¿Se puede sacar la mejor calificación en materia de transparencia cuando hay secciones de la página web sin datos o con escasa información? La Universidad de La Laguna ha obtenido en la evaluación de entidades públicas 2023/2024 una calificación final del Índice de Transparencia de Canarias de 10, lo que representa “una mejora encomiable respecto a la evaluación anterior” (8,76 en 2022/23), con un incremento del 14,16%. Este resultado sitúa a la entidad académica en la máxima calificación posible y evidencia un esfuerzo notable en materia de transparencia institucional.

«La evolución positiva refleja la consolidación del compromiso de la Universidad con los estándares de transparencia pública y una respuesta eficaz a las recomendaciones y observaciones formuladas en el ciclo anterior”, señala el informe remitido al centro docente. El Comisionado de Transparencia apunta, sin embargo, que, en relación con el contenido no publicado, persisten determinadas obligaciones de publicidad activa que presentan contenido nulo, principalmente en el ámbito normativo. Se observa la ausencia de información relativa a declaraciones de bienes y actividades de las personas titulares de órganos de gobierno y los altos cargos, así como sobre los procedimientos de elaboración normativa.

En cuanto al contenido parcial, el documento identifica obligaciones relacionadas principalmente con empleo público, contratos, convenios y ayudas. Entre ellas se encuentran la publicación incompleta del listado de puestos ocupados y vacantes, identificación y compatibilidad del personal, contratos programados, partes firmantes y objeto de convenios, modificaciones de convenios y detalles sobre ayudas y subvenciones. Estas áreas requieren una revisión para garantizar la exhaustividad y precisión de la información publicada.

Respecto a los criterios del Indicador de cumplimiento de información obligatoria (ICIO), donde la Universidad de La Laguna alcanza un 6,52 sobre 7, se observan deficiencias en el uso de formatos reutilizables abiertos en la publicación de objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento de planes y programas, así como en los pliegos de contratos, donde se emplea PDF editable en lugar de complementar con formatos como CSV, ODS, XML o JSON.

En alguna ocasión se ha sustituido el formato que más fácil es de leer para la persona usuaria media (pdf, html) por formatos abiertos reutilizables, en vez de complementarlo. Asimismo, se observa algún problema de accesibilidad y localización en la información sobre convenios y encomiendas de gestión.

Por último, en los indicadores del soporte web (la ULL obtiene 2,98 sobre 3) y de transparencia voluntaria (la ULL logra 0,70 sobre 1), el Comisionado de Transparencia destaca que la institución docente “mantiene un desempeño elevado, si bien se identifican oportunidades de mejora”. En el segundo, la ausencia de información clara sobre cómo realizar reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia, la falta de publicación del Plan de Mandato de la Legislatura y la no inclusión de obligaciones de transparencia en las bases de subvenciones son aspectos que han de reforzarse, apunta el texto.

En el Índice de soporte web, la estructura y accesibilidad del portal son adecuadas, aunque se recomienda continuar avanzando en la mejora de la accesibilidad y la documentación voluntaria. “No obstante, la obtención de la máxima calificación (10) representa un hito para la entidad y pone de manifiesto un sólido compromiso institucional con la transparencia”, concluye el documento.

Cabe destacar que sí está publicada la información relativa a los sueldos públicos de los altos cargos de la Universidad de La Laguna de 2024 y 2023. Concretamente, la gerente de la institución, Lidia P. Pereira Saavedra, cobró 91.752 euros brutos el año pasado; el rector, Francisco Javier García Rodríguez, 74.744 euros; el secretario general, 51.672 euros; y los vicerrectores, 51.672 euros cada uno. Además, el rector tiene asignados 15.000 euros para gastos de representación en 2025 y el gerente, 2.000 euros.

Comisionado de Transparencia de Canarias

Actualmente, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es María Noelia García Leal y tiene un sueldo público asignado de 88.000 euros brutos en 2025. La remuneración fijada para 2024 también fue de 88.000 euros el año y 86.0000 en 2023. García Leal ocupó la plaza en abril de 2024 y tomó posesión del cargo un mes después.

La web institucional también publica que solo Daniel Cerdán Cid ha cobrado una indemnización por cese desde que se creó este órgano estatutario en 2015. Concretamente, Cerdán dejó su puesto en mayo de 2024 y cobró por ello 9.099 euros.

En cuanto al personal de confianza, en el presente ejercicio el “puesto de asesor/técnico sobre evaluación telemática de los portales de transparencia” está vacante. No obstante, la persona que ocupó la plaza en 2024 tenía una retribución asignada d 57.468 euros y 53.688 euros en 2023. En 2022, este digital ya se hizo eco de la retribución de este puesto. Entonces lo ocupaba Clara Rodríguez Pérez, quien hizo las prácticas como becaria en la misma institución y ‘fichó’ como personal de confianza. Con 28 años pasó a cobrar 56.000 euros. Durante esa época el Comisionado era el propio Cerdán mencionado quien llamó a Sueldos Públicos para explicar su retribución y pedir disculpas por la no actualización de algunos datos de la página web.