El Gobierno quiere reforzar la protección de los clientes de entidades financieras, pero ¿a qué coste? Esta acción se hará efectiva con la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una figura que lleva intentándose poner en marcha desde el año 2022. En esta ocasión, se han vuelto a encontrar con la negativa del Partido Popular a esta iniciativa al considerar que supone un coste económico excesivo e innecesario por contener una estructura compleja.

A través de esta Autoridad, los clientes financieros podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, “lo que redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio”, considera el Ejecutivo nacional. Se ubicará en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa dirigido por Carlos Cuerpo, aunque fue impulsada por la anterior ministra, y vicepresidenta, Nadia Calviño, quien cobró 90.735 euros brutos en 2023 antes de abandonar el cargo para presidir el BEI, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. 

Cuerpo ha defendido de que la figura permitirá un “ahorro en términos de costes, tiempo e incertidumbre”. Esta nueva institución centralizará los actuales servicios de reclamaciones de diferentes instituciones estatales. Primero, del Banco de España, cuyo gobernador es ahora José Luis Escrivá, quien podrá acceder a un sueldo público de 206.603 euros, la cantidad fijada para el año 2023. Se incumbe también en las competencias que tenía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en este sentido. Su presidente es Rodrigo Buenaventura con una retribución de 169.227 euros, la misma cifra que también percibe la vicepresidenta de la entidad, Montserrat Martínez. Y, por último, asumirá parte de la labor de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del propio ministerio, encabezada por José Antonio Fernández, el mismo que cobró 117.488 euros por estar al frente de este cargo.

Evidentemente, estos sueldos se seguirán pagando, y también conllevarán un coste los que se creen con la nueva entidad. Cabe destacar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se opone a la creación de esta figura que considera “inconstitucional” por invadir sus competencias. 

¿Sueldos ‘cienmileuristas’?

La Autoridad contará con una Presidencia, de la que todavía no se conoce quien ocupará y tampoco se ha hablado sobre sus posibles retribuciones. Por comparar, podría ser similar a la ya existente Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, tiene como presidenta actualmente a Cristina Herrero y tiene un salario fijado de 164.972 euros para este 2024, según Transparencia del organismo. Los ‘antecedentes’ apuntan a que el titular de esta nueva figura será ‘cienmileurista’. 

Presidencia y Vicepresidencia del ente “deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional y acreditar para su designación que poseen conocimientos y experiencia profesional adecuados de, al menos, diez años y un reconocido prestigio en el ámbito jurídico, económico o financiero, así́ como en materia de protección de los clientes financieros, y no incurrir en potenciales conflictos de interés como consecuencia de sus actividades anteriores ni en incompatibilidades”, señala el proyecto ley del mismo. Serán nombrados por acuerdo del Consejo de Ministros en un mandato de seis años no renovable. No se hace mención alguna a s tendrán consideración de alto cargo, nivel directivo o rango (secretario de Estado o subsecrtario, por ejemplo).

Por otra parte, existirá un Consejo Rector y que su estructura se organizará en direcciones generales, sin detallar el número de las mismas, que no tendrán consideración de alto cargo, sino de personal directivo profesional. Serán nombrados “de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad, entre quienes cuenten con experiencia de al menos diez años en materias propias de la Dirección correspondiente”, dice el texto legal. Serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones, así como los vocales que tendrán cierta independencia. Contará́ también con una Secretaría General, bajo la inmediata dirección de la persona titular de la Presidencia, a la que le corresponde la prestación de los servicios comunes de la Autoridad. Además, el Consejo de Ministros aprobará el estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que desarrollará su organización y funcionamiento interno.

Financiado por tasas

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero contará con autonomía e independencia funcional y se financiará, cuando su actividad esté en pleno funcionamiento, a través de tasas: 250 euros por cada reclamaciones admitidas por las entidades financieras. Además, para garantizar la homogeneidad de criterios en la resolución de las reclamaciones, se prevé la existencia de una cuestión de unificación de criterio que resolverá una Sección Especial. Por otro lado, con el fin de evitar abusos, la Autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un periodo de un año presentando reclamaciones que resulten infundadas tal y como decía el comunicado del Ministerio en 2022, aunque el texto del Proyecto de Ley de abril de este año detalla:

Una vez dictada la resolución que acuerde la inadmisión y que esta sea firme (...) se podrá imponer una multa de entre 50 y 200 euros cuando, de forma reiterada en un período de un año, se hayan inadmitido reclamaciones presentadas por el mismo reclamante (...). No obstante lo anterior, el límite superior de dicha multa, en caso de reincidencia, se elevará a lo siguiente: a) 300 euros la segunda vez que se le imponga esta multa al reclamante; b) 400 euros la tercera vez; c) 500 euros a partir de la cuarta vez.

La Autoridad dispondrá de un Comité Consultivo, un órgano de asesoramiento integrado por el presidente y el vicepresidente de la Autoridad, además de por 12 miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, las patronales del ámbito financiero y representantes de las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos expertos independientes, del ámbito académico, con conocimientos en materia financiera.