La percepción de corrupción sigue en niveles elevados en Cataluña. La Oficina Antifraude de Cataluña presentó hace unos días los resultados del Barómetro 2024, titulado "La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas". Este estudio, un documento de 55 páginas disponible en la página web de Antifrau y basado en una encuesta a 2.000 personas mayores de 16 años, revela que el 82% de la población considera que la corrupción en Cataluña es alta o muy alta. Esta cifra se mantiene en niveles similares a los de 2022 (80%), pero ha aumentado considerablemente en comparación con 2020, cuando era del 67%. Caber recordar que el director de la Oficina, Miguel Ángel Gimeno, cobra 11.550 euros brutos al mes, 161.701 euros anuales en 2024.

Aunque se había observado una tendencia a la baja desde 2014, los datos actuales reflejan un repunte hasta cifras similares a las de hace una década. En 2014, el nivel de percepción de corrupción alcanzó su punto más alto con un 82,2%, apenas dos décimas más que en la actualidad. Además, el 82,5% de los encuestados considera que la corrupción en Cataluña es un problema grave o muy grave, una cifra idéntica a la del estudio anterior.

La percepción varía según la edad: el 90% de los jóvenes entre 16 y 34 años cree que hay mucha o bastante corrupción, mientras que entre los mayores de 65 años este porcentaje desciende al 71%.

Desconfianza en la política y la transparencia institucional

La imagen de la política y sus representantes sigue siendo negativa. Un 65% de los encuestados cree que los políticos son poco o nada honestos, una cifra que se mantiene estable respecto a 2022. Además, el 80% percibe falta de transparencia en las decisiones públicas, y el 83% opina que los políticos no rinden cuentas de manera adecuada.

El 81% de la ciudadanía también percibe una relación excesivamente estrecha entre la política y el mundo empresarial. En cuanto a la financiación de los partidos, un 38% cree que estos recurren a métodos ilegales, un descenso respecto al 44% registrado en 2022. Por otro lado, la percepción sobre la honestidad del personal de la administración pública ha mejorado ligeramente: el 40% considera que es muy o bastante honesto, frente al 35% de 2022.

Sectores con mayor percepción de corrupción

Según el Barómetro, la corrupción se percibe como más extendida en ciertos sectores del servicio público. Las obras públicas encabezan la lista con un 69%, seguidas del urbanismo (64,5%) y la justicia (59%). Estas cifras son similares a las de 2022. En cuanto a las instituciones, los partidos políticos son los peor valorados en términos de corrupción (74,5%), seguidos de los medios de comunicación (61%) y las entidades financieras (60%). En el extremo opuesto, las universidades son percibidas como las instituciones con menor corrupción (36%).

Además, un 74,5% de los encuestados considera que las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés no son lo suficientemente transparentes. También existe escepticismo sobre la objetividad de los medios de comunicación al informar sobre casos de corrupción: el 68% cree que la información que difunden es poco o nada imparcial.

Transparencia y lucha contra la corrupción

Un 69% de la ciudadanía considera que las administraciones públicas son poco o nada transparentes, una percepción que no ha cambiado en los últimos años. Entre los principales motivos por los que la población no solicita información a la administración destacan la dificultad del proceso (42%), la falta de respuesta, el desconocimiento y la falta de tiempo. Sobre la lucha contra la corrupción, el 76% de los encuestados cree que un cargo público implicado en un caso de corrupción debería ser apartado de sus funciones de inmediato, mientras que el 17% opina que debería permanecer en su puesto hasta que se dicte una sentencia.

A la hora de denunciar la corrupción, la mayor dificultad señalada es la falta de pruebas (55,5%). Otras barreras incluyen la percepción de impunidad (34%), el miedo a represalias (31%) y el desconocimiento sobre dónde denunciar (21%).

Confianza y tolerancia

Entre las instituciones que inspiran mayor confianza en la lucha contra la corrupción, la Oficina Antifraude de Cataluña ocupa el primer lugar, con una puntuación media de 5,73 entre quienes la conocen (42% de los encuestados). Le siguen la policía (5,48), las ONG y asociaciones (5,19), la justicia (4,95) y, en último lugar, los medios de comunicación y la prensa (4,72).

En el Barómetro 2024 los índices de tolerancia, relativización y justificación de las conductas corruptas son elevados y se aprecian dificultades para identificar conductas corruptas. Por ejemplo, que una persona aproveche el cargo público para beneficiarse de él personalmente no lo consideran corrupto un 43% de los más jóvenes (de 16 a 24 años), mientras que el 29% del total no vería corrupción. Además, que un político vote un proyecto para favorecer a la empresa del hijo lo considera corrupción un 55% de los más jóvenes frente al 70% del total.

La conducta que más justificación recibe es, como en anteriores ediciones, empadronar un hijo en casa de los abuelos para que lo acepten en la escuela deseada (en una proporción mucho más alta, ya que el 42% lo encuentra mucho o bastante justificable, mientras que en 2022 lo aceptaba un 36%) seguida de llamar a un médico amigo para saltarse la lista de espera (26%) o no pagar el IVA correspondiente (25%). Estas conductas han disminuido en aceptación, puesto que en el anterior Barómetro los porcentajes se situaban en un 32% y un 29%, respectivamente.

Llaman la atención las cifras que evidencian las dificultades para identificar la corrupción en graves conductas, que casi serían la propia definición de corrupción. Por ejemplo, un 28% no considera corrupción que un empresario pague por obtener un contrato público frente al casi 22% de 2022, o un 29% no ve corrupción cuando una persona aprovecha el cargo público para un beneficio personal, un porcentaje de aceptación que sube 7 puntos respecto a la anterior ola.

Metodología del estudio

El Barómetro de Antifraude es un estudio bianual que se realiza desde 2010 para analizar la percepción de la corrupción en Cataluña, así como los niveles de transparencia e integridad en las administraciones públicas y las actitudes de la ciudadanía ante estos temas.