Demostrado: se puede ahorrar 185.000 euros en sueldos públicos reorganizando el personal y suprimiendo jefaturas
El presidente de la Diputación de Valencia cobra casi 83.600 euros brutos anuales
¿Si lo ha podido hacer una entidad provincial por qué no lo pueden hacer, con otros parámetros, las otras 37 diputaciones de régimen común y las otras tres forales? Ahorrar en gastos de personal con un gran consenso entre los grupos parlamentarios con representación es posible. La Diputación de Valencia ha dado luz verde este jueves, en un pleno extraordinario, a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una reorganización de personal que contempla la supresión de varias jefaturas y supone un ahorro global de 185.000 euros para las arcas provinciales.
El presidente de la corporación, Vicente Mompó, ha agradecido el respaldo mayoritario de los grupos representados en la institución, destacando que esta medida “permitirá reordenar de forma justa y equitativa los recursos humanos de la Diputación, racionalizando el gasto y contando con el aval técnico de los habilitados nacionales, cuyo papel resulta clave para una gestión eficiente”. Mompó cobra 87.587 euros brutos anuales; los dos vicepresidentes de la institución provincial, 76.060 euros; los diputados con responsabilidad de gobierno, 73.180 euros, el resto de diputados, 58.178 euros; los que tienen una dedicación parcial del 75%, 54.885 euros; y los de la oposición, con parcial, ingresan 43.634 euros, según el acuerdo firmado al inicio del mandato, en julio de 2023 y sin computar posteriores incrementos salariales.
Mompó, líder provincial del Partido Popular y presidente de la Diputación desde 2023, ha insistido en la importancia de avanzar hacia una administración más funcional y sostenible. La propuesta, impulsada desde Presidencia y desarrollada por el área de Administración General —bajo la coordinación del diputado Ricardo Gabaldón— ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos salvo Compromís, que se ha abstenido.
En un comunicado consultado por este digital, Gabaldón ha puesto en valor el consenso político alcanzado en torno a una reforma que contempla “la amortización de jefaturas innecesarias y la supresión de puestos vacantes, con una reasignación de recursos ajustada a las necesidades actuales”. Además, ha subrayado que el proceso se ha desarrollado con “plena sujeción a los principios de legalidad, publicidad, transparencia y sostenibilidad económica”.
En concreto, la modificación de la RPT implica la creación de cuatro nuevos puestos y la eliminación de seis, afectando a una veintena de plazas. Entre ellas, se suprime la jefatura de Recursos Humanos, al considerarse carente de funcionalidad. Esta reestructuración busca mejorar la operatividad interna de los servicios y reforzar el apoyo técnico a los grupos políticos.
Redistribución del personal de apoyo a los grupos
Una de las principales novedades de esta reorganización es la redistribución del personal administrativo de apoyo a los grupos políticos. El nuevo esquema contempla cuatro puestos para el Partido Popular (13 diputados) y el PSPV-PSOE (12 diputados), dos para Compromís, y uno para Vox y Ens Uneix, en función del peso representativo de cada grupo.
El acuerdo, que había quedado pendiente en el pleno del pasado mes de febrero, se ha ratificado ahora con amplía mayoría. Durante la sesión, sin apenas intervenciones más allá de la exposición técnica, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha justificado la abstención de su grupo aludiendo a que están “a la espera de una futura modificación”, aunque ha reconocido “la buena coordinación mantenida con el señor Gabaldón”.
Por su parte, el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que es alcalde de Mislata, ha confirmado el voto favorable del PSPV, señalando que se han cumplido los compromisos alcanzados previamente. La modificación de la RPT cuenta con el informe favorable del secretario de la corporación provincial, quien considera que la propuesta contribuye a homogeneizar los puestos de trabajo y solventar “anomalías heredadas de etapas anteriores”. La reforma afecta no solo a los grupos políticos, sino también a áreas clave como Presidencia, Administración General, Carreteras, Cooperación, Bienestar Social, Hacienda y Turismo, así como a las delegaciones de Gestión Tributaria y Patrimonio.
