Las cifras cantan. Las ayudas que reciben los partidos políticos por su presencia en parlamentos, diputaciones y ayuntamientos se han convertido en su principal fuente de financiación, pero ¿cómo se lo gastan? ¿Hay controles? Los parlamentos autonómicos pasaron de aportar 18 millones en 1990 a más de 65 en 2016. Pese a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas (TC), los partidos utilizan estas subvenciones para financiarse, y no solo para apoyar su actividad parlamentaria. Cada cámara es responsable de su fiscalización, pero en 20 años esto solo ha ocurrido en dos ocasiones.

Civio Fundación Ciudadana ha hecho un trabajo fabuloso al echar más de luz sobre la financiación de los partidos políticos. No es que sean datos chocantes o nuevos. Pero son los más actuales y dejan a la vista algunas carencias y vicios de nuestro sistema de partidos. Los datos oficiales nos los facilita el TC, siempre con años de demora.

En 2013, el 62% de la financiación pública de los partidos provino de unas subvenciones escasamente reguladas y fiscalizadas. El TC, en su último informe, cifró en 135 millones de euros las ayudas que las formaciones reciben por su presencia en parlamentos estatales y autonómicos, ayuntamientos y diputaciones.

Estas subvenciones, que reciben grupos parlamentarios y municipales, representan en la actualidad la principal fuente de financiación de los partidos. No siempre fue así. En 1989 suponían el 15% de sus ingresos públicos, como consta en el informe del TC correspondiente a ese año. En 25 años, sin embargo, estas subvenciones han proliferado en todas las instituciones, desde el Congreso a la mayoría de ayuntamientos de más de 20 mil habitantes, y han triplicado su peso en la financiación que reciben los partidos de las administraciones públicas.

El reparto de la tarta

Las entidades que financian en mayor medida a los grupos políticos son las Cortes Generales y las 17 asambleas legislativas autonómicas. En 2016, estas instituciones presupuestaron un gasto de 82,1 millones de euros para este fin. Congreso y Senado dedicaron el 11 y el 13,1% de su presupuesto, respectivamente, a subvencionar a los grupos parlamentarios. Las asambleas autonómicas emplearon, de media, un 19,2%.

El mecanismo para calcular esta subvención de cada grupo se repite en las Cortes Generales y en cada una de las cámaras autonómicas. La Mesa de cada cámara, la máxima autoridad parlamentaria, establece una parte fija para cada grupo político y otra variable que se concede en función del número de diputados. En el caso del Senado y de ocho asambleas autonómicas, se añade otra variable: una subvención específicamente dedicada a la contratación de asesores. Aunque, en todos los casos, el grueso de la subvención no está ligado a ningún propósito en concreto.

Esto es lo que tienen en común, pero hay grandes variaciones entre lo que gastan unos y otros parlamentos: desde el más austero, el de Illes Balears, que destina el 8,4% del presupuesto de la cámara a estas ayudas (casi 1,2 millones de euros); hasta el más generoso, el Parlament de Catalunya, que en 2016 reparte 15,8 millones de euros, casi tanto como la suma de Congreso y Senado. O, lo que es lo mismo, un 30% de su presupuesto. Eso sí, si tenemos en cuenta qué representan sobre los dastos totales de cada cámara, la que destina un mayor porcentaje a estas ayudas es la de La Rioja, con un 32%.

Los parlamentos también difieren respecto al peso que dan a las partes que componen la ayuda: la fija y la variable. Unos, como la Asamblea de Madrid, protegen a los partidos más pequeños asignando un monto alto al componente fijo de la subvención, y otros, como la Asamblea de Extremadura, los castigan dando peso al variable. En Madrid, en 2015, cada grupo recibió 490.800 euros fijos más 17.800 por cada escaño; en Extremadura, en el mismo periodo, cada agrupación recibió 9.120 euros fijos a los que sumaba 24.200 por cada diputado.

Fiscalización imposible

Al caer fuera de la supervisión que realiza el TC, las subvenciones a grupos políticos son reguladas y fiscalizadas por las propias instituciones que las otorgan. Tanto las Cortes Generales como las asambleas autonómicas han optado, sin embargo, por apenas establecer mecanismos de control sobre el uso de este dinero. Eso sí, la mayoría de las asambleas legislativas que otorgan estas ayudas obligan a los grupos parlamentarios a llevar una contabilidad específica de las mismas.

El Congreso de los Diputados, por ejemplo, regula estas ayudas en un artículo de su reglamento, pero ni obliga a los partidos a presentar la contabilidad de estos fondos, ni establece en qué se pueden gastar, ni prevé su devolución si no se emplean correctamente, ni las somete a ninguna exigencia de publicidad. El Senado, además, reconoce que nunca ha solicitado esta información a los grupos. Por tanto, todo queda dentro del monto total de la consolidación de las cifras presentadas ante TC.

Seis asambleas autonómicas (Cantabria, Baleares, La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Navarra) tampoco exigen a sus grupos que presenten la contabilidad de las ayudas que reciben, ni las publican.

Otras cámaras han establecido controles más estrictos. En Castilla La Mancha, después de que en 1992, el entonces presidente de la asamblea, el socialista José María Barreda, decidiese cancelar las subvenciones a todos los partidos porque se negaban a explicar en qué gastaban los fondos, se endureció el reglamento de manera que ahora es obligatorio tanto presentar la contabilidad de estas ayudas como conservar y justificar cada factura. Una situación similar se vive en Canarias. En otros parlamentos, aunque las reglas no son tan explícitas como en estas comunidades, al menos las formaciones políticas están obligadas a presentar cuentas anualmente ante la Mesa o publicar datos contables en las respectivas páginas de transparencia.

Pero que las cuentas se tengan que presentar o que sea obligatorio conservar las facturas no significa que estas subvenciones sean realmente auditadas. Esto solo ocurre si las autoridades de la cámara lo solicitan y en los últimos años, esto, de hecho, solo ha ocurrido en dos ocasiones: en las asambleas de Madrid y Murcia, ambas el año pasado.

Estos informes de fiscalización constataron que los partidos trasladan los fondos destinados a la actividad parlamentaria a sus cuentas, pero se encontraron también con que algunas formaciones como el PP en Madrid no gastaban la subvención y se limitaban a ganar dinero con los intereses bancarios. Otras, como el PSOE madrileño, no podían justificar que sus gastos fuesen realmente destinados al grupo parlamentario. Además, la sección murciana de Ciudadanos pagó parte de su campaña electoral con estos fondos.

En la práctica, estas ayudas, aunque sean la fuente pública de ingresos más importante, siguen sin pasar por la rendición de cuentas que sí se exige a otras subvenciones.

Puedes leer el informe completo, con gráficos y la metodología de trabajo de Civio en este enlace.

Imagen: El Economista.