.500 euros anuales. Estas cifras probocaron las quejas de partidos de la oposición, como el Partido Unificado Danés, cuyo líder Pelle Dragsted calificó de "grotesco" el incremento salarial previsto para los cargos en activo. Desde las filas socialdemócratas, sin embargo, se defiende que el nuevo marco hace el sistema mucho más comprensible y transparente para los ciudadanos, garantizando una mayor aceptación social al eliminar la opacidad de los antiguos complementos y privilegios de jubilación anticipada.

El impacto económico de esta reforma ha sido analizado por una comisión de expertos cuyas recomendaciones, emitidas originalmente en 2016, han servido de base para el acuerdo actual. Los defensores del cambio aseguran que, a largo plazo, el erario danés logrará un ahorro cercano al 20% en los costes de representación, lo que se traduciría en una reducción de gasto de unos 30 millones de coronas anuales, algo más de cuatro millones de euros. No obstante, este alivio para las arcas del Estado no será inmediato ni mucho menos. El nuevo sistema solo estará plenamente operativo y generará el ahorro total previsto cuando fallezca el último de los políticos que fueron elegidos antes de la entrada en vigor de la reforma, un horizonte temporal que sitúa la efectividad real del cambio a varias décadas vista.

Esta transformación gradual refleja una apuesta por la sostenibilidad de las finanzas públicas en un país que se prepara para un escenario demográfico donde la longevidad obliga a replantear todos los pilares de la seguridad social. Dinamarca intenta así cerrar una disputa de casi diez años entre los grupos parlamentarios, integrando la jubilación de la clase política en el régimen normal de cotización. A pesar de las críticas por las subidas salariales paralelas, el Gobierno insiste en que el fin de las pensiones vitalicias es un paso indispensable para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Con esta ley, el Folketing se adapta a la realidad de una nación que exige coherencia entre los sacrificios que se piden a la población y los derechos que se autoasignan sus representantes públicos.

Si comparamos, el presidente del Gobierno de España cobra unos 92.700 euros anuales en 12 pagas y un ministro, casi 81.800 euros. Para encontrar una cifra similar a la se la primera ministra danesa tenemos que remitirnos a la Casa Real. Así, Felipe VI percibió 277.361 euros en 2025. Frederiksen asumió el cargo en junio de 2019, aunque comenzó su carrera política en un cargo electo remunerado con 24 años, en 2001, como diputada en el Folketing (parlamento danés). También ha sido ministra de Justicia y de Trabajo y es presidenta de los Socialdemócratas desde 2015. Es licenciada en Administración y Ciencias Sociales en y cursó una maestría en Estudios Africanos del University of Copenhagen. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia es Jens-Frederik Nielsen. En el momento de redactar este artículo, el sitio web del gobierno no estaba operativo. Desconocemos su salario.

El pacto también aborda la reducción de las indemnizaciones por despido que reciben aquellos políticos que no logran la reelección, ajustando estas partidas para evitar pagos desproporcionados tras la salida del cargo. Los informes oficiales indican que, aunque el ahorro a largo plazo por la eliminación de las pensiones vitalicias será significativo, el desembolso inmediato por la subida salarial ha generado debate en los medios locales. Con esta reforma, Dinamarca se sitúa entre los países que mejor pagan a sus parlamentarios en la Unión Europea, con un sueldo mensual bruto que ronda los 8.261 euros, superando la media comunitaria y equiparándose a las potencias del norte de Europa que lideran los rankings de corresponsabilidad fiscal. Si comparamos, la asignación constitucional básica de un diputado nacional en España es de 14 pagas anuales de 3.367 euros euros brutos anuales, desde la aprobación del incremento para este 2026. A esto habría que añadir los complemenos y la indemnización libre de impuestos.