El Gobierno de Navarra ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Foral que introducirá modificaciones sustanciales en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La reforma más significativa es la creación de un registro de grupos de interés o ‘lobbies’, concebido para elevar los niveles de transparencia en las relaciones que las instituciones forales mantienen con empresas, particulares, asociaciones y cualquier organización con capacidad de influir en la elaboración de políticas o disposiciones normativas. Esta herramienta se suma al paquete de medidas que el Ejecutivo foral viene impulsando para reforzar la gobernanza democrática y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Según explicó el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, en rueda de prensa, la reforma forma parte de los seis ejes de trabajo del Gobierno para favorecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, en línea con las directrices del Plan de Acción para la Democracia de la Comisión Europea. Dicho plan incluye iniciativas para consolidar redes y consejos de participación, promover la transparencia mediante la nueva Ley Foral y mejorar el acceso a la información pública. Además, se buscan consolidar mecanismos de rendición de cuentas y auditoría ciudadana, fortalecer la ética pública y la lucha contra la desinformación con programas de alfabetización mediática, e introducir mejoras en la atención ciudadana. Taberna declaró unos ingresos brutos como vicepresidente de 76.020 euros en su declaración de retribuciones presentada en 2024.

Vista parcial del Gobierno de Navarra.

La pieza central de la reforma es la Disposición Adicional Undécima que se incorpora a la Ley de Transparencia, estableciendo que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) será la entidad encargada de la gestión del nuevo registro de grupos de interés. Es fundamental destacar que este registro será de aplicación obligatoria para las tres instituciones forales clave recogidas en el Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la presidenta o presidente de la Comunidad Foral de Navarra. Actualmente, la OANA también se encarga de la protección de las personas denunciantes de irregularidades en la administración. Su directora actual es Edurne Eginoa.

Publicidad activa

La inscripción en este registro será obligatoria para todas las organizaciones y particulares que busquen influir en los poderes públicos, sin importar el canal o medio que utilicen. La medida busca facilitar la identificación y el control de todas las actividades de influencia. El registro no solo será una lista, sino una herramienta de publicidad activa que divulgará las actuaciones de los grupos, haciendo visibles las reuniones y audiencias celebradas con autoridades, cargos públicos o electos, así como los informes y contribuciones que realicen sobre las materias tratadas. 

La OANA, en colaboración con el Gobierno, desarrollará reglamentariamente este instrumento y aprobará un estricto Código de Conducta para estos grupos en sus relaciones con las instituciones, con el fin de garantizar la transparencia y la honestidad de las mismas. El vicepresidente Taberna defendió que el objetivo es hacer de la Administración una "casa de cristal", una forma de gobernar que recupere la confianza ciudadana y establezca barreras contra la corrupción.

La Ley Foral considera "grupos de interés" a las organizaciones y personas que se dedican profesionalmente a influir, directa o indirectamente, en los procesos de elaboración de políticas o disposiciones normativas, en defensa de intereses propios o de terceros. También incluye a las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, aun sin personalidad jurídica, constituyen una fuente de influencia organizada y real.

En cuanto a las otras novedades de la Ley, la reforma busca expresamente "reforzar la integridad democrática". Se añade a la OANA a la lista de entidades depositarias de información pública para las que es de aplicación la Ley Foral (junto al Gobierno, Parlamento, entidades locales, UPNA, Defensor del Pueblo, etc.). Destacan los cambios en el Consejo de Transparencia, orientados a potenciar su papel y garantizar su independencia y capacidad de respuesta. Se plantea suprimir la presencia de los cuatro representantes políticos del Parlamento de Navarra, sustituyéndolos por una única persona de perfil técnico.

Con esta modificación, el Consejo de Transparencia quedará integrado por la persona titular de la Presidencia y siete vocalías de perfil técnico, representando a diferentes entidades. En cuanto a su Presidencia, se propone un mandato de seis años de duración, frente a los cuatro actuales, sin posibilidad de renovación ni de continuar en funciones, y se exige que el presidente o presidenta no pertenezca a ningún partido político en el momento de su nombramiento.

Además, las personas integrantes del Consejo podrán percibir remuneraciones por la realización de ponencias para la resolución de reclamaciones, y se podrá fijar una retribución anual tanto para la persona que presida el Consejo como para quien ejerza las funciones de secretaría. No obstante, el comunicado publicado en la web autonómica no menciona rango u horquilla salarial. 

Como medida punitiva, el Consejo de Transparencia podrá obligar a las Administraciones Públicas a depurar responsabilidades internas en caso de infracciones de la Ley. Finalmente, en materia de publicidad activa, se introduce la publicación de los y las empleadas públicas que cuenten con autorización de compatibilidad de su trabajo con otra actividad del sector privado, aumentando el control sobre los sueldos y dedicaciones.