Las apuestas online ya no son una actividad de nicho solamente: tienen un impacto económico, social, psicológico y moral en España. Son una fuente de ingresos para los usuarios, venida del entretenimiento, al tiempo que el Estado recauda ingresos millonarios. Pero hay una tensión ética que puede debatirse: el mercado de sitios de juego crece, pero hay una lentitud para proteger a los ciudadanos de la ludopatía, la cual es un problema de salud que requiere de atención urgente y constante. Y mientras las plataformas como Rabona España compiten por tener un hueco en el mercado español, el Estado no toma medidas de prevención para la salud a la velocidad requerida.

La popularidad de los juegos de azar y las apuestas no debería ser un problema, mientras los usuarios practiquen estas actividades de forma responsable, como protegiendo la identidad online, por ejemplo. Pero se requiere de una protección gubernamental que incentive la información y la prevención antes de jugar. La recaudación es cada vez mayor y las medidas no acompañan a las ganancias.

De acuerdo a los datos suministrados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en 2024, el mercado del juego ha crecido cada año que pasa. Han aumentado tanto los ingresos de las empresas como el número de los jugadores. Siendo que, además, hay 21% más usuarios que en 2023, una cifra reveladora.

Crecimiento

El crecimiento visto no es espontáneo ni puntual; es consecuencia de campañas de marketing masivas. En 2024, el sector de juegos online invirtió casi 500 millones de euros, según la web especializada Ordenación del Juego, un 30% más que el año anterior. El gasto publicitario aumenta año a año, incluso más que el mismo crecimiento del mercado. Esto implica una constante exposición comercial de los usuarios, lo que incita a nuevos jugadores a ingresar, a los casuales a ser cada vez más recurrentes y es un refuerzo para quienes tienen problemas con el juego.

Y si bien es cierto que el juego puede ser un entretenimiento sano, la desinformación o falta de direccionamiento propio puede llevar a que se vuelva un riesgo calculado. Por eso hay que señalar que hay una responsabilidad individual, pero también una por parte del Estado de cuidar la salud mental de sus ciudadanos. El aspecto llamativo es que, al ente cobrar impuestos venidos de la publicidad, tiene ingresos masivos, por lo que se beneficia de un sector que es motivo de debates éticos.

La DGOJ, un referente internacional en la regulación de las apuestas en España, se encarga de crear un marco que permita a los usuarios sentirse protegidos.

La juventud como un target vulnerable

La población joven es la más vulnerable a caer en adicciones de cualquier tipo, debido a la inmadurez propia de la edad y también por ser una población laboralmente activa, por lo que tiene los medios para consumir productos y servicios que sean potencialmente nocivos para su salud. En el sector de las apuestas, el 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años termina desarrollando ludopatía.

Esto es consecuencia de la facilidad de acceso, la publicidad invasiva y falta de medidas preventivas, información, acompañamiento y tratamiento psicológico. En webs como apuestaes.net hay información para iniciar en el juego de forma segura, pero parece no ser suficiente sin una inversión Estatal más intensa y veloz. El resultado es la generación de dificultades financieras y problemas de salud mental a jóvenes que están ingresando en el mercado laboral y que tendrán que lidiar con una adicción desde corta edad, ocasionando problemas familiares.

Gasto sanitario y regulación

En 2023, la recaudación obtenida del Impuesto Sobre Actividades de Juego (IAJ) llegó a casi 160 millones de euros. Sin embargo, el sistema de salud Sacyl, correspondiente a la sanidad de Castilla y León, considera que la ludopatía no es una competencia directa, por lo que las personas que necesitan atención médica son derivadas asociaciones especializadas, como a la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar).

El beneficio fiscal obtenido es significativo, pero la inversión en la salud de los jugadores activos y los que sufren de adicción en insuficiente, al tiempo que los gastos recaen en organizaciones libres de lucro o en las propias familias. Además, se reclama poner medidas regulatorias para que las personas con ludopatía no pueda jugar. Y, además, en el caso de los locales físicos que estén destinados al juego, se solicite el DNI desde la propia entrada al lugar. Esto con el objetivo de restringir el acceso a personas que legal y moralmente no deben acceder a este tipo de entretenimiento.

No se trata de eliminar las casas de juego y de apuestas, sino de tener un marco regulatorio que permita su disfrute. Más allá de la prohibición, la información como medida preventiva de la adicción, las regulaciones y la atención médica son necesarias para poder darle al jugador herramientas para tener experiencias saludables. Es allí donde recaen los reclamos hacia el Estado.