El sector público institucional de Cataluña opera bajo una sombra de duda sobre la idoneidad y la capacidad de sus máximos responsables. Así lo revela el "Dedómetro", una ambiciosa investigación de la Fundación Hay Derecho que evalúa el grado de politización y amiguismo en la designación de los altos directivos de entidades y empresas públicas catalanas. El resultado del análisis es categórico: la cúpula directiva obtiene un suspenso raspado con una nota media de 5 sobre 10 en el indicador global de mérito y capacidad, evidenciando que el acceso a cargos clave se debe más a los contactos políticos o favores personales que a la experiencia funcional o la formación específica.

La Fundación, que elaboró el informe a partir de datos públicos obtenidos de portales de transparencia, solicitudes de acceso a la información, redes profesionales y medios de comunicación, analizó 150 directivos de 40 entidades durante un periodo de 15 años y seis legislaturas. El sueldo promedio anual de estos directivos se sitúa en los 98.562 euros.

Vista parcial de la sede de la Generalitat de Cataluña.

Uno de los hallazgos más notables del informe es la sobredimensión institucional de Cataluña, que se consolida como la comunidad autónoma con más entidades y empresas públicas de toda España. La región suma 277 entidades públicas, una cifra que contrasta fuertemente con las 104 de la Comunidad de Madrid o las 129 de Andalucía, ambas comunidades de población similar.

Esta densa arquitectura institucional, que según Hay Derecho "imita a la estructura de una nación", acarrea riesgos claros de duplicidad de funciones, competencias y gasto público. El modelo es definido como ineficiente y desproporcionadamente costoso, gestionando un presupuesto de 20.359 millones de euros, frente a los 4.315 millones de la Comunidad de Madrid.

El Silencio de los procesos de selección

La falta de mérito y capacidad está directamente ligada a la ausencia casi total de procesos de selección reglados. De las 40 entidades analizadas, solo seis exigen requisitos objetivos para la designación de sus máximos responsables. Entre ellas se encuentran la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) y la Agència Catalana de Notícies (Intracatalònia, SA).

A pesar de que estos requisitos existan en ciertos casos, los nombramientos no siempre están sujetos a "procesos abiertos, competitivos y transparentes". La tónica general es que los procesos de selección para los cargos directivos son "prácticamente inexistentes", lo que afecta directamente la calidad de la dirección.

La Politización Aumenta en Pleno "Procés"

La politización de los directivos es catalogada como "alarmante". El estudio indica que un significativo 40% de los máximos responsables carecen de la formación o experiencia específica adecuada para el puesto. Esta ausencia de requisitos legales y la elevada politización han facilitado el nombramiento de perfiles con "escasa o nula adecuación funcional", incluso en entidades con presupuestos relevantes o alta importancia estratégica.

Esta vinculación con los partidos políticos que nombran a los directivos se ha intensificado notablemente en el periodo 2016-2022, coincidiendo con la fuerte polarización institucional generada por el procés catalán. Hay ejemplos flagrantes de esta dinámica: la Agència Catalana de la Joventut (ACJ), cuya misión es implementar políticas de juventud, ha tenido cinco directores desde 2009, y ninguno ha superado la puntuación de 4 sobre 10 en mérito y capacidad, destacando por la continuidad marcada por la ausencia de meritocracia.

Ejemplos de Buenas Prácticas y Fallos de Profesionalización

El informe de Hay Derecho también identificó tanto malas como buenas prácticas en la selección, ofreciendo una hoja de ruta sobre la necesidad de establecer requisitos legales mínimos.

Entre los ejemplos positivos, destaca el Institut Català d’Energia (ICAEN), que ha pasado de perfiles con escasa vinculación técnica a nombramientos cada vez más especializados, como el de María Assumpta Farran (física experta en sostenibilidad), marcando un punto de inflexión hacia la profesionalización. La Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) también se señala como un caso de buena práctica por su gestión rigurosa y su modelo salarial que evita sobresueldos y duplicidades, al estar la dirección integrada en la Dirección General de Patrimonio. Finalmente, Intracatalònia, SA (gestora de la Agència Catalana de Notícies) corrigió años de nombramientos discrecionales al realizar en 2025 su primera convocatoria pública para el cargo, nombrando a la periodista Eva Arderius.

En el lado negativo, el Institut Català del Sòl (Incasòl) es un "mal ejemplo por la falta de continuidad en la profesionalización", alternando directivos cualificados con perfiles poco alineados con las funciones estratégicas de esta entidad clave para la planificación urbanística. La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) también muestra una trayectoria de nombramientos inestables y falta de coherencia, debilitando su relevancia estratégica y evidenciando duplicidad de funciones con otros organismos.

La Hoja de Ruta para Superar el Dedazo

La Fundación Hay Derecho concluye que la solución pasa por una reforma profunda y propone un claro conjunto de medidas:

Procesos de Selección Abiertos y Competitivos: Es fundamental implementar procesos de selección que aseguren perfiles idóneos e independientes, exigiendo requisitos objetivos, la presentación de un plan estratégico y la elección de una terna finalista por un órgano independiente.

Requisitos Normativos Mínimos: Se deben establecer requisitos normativos mínimos de formación, experiencia y trayectoria para todos los puestos de primer directivo, evitando la discrecionalidad actual.

Contratos de Desempeño y Rendición de Cuentas: Los nombramientos deben hacerse con contratos de desempeño de al menos cinco años, vinculados a objetivos medibles y ajenos a los ciclos electorales. Se debe fortalecer la rendición de cuentas externa y el papel de los organismos fiscalizadores.

Modelo Normalizado de CV y Transparencia: Hay Derecho exige un modelo obligatorio de currículum vitae directivo que incluya toda la información relevante sobre experiencia, gestión y vínculos políticos. Además, se debe establecer una responsabilidad personal en materia de transparencia, donde la omisión de información se considere una infracción grave que podría acarrear sanciones, incluido el cese.

La Fundación, que asegura haber financiado íntegramente la investigación con fondos propios para mantener su independencia, concluye que es crucial mejorar la transparencia y la objetividad para que la gestión de los 20.000 millones de euros de presupuesto público catalán se base en el mérito y no en el "dedazo".