La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha comunicando este proyecto de cuyo avance se espera que sea basado en inteligencia artificial (IA) para identificar automáticamente patrones de juego problemático en la conducta de los usuarios y sobre el lugar que ocupa en la lucha que debe desarrollar por proteger la salud de los jugadores de plataformas de apuestas en línea, del que no hay una fecha clara de su puesta en marcha, siendo uno de los más avanzados de Europa para proteger a los jugadores y en general para impedir los daños asociados a los juegos de apuestas.

El proyecto de IA de la DGOJ se nutre de más de 60 variables conductuales y transaccionales que abarcan, entre otras, la frecuencia y la intensidad de las sesiones, el cambio en el comportamiento de las apuestas tras ganar o perder, el volumen o la fecha de devoluciones de depósitos de los jugadores, el tiempo de juego expresado en días consecutivos, la frecuencia de las retiradas de fondos y las preferencias de apuesta, en especial en el ámbito de los 'juegos en vivo' o en tiempo real.

La idea es elaborar un sistema que asigne puntuaciones de riesgo personales a cada jugador, lo que facilitara que los operadores puedan reaccionar proactivamente mediante alertas o medidas preventivas basadas en datos. Para Mikel Arana, director general de la DGOJ "esto es y sigue siendo una prioridad regulatoria. Estamos haciendo la mejor pieza de tecnología posible, capaz de tirar del mercado a largo plazo."

Consultas públicas y participación

La DGOJ ha puesto en marcha una consulta pública sobre el diseño técnico del sistema invitando a operadores, proveedores tecnológicos, académicos, así como al público general a poder remitir sus consideraciones. La consulta, que estuvo abierta hasta el 25 de septiembre de 2025, tenía como objetivo ajustar los parámetros del sistema y someterlo a una prueba de viabilidad legal y técnica. El sistema se desarrollará empleando XGBoost (Extreme Gradient Boosting), un algoritmo avanzado de aprendizaje automático, para procesar y analizar los datos con precisión y eficiencia.

La DGOJ ha destacado que el control estará especialmente centrado en las apuestas en tiempo real, debido a la rápida cadencia de las apuestas y a la naturaleza emocional de la toma de decisiones que promueve este tipo de juego. No obstante, a pesar de su ambición, el proyecto no está exento de críticas. El sistema solo se aplicará al mercado privado de juegos online, incluyendo apuestas deportivas, casinos, póker, ruleta, blackjack y bingo. Las loterías estatales, como SELAE y ONCE, quedarán excluidas, a pesar de ser las modalidades más jugadas entre adultos españoles.

Esto ha producido inquietud entre los profesionales, quienes advierten que la falta de la inclusión de las loterías resiente la confianza que el sistema da como medio de conservación de la ponderación pública. A esto se añade que la DGOJ no ha proporcionado un calendario de puesta en funcionamiento del sistema ni ha anotado de qué modo se ajustarán los niveles de riesgo entre plataformas.

Y todavía complica más la situación el clima político: las elecciones generales de España, que, previsiblemente, se celebrarán como tarde, en el verano de 2027, podrían influir en la variabilidad de plazos y prioridades reglamentarias.

Retos legales y regulatorios

El proyecto de IA se desarrolla en paralelo a desafíos legales no resueltos. El Tribunal Supremo de España ha anulado varias disposiciones clave del código de publicidad del juego, incluidas las restricciones sobre promociones en redes sociales y el uso de endorsers famosos, lo que añade incertidumbre al marco regulatorio. Al respecto, expertos en regulación han advertido que “sin claridad sobre los plazos de publicidad y aplicación de la normativa, el proyecto de IA corre el riesgo de convertirse en otra iniciativa bien intencionada pero retrasada por la burocracia”. A pesar de los retos, la iniciativa de la DGOJ marca un cambio significativo hacia la supervisión tecnológica del juego en España.

Si se implementa con éxito, podría servir como modelo para otras jurisdicciones europeas que buscan sistemas algorítmicos de detección de riesgos. Por ahora, el proyecto sigue en desarrollo y su efectividad total aún no ha sido puesta a prueba.