El 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Acceso a la Información. Es una fecha que empezaron a conmemorar un pequeño grupo de activistas de la sociedad civil de todo el mundo en Sofía (Bulgaria) ese mismo día, pero de hace 21 años, en 2002. El cambio ha sido brutal porque ahora la Naciones Unidas y la UNESCO, organismos internacionales oficiales, también lo celebran en todo el mundo.

Desde que se puso en marcha esta jornada los tribunales internacionales de derechos humanos y las organizaciones intergubernamentales, así como los tratados de la Unión Europea y muchas constituciones nacionales, han reconocido un derecho fundamental de acceso a la información, según un comunicado de la organización Access Info, dedicada a mejorar la calidad democrática de las instituciones.

Su directora, Helen Darbishire, una de las personas que ideó el Día del Derecho a Saber, reconoce que sigue habiendo desafíos y recomienda que los ejecutivos de toda Europa tomen buena nota de estas prioridades para garantizar que este derecho se cumpla de manera correcta:

Leyes de acceso a la información más sólidas

Europa tiene países con una larga tradición de transparencia, en particular los países nórdicos, liderados por Suecia con su ley de 1766 (no es un error, la norma es del siglo XVIII bajo el reinado de Gustavo III de Suecia) en contraste con leyes mucho más jóvenes: Luxemburgo en 2018 y Andorra en 2021. Sobre el papel, las leyes van desde las más fuertes, por ejemplo, Serbia, con 135 puntos sobre 150 en la clasificación global de RTI*, hasta leyes increíblemente débiles, en particular Austria, con solo 33 puntos. Es necesario combinar la reforma legislativa –al menos para adecuarlas a las normas mínimas del Convenio de Tromsø del Consejo de Europa– con el fortalecimiento de una cultura de transparencia y una mejor aplicación en la práctica.

Equilibrio entre la privacidad y la protección de datos

Existe un problema en la UE y en toda Europa, en el que la protección de datos se ha convertido en una excusa importante para no proporcionar información, incluso cuando se trata de funcionarios públicos de relativamente alto nivel que desempeñan funciones públicas con fondos públicos. Como resultado, a menudo es difícil obtener una transparencia total en la toma de decisiones, lo que limita la rendición de cuentas. Esto tiene que cambiar, a través de una reforma legal cuando sea necesario, pero más a través de garantizar un mejor equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos.

Datos abiertos para combatir la corrupción y proteger el medio ambiente

Los estudios de datos abiertos muestran que se dispone de muy pocos datos relacionados con los desafíos apremiantes relacionados con la corrupción y el medio ambiente. Los datos sobre el gasto público, las adquisiciones, así como los grupos de presión (lobbies) y la propiedad de las empresas deben recopilarse y abrirse.

Mientras tanto, los gobiernos no recopilan o no publican información ambiental clave, como las vulnerabilidades de un país al cambio climático. Dichos datos deben priorizarse para su apertura a través de una publicación proactiva.

Transparencia para una tecnología fiable

Dado el rápido aumento del uso de algoritmos e inteligencia artificial por parte de los organismos públicos para la toma de decisiones, existe una necesidad urgente de garantizar la transparencia de los datos de entrada y salida (debidamente anonimizados cuando proceda) y que existan evaluaciones de los impactos y sesgos (como los sesgos de género o raza) que también se hagan públicas.

En el lado positivo, Access Info señala la importancia de la transparencia en las democracias modernas y el crecimiento de una comunidad global de actores como la Alianza para el Gobierno Abierto, que reúne a 75 gobiernos, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Darbishire argumenta que “¡ya es hora de que veamos el pleno respeto de este derecho! Deben publicarse muchos más datos de forma proactiva y las solicitudes deben responderse de forma rápida y completa, con solo limitaciones mínimas y realmente necesarias en el acceso. Adoptar estas prioridades es la mejor manera en que los gobiernos pueden celebrar el Día Internacional del Acceso a la Información. Por su parte, la directora adjunta, Rachel Hanna, sostiene que “si bien hemos visto un crecimiento en la adopción de garantías legales de acceso a la información en todo el mundo, es necesario implementar y hacer cumplir adecuadamente en la práctica si queremos cumplir con el ODS 16.10 antes de la fecha límite de 2030”.

*La Clasificación Global del Derecho a la Información (RTI Rating) es una herramienta líder a nivel mundial para evaluar la fortaleza de los marcos legales nacionales para acceder a la información que poseen las autoridades públicas.