¿Te imaginas que una parte de un complemento salarial que cobras depende de una autoevaluación? Es decir, tú mismo decides si te mereces cobrarlo, a partir de la nota que te pones. La otra parte depende de la calificación que recibes de tu jefe. Esta semana el Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un modelo de autoevaluación de competencias para más de 40.000 funcionarios. No es algo nuevo. El comunicado del martes es parecido al publicado en enero de 2022. Cambian algunas frases y la partida presupuestaria destinada. El citado modelo está orientado “a resultados, la iniciativa, la adaptabilidad y el trabajo en equipo”.

Así, estos trabajadores, personal administrativo, técnico y laboral de la Generalitat cobrarán este importe en su nómina de diciembre. Todo dependerá de una evaluación en dos fases. Primero, con el ‘examen’ del superior jerárquico, con un valor del 60% y al mismo tiempo una autoevaluación con una puntuación del 40% del propio empleado. Con ello también se pretende la mejora continua de las personas y la organización, según el texto publicado por el Ejecutivo de Pere Aragonès este martes y consultado por este digital. 

Palau de la Generalitat de Cataluña.

Para el presente ejercicio, la partida destinada asciende a 18,25 millones de euros. La media, para cada trabajador, ronda los 450 euros. La propuesta ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Generalitat de Cataluña (MEPAGC). Anna Maria Molina es la directora general de Función Pública de la Generalitat y tiene una retribución asignada de 92.259 euros brutos anuales. Es un alto cargo perteneciente al Departamento de la Presidencia.

En enero de 2022, El Periódico se hacía eco del comunicado de la Generalitat y detallaba que el 40% de la evaluación la realizará el propio trabajador y el 60% restante su superior jerárquico, sobre una puntuación final de 20 puntos. En suma, si el empleado público saca menos de un 9 sobre 20 no percibirá el plus. En cambio, si saca más de un 9 sobre 20 cobrará la parte proporcional a la nota y si obtiene 18 puntos sobre 20 cobrará el complemento entero. El año pasado oscilaba entre 426 y 862 euros, según el salario y la categoría. Sin embargo, el empleado no ve un euro si la Administración le impone una falta grave por motivos disciplinarios.

Eso sí, no optan a la productividad ni el personal docente, ni los sanitarios, entre otros colectivos de la función pública con regímenes propios de remuneración. Tampoco el personal de libre designación el Govern, (los nombrados ‘a dedo’) según el rotativo catalán. En 2022, la partida fue de 25,6 millones, ya que incluía el 50% de 2021. En dos años, casi 44 millones en productividad. De media, son más de 1.000 euros por empleado.

Sin el correspondiente plus de productividad los sueldos de los funcionarios en el organismo van desde los 18.725 euros, el más bajo, hasta los 76.762 euros. Siempre dependiendo del nivel del grupo funcionarial y del salario base, complemento de destino y específico, que varía entre sí y sin contar los trienios de antigüedad, ni las pagas extraordinarias, según las tablas salariales de la Generalitat de 2023.

Este logro laboral, inexistente para los 3,3 millones de autónomos que hay en España, se acordó entre la Conselleria de Presidencia y los sindicatos de la función pública. Tanto los funcionarios como el personal laboral recuperaron de esta manera un derecho que la propia Generalitat en 2012, en plena Gran Recesión, junto con dos pagas extraordinarias.

Nivel estatal

Llevamos más de una década hablando del famoso y opaco complemento de productividad en la Administración General del Estado, especialmente en los altos cargos ministeriales, segundos y terceros escalones, que permite a secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y directores de Gabinete, entre otros, cobrar más que el ministro que los nombró. El Portal de la Transparencia publica a año vencido una cifra anual bruta de la retribución total, incluidos los trienios en caso de que dicho alto cargo sea funcionario.

Solo si no es funcionario y haciendo una resta entre lo publicado en el Portal y la retribución asignada en los Presupuestos de cada año que se publican en el BOE podemos dar con la cifra exacta de cuánta productividad ha concedido tal ministro a los componentes de su equipo. La conclusión más evidente, la que más llama la atención es que los secretarios de Estado acaban cobrando más de 100.000 euros brutos anuales. En este digital ya comentamos el caso de Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, que con un ‘sueldo’ menor que en su anterior puesto, cobraría el doble por este complemento.

Este va destinado, según el Boletín Oficial del Estado en un decreto de 1986, “a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo”. Con ello, tampoco se precisan unas bases para su evaluación. Y lo concede el titular del departamento siempre que haya disponibilidad.

Los altos cargos de la Administración General del Estado también reciben este complemento de productividad. Entre ellos, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y asimilados, así como funcionarios y puestos de libre designación, los nombrados ‘a dedo’.

Tal y como se recoge en los Presupuestos de 2023, percibirán el mismo dependiendo del que determine cada Departamento ministerial u organismo público, dentro de su crédito total disponible. La valoración de la productividad se realizará “en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño de este y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa”. Es decir, en ningún momento depende del propio trabajador como sí acoge el modelo del Govern de Cataluña.

Además, “en ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos”. Con todo esto, sigue sin aclararse o hacerse transparente cómo se fija la cuantía, el esfuerzo o incluso el crédito que se destina para ello.

La mayoría de estos cargos dentro del Gobierno español llegan a sueldos que superan los 100.000 euros y esto no podría ser posible sin la remuneración por productividad. Por poner un ejemplo, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, que depende del órgano de la Presidencia, cobró 122.894 euros en 2022. Atendiendo a su sueldo base, complemento de destino y específico, la cifra solo es de 74.891 euros, además de las dos pagas extraordinarias de 2.697 euros cada una. En total, 80.225 euros. El resto, 42.669 euros, se lo debe al opaco complemento que, en su caso, le concede Pedro Sánchez. No es el único en el Ejecutivo.

Una nueva ley y complementos

En 2022, el Ejecutivo español aprobó la Ley de Función Pública en el que se establecieron dos nuevos complementos para los empleados públicos.

El primero es el complemento de carrera que “retribuye la progresión alcanzada en el sistema de carrera profesional recogido en la presente ley” y que es igual para los funcionarios del mismo grupo o subgrupo. Por otra parte, el complemento de desempeño sirve para retribuir “el rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos”.