En su noveno año de funcionamiento, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, ha seguido desempeñando un papel clave en la garantía del derecho de acceso a la información pública de las administraciones, tanto autonómicas como locales, así como de otras entidades públicas. Durante 2024, los ciudadanos presentaron un total de 546 reclamaciones, reflejo de la creciente concienciación en torno a este derecho fundamental. La institución ha resuelto 498 y en casi la mitad de los casos la Administración Pública tuvo que contestar lo que en un principio no quería publicar. 

De estas reclamaciones, 127 fueron interpuestas por cargos representativos locales: 110 por concejales de ayuntamientos y 17 por vocales de juntas vecinales. Otros colectivos también destacaron, aunque en menor proporción, como representantes de empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas.

Tomás Quintana.

El uso de la sede electrónica del Comisionado ha facilitado el proceso para los ciudadanos: siete de cada diez reclamaciones fueron presentadas por esta vía, lo que evidencia una apuesta por la digitalización y accesibilidad en los trámites.

De las 546 reclamaciones, 351 se dirigieron contra entidades locales. Dentro de este grupo, los ayuntamientos concentraron la mayor parte, con 291 reclamaciones, seguidos de 34 reclamaciones contra entidades locales menores, 25 contra diputaciones provinciales y una dirigida a una mancomunidad. Por otro lado, 154 reclamaciones estuvieron relacionadas con las consejerías de la Administración autonómica y 21 con otras entidades del sector público autonómico. Asimismo, se registraron 7 reclamaciones relacionadas con universidades públicas de la Comunidad.

Razones de las reclamaciones

La principal causa de las reclamaciones fue la falta de respuesta por parte de las administraciones, que originó 386 de los casos, es decir, más del 71 % del total. Las 160 reclamaciones restantes se debieron a denegaciones expresas, justificadas en motivos como la protección de datos personales, la necesidad de reelaborar la información solicitada, solicitudes repetitivas o abusivas, la falta de disponibilidad de la información requerida, o que esta se encontraba en proceso de elaboración o de publicación general.

Los temas que suscitaron mayor número de impugnaciones incluyen empleo público, contratación, gestión de recursos públicos, sanidad, obras públicas, protección del medio ambiente y urbanismo, lo que refleja el interés ciudadano en la transparencia de estas áreas.

En 2024, la Comisión de Transparencia resolvió 498 reclamaciones. De estas, 329 se refirieron a entidades de la Administración local o su sector público, 136 a la Administración autonómica o su sector público, y el resto a universidades y colegios profesionales. En 234 resoluciones, la Comisión estimó parcial o totalmente las peticiones ciudadanas, obligando a las administraciones a proporcionar la información previamente denegada.

En 155 casos, la intervención de la Comisión resultó en que las entidades proporcionaran la información solicitada sin necesidad de que se dictara una resolución formal, lo que subraya su papel mediador y su capacidad para resolver conflictos de manera eficiente.

Por otro lado, 30 resoluciones confirmaron la legalidad de las denegaciones iniciales de información por parte de las administraciones, mientras que el resto fueron inadmisiones o desistimientos por parte de los solicitantes. Todas las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia, tanto las favorables como las desfavorables, están disponibles en la página web del Comisionado de Transparencia, garantizando así el acceso público a los detalles de cada caso y reforzando la credibilidad de este órgano.

Presidente y adjunta

El Procurador del Común de Castilla y León es Tomás Quintana López desde octubre de 2018. Es el equivalente al Defensor del Pueblo o al Síndic de Greuges (síndico de agravios) Cobró 84.104 euros brutos en 2024, además de 9.462 euros en concepto de trienios de antigüedad. En total, 95.567 euros, según la sección de Transparencia de la propia entidad. Por su parte, la portavoz adjunta, Alicia Carpintero Suárez, percibió, paradójicamente, un salario más alto: 89.413 euros y 4.731 euros de trienios. En total, 94.144 euros. Si comparamos, el presidente del Gobierno, Pedró Sánchez, cobró unos 90.400 euros en 2023 y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 79.027 euros en 2024.

El Procurador del Común de Castilla y León es una Institución propia de la Comunidad para la defensa y protección de los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Supervisa la actividad de la Administración autonómica, de los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León, de sus entidades locales menores y de los diferentes organismos que dependan de todas ellas. Es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía. 

Desde abril de 1993, Quintana ejerce como catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. A lo largo de su trayectoria, ha participado como autor y coautor en más de treinta libros y ha publicado más de setenta ensayos jurídicos en revistas especializadas en Derecho Administrativo. Sus contribuciones abarcan áreas como Derecho local, urbanismo, medio ambiente, Derecho veterinario, contratación pública, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial de la Administración y función pública.

Ha sido investigador principal en numerosos proyectos financiados por entidades públicas y acumula una destacada trayectoria científica avalada por los seis sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Su actividad investigadora incluye estancias en universidades de Europa y América Latina, enriqueciendo su perspectiva académica y jurídica.

En el ámbito institucional, ha ocupado diversos cargos en la Universidad de León, entre ellos secretario general, vicerrector, decano de la Facultad de Derecho, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y presidente de la Junta Electoral de la Universidad.

El 2 de enero, el Procurador Común publicó que había tramitado tramitado 2.273 expedientes, correspondientes a 1.918 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 144 actuaciones de oficio promovidas por la entidad.