La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, cierra la ronda de aportaciones a la futura ley canaria de transparencia y participación ciudadana con la inscripción de más de 400 personas de todas las islas, con el objetivo de recabar las contribuciones de los diferentes agentes sociales a la futura ley. Este ha sido un proceso extraordinario debido a la relevancia que conlleva la modificación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, de fomento a la participación ciudadana, que se unificarán en un único texto legislativo, conformando así la nueva Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. A su vez, el próximo jueves, 10 de abril, finalizará la consulta pública previa relativa a esta iniciativa legislativa, en la que cualquier persona puede hacer su aportación. 

Barreto, que cobra 70.994 euros brutos anuales, destacó el compromiso del Ejecutivo regional por garantizar estos espacios más transparentes, donde se ha fomentado una mayor participación ciudadana, “como parte importante de este proceso en el que se pretende agrupar ambas leyes con unos hitos e indicadores de cumplimiento más exigentes, en busca de mejorar el proceso de transparencia y obtener una Administración cada vez más accesible para los ciudadanos”. Además, agradeció la colaboración de los diferentes cabildos insulares por su participación, así como al Parlamento de Canarias en el caso del encuentro en Tenerife. En cambio, el número dos del departamento, el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio LLorens de la Cruz, es el alto cargo con el sueldo público más alto. Ingresa 73.388 euros anuales, según las tablas de Transparencia disponibles actualizadas a febrero de este año. Los documentos no desglosan las cantidades percibidas por trienios de antigüedad en caso de ser funcionarios.

Por su parte, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, que percibe 67.002 euros anuales, resaltó la importancia de haber celebrado estas jornadas en distintas islas del archipiélago para recabar información y aspectos que deben estar contemplados atendiendo a la particularidad y realidad de cada territorio. “Estas jornadas han sido una oportunidad para acercar la Administración Pública a los canarios y canarias y que se sientan parte del proceso de actualización legislativo autonómico”, según un comunicado consultado por este digital.

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La Consejería de Presidencia invitó a administraciones públicas, empresas privadas y organizaciones empresariales, entidades del tercer sector, entidades ciudadanas, organizaciones sindicales de la región y ciudadanos a título particular a participar en estos foros y, como resultado de esta difusión, se recibió la inscripción de más de 400 personas, de las cuales un 48,1% pertenecía a la administración pública, un 21,6% a entidades del tercer sector, un 12,9% a entidades ciudadanas, un 9,7% a la ciudadanía a título personal, un 6,9% a empresas privadas u organizaciones empresariales y un 0,7% a organizaciones sindicales. Llama la atención este último dato, el de los sindicatos, que pese a que defienden y ponen en valor la mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones, su nivel de participación en esta consulta ha sido casi nula.

¿Son muchos o pocos 400 inscritos para una población de 2,28 millones de personas? ¿A quién interesa de verdad la transparencia y la rendición de cuentas de nuestras instituciones? En 2024, unas 164.000 personas trabajaban en las diferentes administraciones públicas en Canarias. Junto con el sector de la hostelería, son los dos motores económicos y laborales de la región insular. En otras palabras, los sueldos de los empleados públicos y el de los camareros, camareras de piso, cocineros y demás personal de los hoteles y restaurantes, son fundamentales para que haya consumo en la isla, sin contar el que hacen los turistas, que no están censados y solo pagan impuestos indirectos. 

En relación al número total de personas ocupadas en Canarias, los funcionarios representan el 19,2 % de los puestos de trabajo. De tal manera que hay 26.550 empleados en la administración central; 60.950 trabajadores en la administración autonómica; 41.450 funcionarios de los ayuntamientos, y 3.522 de las dos universidades.