El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Nuñez-Feijóo, presentó este martes, a unos días para que arranque la campaña electoral, su programa de cara a las elecciones del 23 de julio. En él propone 365 medidas para una reconstrucción económica, social e institucional de España. Entre sus puntos primordiales está el “crecer de forma sostenible” relacionado con la economía, “cuidar y prosperar” en referencia a España como país y sus ciudadanos, “regenerar y respetar” el valor de las instituciones, la política y la convivencia, “servir” por la Administración, y “liderar e influir” en la Unión Europea e internacionalmente. En Sueldos Públicos hemos puesto el enfoque en las medidas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y en las retribuciones.

La Administración pública

El PP marca como objetivo “atraer y retener talento en la Administración”. Es decir, los funcionarios y empleados públicos que la forman. Para ello, pretenden lanzar un programa plurianual de talento público para analizar las necesidades de personal, conocimientos o competencias y, de esta forma, mejorar la planificación de estas ofertas públicas para los empleados. También plantea incentivar y reforzar la formación de ellos en vistas a los cambios de la sociedad e implantar un sistema de evaluación para conocer el esfuerzo y dedicación de los mismos. “Revisaremos la estructura retributiva” con el objetivo de facilitar la atracción de talento también es otra propuesta. Es decir, el programa del PP aboga por analizar cuánto cobran los empleados públicos de la Administración General del Estado y ver de qué manera se les puede motivar para que ganen más. A cambio, evaluarán su rendimiento e implicación.

En lo que respecta a los nombramientos de directivos públicos, se requerirán criterios de experiencia y cualificación adecuados para el puesto que ejercerán. Según el documento, para “garantizar su profesionalidad”. No cualquiera puede estar al frente de empresas públicas y es necesario recalcarlo, puesto que ya ha habido casos llamativos en los gobiernos de Pedro Sánchez. En 2018, el PSOE puso al frente de ENUSA, una empresa encargada de gestionar suministro de uranio, a José Vicente Berlanga, que era licenciado en Filosofía y que no tenía formación en el sector industrial, aunque era próximo a José Luis Ábalos, ministro de Fomento en aquel período. Tal y como publicamos en este digital, Berlanga llegó a cobrar 601 euros brutos al día en ese mismo año. En diciembre de 2021 cesó. Una situación similar ocurrió con Susana Hernández, era enfermera y exsenadora del partido socialista. En 2020, fue nombrada presidenta de Sainsel, una empresa estatal de tecnología naval.

Además, quieren incorporar mecanismos como el de rendición anual de cuentas en el Congreso, que también relacionan con la profesión docente y las universidades españolas. ¿Qué quiere decir esto? Desde la institución se cumplirá con el deber y la responsabilidad de explicar o dar a conocer a los ciudadanos sobre el trabajo del ámbito público y sus resultados. De esta forma, buscarán aprobar el Estatuto del directivo público profesional. El Partido Popular también tiene el objetivo de restaurar la competencia nacional sobre la planificación y selección de los usuarios en la Administración local y así salvaguardar una oferta suficiente para cubrir las jubilaciones.

Transparencia en diversos ámbitos

El programa de Feijóo lleva por bandera la transparencia. No en vano, la entonces vicepresidenta del Gobierno con Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, lideró la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que entró en vigor en 2013, pero que adolece de graves deficiencias, como recordó Access Info en 2021. La propuesta es desarrollar este valor en diversas esferas. En el sistema de pensiones, para que los trabajadores puedan tener una estimación futura o en la concesión de subvenciones culturales. En los fondos europeos se conocerán los datos de ejecución final, mientras que en la cadena alimentaria haya una formación de precios. Por lo que respecta a la innovación o calidad sanitaria pretenden establecer “un modelo común y eficaz de evaluación de innovación y tecnologías”.

Se ha incluido también en la Ley Consejo del Estado en lo que respecta a sus decisiones como máximo órgano consultivo y su intervención asesora. Las memorias económicas de las leyes también gozarán de transparencia. Así como en los mecanismos de un nuevo régimen jurídico del fiscal general del Estado para desvincularlo del Poder Ejecutivo. De igual forma, desvela un compromiso por utilizar de forma responsable los medios públicos a disposición en los desplazamientos y por la transparencia en su uso. Además, dentro de la digitalización quieren garantizar los derechos individuales mediante la transparencia de los algoritmos públicos, en los datos de las Administraciones públicas y en el uso de instrumentos.

Con todo, uno de los objetivos más importantes que se desgranan del programa es la mejora de la Ley de Transparencia de 2013. Así quieren reforzar “el derecho de acceso a la información pública y la capacidad de respuesta del Consejo de Transparencia y Buen gobierno y el cumplimiento de sus resoluciones”. Una institución, la nombrada, a la que se le pide que se le incluyan más funciones como el de un régimen sancionador. Hay que recordar que esta ley permite el acceso, en nuestro caso, a las retribuciones, ingresos o sueldos públicos de los protagonistas del ámbito político. Una herramienta básica son los llamados ‘Portales de Transparencia’.

Este compromiso va unido al de transparencia o gobierno abierto, entre otros. Es nada más ni nada menos que una forma de la función del poder relacionados con la eficiencia, la rendición de cuentas que hemos nombrado anteriormente, así como la participación de los ciudadanos. Feijóo en sus propuestas de cara al 23J se refiere a este concepto en los ámbitos de lainteligencia artificial y la actuación administrativa, el funcionamiento de las instituciones del Estado y en el uso de los recursos públicos.