¿Te imaginas que una administración pública se dedica a pagar nóminas a trabajadores que no existen? Dinero procedente del contribuyente destinado a pagar a una empresa. Una investigación ha sacado a la luz un grave caso de fraude en las depuradoras de aguas residuales de Ibiza, donde se han detectado pagos por "empleados ficticios" que ascienden a cerca de un millón de euros. La negligencia, que se prolongó durante cinco años, involucra a las administraciones autonómicas del Pacto de Progreso y del Partido Popular. La agencia pública Abaqua, responsable de la gestión del agua, ha reclamado ya 822.000 euros en concepto de "penalizaciones" por la falta de personal, aunque la cifra final podría superar el millón de euros. 

Actualmente, el consejero ejecutivo del Departamento de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia del Consell de Ibiza es Ignacio José Andrés Roselló. Su sueldo público asignado es de 63.990 euros brutos anuales. Por su parte, el director gerente de Abaqua, la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental, es Emeterio Moles Moles. Su retribución es de 57.470 euros en 2025 y un máximo variable en función de objetivos de 6.385 euros. Por su parte, el secretario Gerard Torrent Cuevas percibe 55.455 euros y un máximo variable de 6.161 euros. 

Depuradoras en Ibiza.

Esta irregularidad, que se extendió durante cinco años, no se limitó a la "Zona Ibiza 2", donde se registraron 50 meses de incumplimiento. Según una información del Diario de Ibiza, las mismas irregularidades se han repetido en la "Zona Ibiza 1", donde el déficit de personal fue tal que solo se cumplió con el contrato en nueve meses entre 2020 y 2024. Pese a que el "Pacto de Progreso" suscribió el contrato incumplido y toleró la mayoría de los "falsos empleados", el PP también permitió la situación durante un año. La tardanza en la detección y denuncia del fraude permitió que el problema se prolongara durante un lustro.

Pese a las revelaciones de los "informes técnicos" que confirman el incumplimiento masivo, no se explica por qué las irregularidades no fueron detectadas antes. A pesar de esto, la Conselleria de la Mar ha defendido que "en ningún momento se ha mirado hacia otro lado" y que "se ha actuado con total rigor", una afirmación que contrasta directamente con los cinco años de pasividad. Además, los peritajes no atribuyen ninguna "asunción de responsabilidad" a los funcionarios o cargos políticos implicados. La empresa contratada para la gestión, Cadagua SA, del grupo Ferrovial, ya no mantiene ningún vínculo contractual en la isla, aunque las penalizaciones aplicadas se limitaron a la escala básica de 3.000 euros por cada trabajador que faltara un mes, sin estipular un recargo adicional ante la gravedad del desatendido servicio de depuración.