La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en nuestra vida diaria, desde recomendaciones en redes sociales hasta decisiones que afectan nuestra economía, salud y seguridad. Sin embargo, esta expansión tecnológica plantea una pregunta inquietante: ¿estamos cediendo el poder a sistemas que no entendemos, controlados por actores que no elegimos democráticamente? Junto al equipo de fútbol chileno hoy hablaremos de esto con más detalle.

En este artículo analizamos la relación entre la IA y los principios democráticos, explorando quién controla los algoritmos, qué prejuicios pueden incorporar y si existe el riesgo de que se conviertan en una nueva forma de oligarquía tecnocrática.

En las últimas dos décadas, la IA ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en una tecnología clave en la toma de decisiones a nivel global. Algoritmos complejos gestionan desde los resultados de búsqueda en internet hasta sistemas de vigilancia masiva, decisiones judiciales automatizadas, evaluaciones de crédito y estrategias militares. Este nivel de influencia suscita preguntas sobre la soberanía tecnológica: ¿quién tiene el control último sobre estas herramientas y con qué fines se utilizan?

En una democracia, el poder debería estar en manos del pueblo, con instituciones transparentes y responsables ante los ciudadanos. Sin embargo, los sistemas de IA suelen ser desarrollados y gestionados por grandes corporaciones tecnológicas que operan con poca supervisión pública. Estas empresas tienen la capacidad de definir los parámetros de los algoritmos y, por ende, las decisiones que ellos toman. Así, nos enfrentamos al riesgo de delegar funciones esenciales del Estado a entidades privadas cuyo objetivo principal no es el bienestar común, sino el beneficio económico.

Algoritmos con prejuicios: ¿realmente neutrales?

Una de las creencias más extendidas sobre la inteligencia artificial es su supuesta objetividad. Se espera que las máquinas, al carecer de emociones y juicios humanos, tomen decisiones imparciales. Sin embargo, la realidad es que los algoritmos no surgen en el vacío: están programados por personas, y aprenden a partir de datos que reflejan las estructuras sociales existentes, con todos sus defectos y desigualdades.

Numerosos estudios han demostrado que sistemas de IA utilizados para contratar personal, evaluar sentencias judiciales o asignar recursos sociales pueden reproducir —e incluso amplificar— prejuicios raciales, de género y de clase. Estos sesgos no solo son peligrosos por sí mismos, sino también por su carácter invisible: al tratarse de decisiones automatizadas, muchas veces no se cuestionan ni se explican. La falta de transparencia en el funcionamiento de estos sistemas los convierte en una caja negra, difícil de auditar o controlar democráticamente.

En este contexto, surge una inquietud profunda: ¿podría la inteligencia artificial convertirse en la base de una nueva forma de oligarquía, más opaca y menos accesible que los tradicionales partidos políticos? A diferencia de los representantes electos, los desarrolladores de algoritmos y los ejecutivos de las grandes tecnológicas no rinden cuentas ante la ciudadanía. Sus decisiones pueden moldear el comportamiento colectivo (como ocurre con los algoritmos de recomendación en redes sociales), definir prioridades económicas o incluso influir en elecciones.

Además, la concentración de conocimiento y poder técnico en unas pocas manos plantea un desequilibrio de poder sin precedentes. Si el ciudadano común no entiende cómo funciona un algoritmo que afecta su vida diaria, pierde capacidad de acción, de protesta y de exigencia. La democracia corre el riesgo de volverse una fachada, donde las decisiones más importantes no se toman en el Parlamento, sino en los centros de datos de Silicon Valley o Shenzhen.

Caminos hacia una inteligencia artificial democrática

Frente a este escenario, es urgente repensar el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética y democrática. Algunas propuestas incluyen:

• Transparencia algorítmica: Los ciudadanos deben tener derecho a entender cómo funcionan los algoritmos que influyen en su vida. Esto implica exigir a las empresas y gobiernos que hagan públicos los criterios y datos utilizados por estos sistemas.
• Auditoría independiente: La creación de organismos técnicos y éticos independientes que evalúen los impactos sociales de la IA, detecten prejuicios y garanticen el respeto a los derechos humanos.
• Educación digital ciudadana: Fortalecer el conocimiento de la población sobre cómo funcionan los algoritmos es fundamental para fomentar una ciudadanía activa y crítica frente a la automatización.
• Participación ciudadana en la tecnología: Incluir a diversos sectores sociales en el diseño y supervisión de sistemas de IA para que reflejen los valores colectivos y no solo los intereses corporativos.
  

La inteligencia artificial no es ni buena ni mala por sí misma. Su impacto depende del contexto en que se desarrolla y de los intereses que la impulsan. La gran pregunta que enfrenta la democracia del siglo XXI no es solo cómo incorporar esta tecnología, sino quién tiene el poder de definir su uso. En un mundo cada vez más gobernado por algoritmos, garantizar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas se vuelve más importante que nunca. Solo si somos capaces de democratizar la inteligencia artificial podremos asegurar que su desarrollo beneficie al conjunto de la sociedad y no se convierta en una nueva forma de dominación silenciosa, disfrazada de eficiencia técnica.