El dato con las tablas se ha publicado este lunes en el BOE, aunque la noticia es de la semana pasada. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó una orden ministerial que incrementa en un 8% los baremos de retribución para abogados y procuradores del turno de oficio. Esta medida, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, se aplicará en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El objetivo principal es actualizar la retribución de estos profesionales y mejorar el servicio público de justicia para personas con menos recursos. El Ministerio se ha comprometido a seguir trabajando en la mejora de este servicio, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española. Sin embargo, la realidad que enfrentan los abogados del turno de oficio es compleja. Según datos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, casi uno de cada tres abogados en España está inscrito en este servicio, cobrando una media de 151 euros por servicio en 2023.

Por ejemplo, en la provincia de Valencia la retribución mensual promedio es de 300 euros, a pesar de que la cantidad de asuntos asignados equivaldría a 3.000 euros si se abonara correctamente, según portales especializados consultados. Este salario debe cubrir fotocopias, desplazamientos, juicios suspendidos y el tiempo dedicado al estudio de cada caso, así como la atención a los justiciables. Otras fuentes del sector en la misma provincia hablan de ingresos anuales brutos que rondan los 10.000 u 11.000 euros. “Puedes tener una guardia buena y cobrar 1.200 euros y luego una de prisiones por 60 euros”. Si seguimos con el ejemplo, la subida del 8% sobre unos ingresos bruto de 10.000 euros son 800 euros más al año. "La asistencia jurídica gratuita es un derecho que descansa en la precariedad de los abogados de oficio", señalan desde la asociación de Abogados y Juristas en Pro del Estado de Derecho (Aproed).

Con las nuevas tablas publicadas hoy, la tarifa más alta es la correspondiente al procedimiento con un Tribunal del Jurado ante la Audiencia por 438,14 euros. Le sigue el procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional por 408,24 euros. El procedimiento penal de especial complejidad se cobra a 389,45 euros y un procedimiento abreviado son 291,60 euros. En cambio, una solicitud y reclamación son 21,60 euros. Un juicio de faltas, 102,06 euros; un junio ordinario, 346,53 euros; y un juicio verbal, 218,70 euros. Además, por cada mil folios, 24,20 euros; a partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias, 24,62 euros; a partir de dos días de vista, por cada día, 73,87 euros. Dos clásicos: solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio, 77,88 euros; y proceso sobre guardia y custodia o alimentos de hijos menores, 155,52 euros.

Vista parcial de las tablas publicadas en el BOE.

Desigualdad en la inversión

El sistema de asistencia gratuita muestra desigualdades en la inversión entre comunidades autónomas. En 2023, el presupuesto para Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla fue de 42,8 millones euros en conjunto, mientras que Cataluña y Madrid superaron individualmente esta cifra.

A pesar de las dificultades económicas, muchos abogados se inscriben en el turno de oficio por vocación. Juan Manuel Mayllo, responsable del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), afirma: "Nadie se apunta al turno de oficio por tema económico. Es absurdo, no te da para vivir. Al contrario, hay auténticas historias de vocación".

Paralelamente, el Ministerio avanza en la reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita. La nueva norma modernizará este servicio, actualizando la definición de insuficiencia de recursos, incluyendo a víctimas de violencia de género y sexual como beneficiarios, y permitiendo el acceso a personas jurídicas. Además, se incorporarán mejoras en la gestión, como el acceso electrónico a la Administración de Justicia.

Valoración de la Abogacía Española

El Consejo General de la Abogacía Española ha valorado el incremento de los baremos, considerándolo un primer paso importante en la actualización de las cuantías. Destacan la retroactividad de la medida y la disposición del Ministerio a continuar el diálogo para futuras subidas.

El presidente del Consejo, Salvador González, también ha celebrado la colaboración del Ministerio con la abogacía en la redacción de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, reconociendo su papel fundamental en la prestación del servicio. Además, González ha destacado otros avances recientes, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que mejorarán las condiciones de los profesionales de la abogacía.

El año 2025 se presenta como un período de importantes cambios en el ámbito de la Justicia, con la implementación de la nueva Ley de Eficiencia y la creación de los tribunales de instancia. La Abogacía Española se ha comprometido a colaborar para que estas reformas sean un éxito y contribuyan a una mejor democracia.

Estas cifras e ingresos bajos contrastan con lo que cobra la directora general para le Servicio Público de Justicia. Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, María dels Àngels García Vidal percibió 105.537 euros brutos en 2023, incluidos ocho trienios de antigüedad por su condición de funcionaria. Asumió el puesto en agosto de 2021 y cesó por motivos personales en septiembre de 2024. En el momento de redactar este artículo los datos de 2024 no estaban actualizados en el Portal. Cuando lo estén podremos conocer lo que ha cobrado Vidal y los ingresos de la actual directora, Verónica Ollé.

Experiencia en la empresa privada

Ollé es abogada y jueza con 30 años de experiencia en el sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con una dilatada trayectoria en gestión y está especializada en la ejecución de procesos de transformación y gestión de crisis. Experta laboralista, también dispone de una amplia experiencia en materia de gobierno corporativo, derecho societario, propiedad intelectual, contratación pública, derecho de la competencia o inteligencia artificial, entre otras.

Ha sido subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022. Actualmente, era directora del Gabinete de Presidencia de RTVE desde diciembre de 2022. Ollé es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, durante nueve años (2000-2010) ejerció como abogada del bufete Uría Menéndez, como asociada coordinadora del departamento laboral en la oficina de Barcelona.

Ingresó en la Carrera Judicial en el año 2011. Además, fue socia cofundadora del Despacho de Abogados Ollé Sesé Abogados (1995-2010). Durante los últimos años ha trabajado en RTVE, donde se incorporó en septiembre de 2018 como directora de la Asesoría Jurídica de la Corporación, para después ejercer como secretaria general y secretaria del Observatorio de Igualdad de RTVE hasta junio de 2021. En el ámbito de la Unión Europea ha formado parte del Comité Legal de la Unión Europea de Radiodifusión desde mayo de 2019 hasta junio de 2021. Por último, ha sido directora del Gabinete de Presidencia de RTVE.