Gestionar de manera correcta el dinero requisado a los narcos también tiene un coste y la norma que lo regula necesita una reforma. El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución, para el año 2026, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Esta decisión se adopta a propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad, del Interior, de Hacienda y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Fondo, de naturaleza finalista, se compone del producto de bienes y sanciones obtenidos en procedimientos penales por narcotráfico, contrabando y delitos conexos, y su objetivo es apoyar programas que contribuyan a la reducción de la demanda y del tráfico de drogas, así como a la cooperación internacional en estas materias. La propuesta de criterios, acordada por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones establece la financiación de programas de:

• Prevención de toxicomanías y otras adicciones, con especial atención a colectivos vulnerables y a las nuevas formas de consumo.
• Asistencia a personas con adicciones, incluyendo atención sanitaria, salud mental e inserción social y laboral.
• Formación de profesionales y voluntariado en el ámbito de las adicciones.
• Investigación, sistemas de información y vigilancia epidemiológica.
• Cooperación internacional, intercambio de buenas prácticas y mejora de capacidades operativas.
• Adquisición de equipamientos, medios materiales y tecnológicos por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Especial Antidroga.
  
  

Droga incautada en Algeciras en 2024.

Además, se contempla la posibilidad de financiar actuaciones de carácter interdisciplinar o urgente, siempre en el marco de los fines previstos legalmente y alineadas con la Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus Planes de Acción. Durante el ejercicio anterior, se asignaron un total de 28,6 millones de euros con cargo al Fondo. De esta cantidad, 13,85 millones se destinaron a programas de reducción de la demanda, canalizados a través de las Comunidades Autónomas (8,2 millones), Corporaciones Locales (4,5 millones), ONG de ámbito estatal y entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (450.000 euros), además de proyectos internacionales y actuaciones promovidas directamente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En paralelo, se destinaron 12,3 millones de euros a programas orientados al control de la oferta, con actuaciones lideradas por el Ministerio del Interior, la Agencia Tributaria, la Fiscalía Especial Antidroga y otros organismos públicos.

Por último, se reservaron 2,5 millones de euros para la gestión administrativa del propio Fondo, según el comunicado del Ministerio de Sanidad publicado este martes. Esta estructura de reparto, que se mantiene en sus líneas generales, refleja la voluntad del Gobierno de articular una respuesta integral y equilibrada entre la prevención, la atención social y la represión del delito. Es decir, se necesitan 2,5 millones para gestionar 26,15 millones.

Según la página web del ministerio de Sanidad, el Fondo de Bienes Decomisados, regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo  , está integrado por los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados.

El producto de estos bienes está destinado a intensificar las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión estos delitos, prevención de toxicomanías, asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes y cooperación internacional en la materia, siendo beneficiarios de las cantidades integrantes del Fondo las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, otros organismos o entidades públicas de la Administración General del Estado, los organismos internacionales con competencias en la materia, y las entidades supranacionales y gobiernos de otros Estados extranjeros.

Informe de 2024

El informe del Fondo de Bienes Decomisados de 2024 consultado por este digital contiene un punto sobre "reflexiones generales sobre el funcionamiento del fondo" e identifica la financiación como la principal debilidad y amenaza para su funcionamiento. Los ingresos del Fondo, provenientes de decomisos por narcotráfico, son inherentemente irregulares e impredecibles, ya que dependen de las actuaciones judiciales y policiales de terceros. Esta falta de una cuantía anual fija y controlable impide a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas gestionar y garantizar el destino legal de los fondos de manera eficiente, afectando la planificación y ejecución de recursos para todos sus beneficiarios, incluyendo el Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria. 

Una segunda área de preocupación se centra en la gestión de recursos internos y la problemática de los inmuebles decomisados. Aunque la Delegación ha aliviado su déficit de recursos humanos con la reciente incorporación de nuevo personal fijo y eventual tras jubilaciones, persisten los problemas relativos a la integración y gestión de bienes. Se destaca especialmente el incremento significativo de la ocupación ilegal de inmuebles decomisados, a menudo por los propios condenados o sus familias. Estos procesos de desalojo judicial son prolongados y frustran la ejecución de las sentencias, privando al Estado de los ingresos por la venta de dichos bienes y elevando los gastos de propiedad.

Para resolver estas deficiencias estructurales, la Delegación subraya la necesidad urgente de actualizar y modificar el marco normativo. La Ley que regula el Fondo data de 2003, y el Reglamento vigente es de 1997, resultando obsoleto e ineficaz para las necesidades de gestión actuales. En respuesta a esta anomalía, en 2025 se ha iniciado el proceso para la tramitación de un nuevo reglamento de desarrollo, un objetivo ya plasmado en el Plan Normativo del Ministerio de Sanidad. Además, en 2024 se logró la firma de un convenio con la Dirección General de Tráfico (DGT) para la gestión administrativa de los vehículos decomisados, buscando un mejor control de su situación jurídica y su destino final (enajenación, cesión o destrucción).

Órgano directivo 

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) es el órgano directivo del Ministerio de Sanidad, adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad, al que le corresponde el diseño, establecimiento, ejecución y evaluación de las políticas que, en materia de adicciones, se desarrollan desde las Administraciones Públicas y entidades sociales en España. Tiene como principal eje el favorecer una reducción significativa del impacto sanitario y social de las adicciones en su conjunto, con especial énfasis en la prevención, y en el apoyo a la incorporación social de las personas afectadas por las mismas. De esta forma, es un órgano que basa su labor en el respeto a los derechos humanos; equilibrio entre control de la oferta y reducción de la demanda; enfoque de género; equidad, integralidad; participación, consenso; calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia.

La actual delegada, Xisca Sureda Llull, fue nombrada para el cargo el pasado 30 de septiembre. Sustituyó en el cargo a Joan Ramón Villalbí, quien fue nombrado nuevo gerente de la Agencia de Salut Pública de Barcelona. Villalví cobró 100.283 euros brutos en 2024, incluidos 11 trienios de antigüedad. Según el organigrama del Ministerio de Sanidad, el cargo tiene rango de director general. De este departamento dependen tres Subdirecciones Generales: Coordinación de Programas, Relaciones Institucionales y Gestión. El órgano cuenta con una Unidad de Apoyo, un Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, un Centro de Documentación y tres Órganos de Coordinación. La web de Sanidad no informa sobre la plantilla de trabajadores que componen la Delegación.

Sureda nació en Mallorca en 1985. Es licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona, con máster en Salud Pública y doctorada en Medicina. Máster en Salud Pública por la Universidad Pompeu Fabra y Universidad Autónoma de Barcelona.En los últimos años ha desarrollado su labor profesional como docente e investigadora en el área de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Alcalá, donde también ha sido coordinadora del grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología (ISPE).

¿Recuerdas? Lo contamos en 2019: Hermano Mayor: salir de las drogas, contarlo para ayudar y ahora con sueldo público de 7.800 euros brutos al mes