Cataluña es un mundo aparte en lo que a sueldos públicos o privilegios económicos se refiere para su clase política. Una señal clara es que el presidente de la Generalitat de Cataluña es el cargo público electo mejor pagado de todo el país: Salvador Illa lleva unos meses en el cargo y su retribución actual es de 140.256 euros brutos anuales, según el Portal de Transparencia de la institución. Cobra más que el propio Pedro Sánchez, que el año pasado ingresó unos 90.400. Es un salario incluso más alto que el que percibía su antecesor, Pere Aragonès, de 137.506 euros. Y cuando cesan tienen derecho a percibir unas asignaciones costeadas por el erario. ¿Será el último expresident que lo haga? 

Esta pregunta está en el aire por la última proposición de ley presentada por Vox para eliminar los privilegios de carácter retributivo de los expresidentes de la Generalitat y del Parlament y que se ha publicado este miércoles en el boletín oficial de la cámara autonómica. Consideran que es un “despilfarro público” y que son pocas las regiones que disponen de este sistema. Hace poco más de un mes, conocimos que las Cortes Valencianas iban a implantar un ‘paro’ para sus diputados que cesen en el cargo, pero sin parecerse a las cantidades de la administración catalana. 

Foto de familia de los diputados de Vox en el Parlament (Vox).

En los Presupuestos de 2023 de la Generalitat se destinaron 950.000 euros en asignaciones a expresidentes del Parlament y de la Generalitat, 400.000 euros destinados a asignaciones a exconsejeros de la Generalitat y 252.000 euros destinados a las distintas oficinas de los expresi­dentes de la Generalitat. En total, son 1,6 millones de euros. Y en estas partidas todavía no se contemplaba la destinada a Aragonès, quien podrá cobrar durante más de un año y medio, aproximadamente, una remuneración de 110.004 euros al año (ha estado unos tres años en el puesto. Equivale al 80% de su retribución como presidente. Y tampoco se tenía en cuenta la de Anna Erra, que cesó de su puesto al frente del Parlament en el mes de junio. 

Todos ellos, al llegar a la edad de 65 años tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual correspondiente al ejercicio del cargo. El pasado año, Pasqual Maragall y Artur Mas cobraron 91.941 euros cada uno por esta razón, como ya contamos en este digital, mientras que Joaquim (Quim) Torra cuenta con una “asignación temporal” de 122.588 euros. Expresidentas del Parlament catalán como Núria de Gispert y Carme Forcadell llegaron a ingresar 79.999 euros. Recordemos que los cónyuges de los expresidentes o expresidentas también pueden percibir el 50% de la pensión vitalicia. Además de las retribuciones, los exmandatarios pueden disfrutar de su labor con tres puestos de trabajo asignados a su servicio, un presupuesto para gastos de oficina, un coche con chófer y la segu­ridad necesaria. 

Fue en el año 2003 con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat cuando aprobó este llamado Estatuto de los expresidentes. Vox, en su proposición, recuerda que Torra, en abril de 2020 y en medio de la pandemia de COVID-19, “según el cual se ponían en marcha medidas económicas, sociales y administrativas para combatir la situación, incluyó una disposición adicional cuarta con mejoras salariales de un 0,9% de las pensiones y asignaciones temporales”. Esto recuerda a la actualidad y es que la Generalitat Valenciana ha suprimido el tope salarial para los altos cargos al aprobar un decreto con medidas extraordinarias para la DANA para que su nuevo vicepresidente, un militar que estaba retirado, pueda cobrar más de 92.000 euros anuales.

Volviendo al caso de Cataluña, el partido de Santiago Abascal crítica que con la región “sumida en una profunda crisis económica”, es “totalmente incoherente, moralmente censurable e innecesario en todas sus formas el gasto dedicado a los expresidentes de la Generalidad y Parlamento de Cataluña”. En el texto presentado, argumentan que es “un despilfarro a las arcas públicas de la región que no genera ninguna contraprestación a cambio”. Su proposición de ley pretende derogar todos estos privilegios y que estos excargos tengan derecho “a las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social que les corresponda según la legislación vigente respecto a normativa pública y convenios aplicables”.

Esta propuesta ha sido entregada por el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento catalán, Joan Garriga, y el portavoz adjunto, Sergio Macián. Ambos cobran por su cargo del Parlament