La figura de Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, se encuentra en el epicentro de una controversia judicial y política sin precedentes en la democracia española. A pesar de haber sido procesado por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado por un presunto delito de revelación de secretos, una decisión que le acerca a sentarse en el banquillo y que podría conllevar su inhabilitación, García Ortiz mantiene su intención de no dimitir. Y el Gobierno de Sánchez le apoya. Su posición en la cúspide de la Fiscalía General del Estado no solo implica una alta responsabilidad, sino también una considerable estabilidad económica y privilegios después de cesar que se suman a la complejidad de la situación.

El Ministerio Fiscal, al que García Ortiz representa y dirige, es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Según el artículo 124 de la Constitución Española, su misión es promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, además de velar por la independencia de los Tribunales. Es un órgano único para todo el Estado, y sus miembros actúan siempre en representación de toda la institución, ostentando la autoridad a todos los efectos.

García Ortiz.

La jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal recae en el Fiscal General del Estado. Su nombramiento es un proceso que implica la intervención de los tres poderes del Estado: es designado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno, tras escuchar al Consejo General del Poder Judicial y una valoración de idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El cargo debe recaer en juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y su mandato tiene una duración de cuatro años, cesando en todo caso con el Gobierno que lo haya propuesto. Pese a que el Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin recibir instrucciones del Gobierno, tiene la facultad de impartir órdenes e instrucciones generales o específicas para el servicio de la institución, procurando la satisfacción del interés social.

En cuanto a las retribuciones de este alto cargo, el fiscal general del Estado percibe un sueldo bruto anual que asciende a 133.525 euros*, según el documento de actualización de “determinadas cuantías retributivas” del Ministerio de Hacienda con fecha de 8 de febrero de 2024. Son 11.127 euros mensuales. Esta cifra representa un aumento respecto a los 127.140 euros brutos anuales que el cargo percibía en 2020, distribuidos en 12 mensualidades sin pagas extraordinarias. En 2023, las últimas cuentas aprobadas, la retribución era de 132.235 euros, según el BOE. A esta cantidad se suman los trienios correspondientes a la antigüedad de García Ortiz en la Carrera Fiscal, a la que ingresó en 1998. Además, como otros altos cargos del Estado, el fiscal general tiene derecho a una prestación indemnizatoria tras cesar en el puesto: una cantidad equivalente al 80% de su retribución anual durante un máximo de dos años, incompatible con cualquier otro ingreso público. Serían casi 8.900 euros al mes (8.888).

El procesamiento de García Ortiz se deriva de un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El auto del juez Hurtado ve indicios de que el Fiscal General facilitó a un medio de comunicación el contenido de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, y que le había sido remitido a su vez por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (también procesada). El juez considera que García Ortiz actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y con una actitud "frenética" de "ganar el relato" a favor del Ministerio Público. Este procesamiento marca un hito inédito en la historia democrática de España, ya que ningún fiscal general había sido procesado hasta la fecha. 

• Ingresó en la Carrera Fiscal en 1998. Fue fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de 2000 a 2002.
• En 2002 fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, (antes Adscripción Permanente de Santiago de Compostela, Tribunal Superior de Justicia de Galicia), donde fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma desde octubre de 2004.
• Posteriormente es nombrado Fiscal delegado de Medio-ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007 a nivel provincial y autonómico hasta marzo de 2021.
• En 2021 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
• Por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto, fue nombrado Fiscal General del Estado.

*La web del Ministerio Fiscal tiene una sección de Transparencia con datos no actualizados de 2020. No obstante, otras publicaciones como Newtral afirman que el salario de García Ortiz en 2024 ascendió a 136.196 euros anuales.