Puede parecer paradógico y hasta un chiste de mal gusto para algunos ciudadanos. Pero ha ocurrido. Andalucía también sabe dar clases de transparencia y anticorrupción (pagado con dinero público) a otros países que quieren entrar en la Unión Europea. Y eso pese a que es la autonomía con más casos de corrupción de España, según la web Casos Aislados. 

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha concluido la visita tres días en Sevilla (5, 6 y 7 de noviembre) para acoger a una delegación de la Agencia para la Prevención de la Corrupción de Bosnia y Herzegovina (APIK), en un encuentro financiado íntegramente por la Comisión Europea. La cita, enmarcada en un proyecto de cooperación institucional denominado twinning, ha movilizado a altos cargos de la OAAF y del Parlamento andaluz para un intercambio de "buenas prácticas".

Aguirre y Zamorano en el centro de la imagen. Hemiciclo del Parlamento de Andalucía.

El encuentro, gestionado por la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC), se ha centrado en la promoción de la integridad pública, un objetivo que ha justificado el uso de recursos institucionales y el tiempo de dedicación de directivos y personal de la OAAF. La OAAF, actuando como anfitriona del encuentro, ha movilizado a su cúpula para el recibimiento. Participaron en los actos el director, Francisco Sánchez Zamorano, la directora adjunta, Marta Blázquez, además de otros representantes de la entidad andaluza.

La delegación bosnio-herzegovina, encabezada por su directora adjunta, Damirka Mioč, junto con otros altos responsables de APIK y acompañada por Giuseppe Abbatino de ANAC, mantuvo encuentros de trabajo en la sede del Parlamento de Andalucía. Este uso de las dependencias parlamentarias incluyó la participación en una visita institucional al Parlamento, donde se destinó tiempo y personal a mostrar los mecanismos de rendición de cuentas.

La agenda, cuya dotación económica proviene de fondos europeos de cooperación, incluyó una recepción con el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y una visita guiada por el histórico emplazamiento del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, actual sede de la institución. Según la página web de la cámara autonómica, Aguirre cobró 5.221 euros brutos en septiembre. Son 3.640 euros netos. 

El objetivo oficial de la visita se basó en el intercambio de experiencias sobre coordinación institucional y prevención de la corrupción. No obstante, el evento genera interrogantes sobre los costes asumidos por los contribuyentes europeos para financiar las dietas, alojamiento y traslados de la delegación extranjera y el impacto en las jornadas laborales del personal directivo de la OAAF y del Parlamento andaluz.

La iniciativa, cuyo fin es consolidar a Andalucía como "referente europeo en transparencia y buen gobierno", ha requerido la coordinación de los distintos departamentos de la Oficina Antifraude andaluza en la sede parlamentaria.

Sueldo de Zamorano

El artículo 13 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, aprobado por Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, establece que “la persona titular de la Dirección de la Oficina percibirá las retribuciones que se establezcan en la ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año correspondiente, conforme a las retribuciones que se establezcan en el presupuesto de la Oficina aprobado por la Mesa del Parlamento. En el caso de que ostente la condición de funcionario de carrera, sus retribuciones no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en su Administración de origen.” Zamorano cobra 8.133 euros brutos al mes, cantidad que incluye los trienios reconocidos como magistrado.

Su predecesor en el cargo fue Ricardo Puyol, quien presentó su dimisión en junio de 2024 apenas tres años después de su nombramiento. Hace cuatro años nos hicimos eco de su sueldo público. El puesto tendría rango de viceconsejero, pero sin perder el poder adquisitivo de su plaza como funcionario. Su renuncia se debió directamente al acuerdo político de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el PSOE y el PP. Puyol, magistrado en excedencia de la Audiencia Provincial de Granada, justificó su decisión en que el pacto incluía una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha modificación normativa impediría su reingreso inmediato al servicio activo en la judicatura hasta transcurridos dos años desde su cese en un cargo de confianza, forzándolo a adelantar su salida para evitar el veto. 

Actualmente existen dos puestos de trabajo adscritos a personal eventual. La Jefatura de Gabinete de Comunicación y la Asesoría de Gabinete y Relaciones Institucionales. Las dos plazas con nivel 28 y un complemento específico de 18.618 euros brutos anuales en 12 mensualidades. Con fecha de octubre de este año, la plantilla de funcionarios de la Oficina ascendía a 25 personas.