En la primavera de 2014, un artículo de The New York Times publicado en el diario El País atrajo mi atención: “Los canales de televisión rusos -controlados por las más altas esferas del Kremlin- emiten día tras día exageraciones, teorías de la conspiración y mentiras sobre la crisis en Ucrania”. Describía mentiras flagrantes y propaganda agresiva con el objetivo de desorientar al contrario y ganar tiempo -una ventana de apenas unas horas- para ocupar Crimea. “La guerra de la desinformación” (Herszenhorn, 2014) constataba así un hecho fundacional: Rusia iba más allá de la propaganda tradicional y emprendía su primera acción desinformativa organizada con las herramientas del siglo XXI y con su consideración formal de estrategia de guerra híbrida.

Así empieza el prólogo de la tesis doctoral de Beatriz Becerra“El papel disruptivo de la desinformación en la agenda de la Unión Europea. Un análisis de actores, intereses y decisiones”. Los directores de la tesis fueron la profesora doctora Carmen Navarro y el catedrático emérito profesor Joaquim Molins. El texto se presentó el 9 de mayo de este año en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La defensa de la misma tuvo lugar el 20 de junio de 2022. El tribunal lo formaron los doctores Manuel Arias Maldonado (UMA), Máriam Martínez Bascuñán (UAM) y Jorge Tuñón (UC3).

Reproducimos algunos de sus pasajes, a modo de síntesis:

Esta investigación tiene como objetivo explicar los patrones de incorporación de la desinformación en la agenda política europea entre 2016 y 2019, a través de una descripción analítica y estructurada del surgimiento y evolución del fenómeno y de sus actores, intereses y decisiones, así como identificar las claves de una estrategia y plan de acción efectivos en la Unión Europea para confrontar con éxito dicho fenómeno.

Además de su descripción consensuada como problema, su entrada en la agenda y la identificación de los actores e intereses relevantes en ese proceso, el objetivo esencial de este estudio es también reflexionar sobre todas las opciones pasadas y futuras del combate contra la desinformación. El carácter disruptivo del fenómeno, su capacidad de alteración profunda de la agenda política, y la multiplicidad de actores, interés y decisiones involucrados (tanto en dicha capacidad de establecimiento de agenda como en la necesidad de tomar medidas políticas de carácter nacional y supranacional), cimentan el interés de investigar todos esos elementos desde la perspectiva de las políticas públicas.

Con una orientación empírica, a partir de datos propios y con el método deductivo como metodología de investigación, esta tesis busca dar respuesta a las preguntas sobre cómo y por qué ha entrado el problema de la desinformación en las agendas públicas y en particular en la de la Unión Europea, cuáles son los actores e intereses que acompañan esta entrada y qué intervenciones públicas podrían ponerse en marcha para abordar el problema. La tesis plantea el fenómeno de la desinformación como cuestión relevante y altamente analizada desde los estudios de comunicación, pero en menor medida desde las políticas públicas, por lo que propone un análisis del proceso de agenda-setting en la Unión Europea utilizando el Marco Teórico de las Corrientes Múltiples y Ventana de Oportunidad de Kingdon. Adicionalmente, el estudio plantea una dimensión aplicada, proponiendo recomendaciones para abordar el problema desde las políticas públicas.

El trabajo emplea una metodología cualitativa que contrasta las hipótesis a través del análisis de documentos y de los datos propios obtenidos a partir de las 20 entrevistas en profundidad realizadas a interlocutores de alta cualificación (Comisión Europea y Parlamento Europeo, Grupo de Expertos de Alto Nivel, think-tanks europeos, referentes académicos y de fact-checking, medios de comunicación nacionales y europeos e instituciones españolas como el Centro de Seguridad Nacional y expertos en seguridad y amenazas híbridas del gobierno de España).

Este estudio persigue, por tanto, analizar por qué la desinformación es un problema relevante sobre el que los gobiernos se han visto obligados a actuar, con qué preocupaciones de la ciencia política entronca, explicar las razones que justifican su análisis riguroso, ordenar la información disponible para identificar los principales actores, intereses y decisiones, analizar el fenómeno a la luz de la documentación académica, periodística y normativa existentes, y proponer nuevas orientaciones para la acción desde la perspectiva de las políticas públicas.

Definición de desinformación

Consideramos como definición consensuada de facto la formulada por la Comisión Europea (2018): “información verificablemente falsa o engañosa que, de manera acumulativa, se crea, presenta y difunde con fines de lucro económico o para engañar intencionalmente al público; puede causar daño público, con la intención de amenazar a la política democrática y a los procesos de formulación de políticas, así como a bienes públicos como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE. La desinformación no incluye errores de informe, sátira y parodia, ni noticias y comentarios partidistas claramente identificados”, siendo el objetivo de la desinformación “distraer y dividir, plantar semillas de duda distorsionando y falsificando hechos, confundiendo así a las personas y debilitando su fe en las instituciones y los procesos políticos establecidos”.

Recomendaciones

Regulación de las plataformas on line

El poder emancipador de Internet depende de su naturaleza igualitaria. Para contrarrestar el autoritarismo digital, las democracias deben garantizar que las regulaciones permitan a los usuarios expresarse libremente, compartir información a través de las fronteras y hacer que los poderosos rindan cuentas. De lo contrario, las nuevas tecnologías pueden servir para reforzar y acelerar el declive global de la democracia.

Se recomienda de forma prioritaria incrementar la exigencia de transparencia sobre los algoritmos, incluidos los utilizados para las recomendaciones. Esta información de origen reforzaría significativamente la autopercepción de autonomía y control de los usuarios sobre cómo funcionan los sistemas con los que interactúa, y posibilitaría una transición progresiva hacia un equilibrio: sólo si conoces cómo funciona una herramienta puedes utilizarla adecuadamente y acomodarla a tus necesidades. Las propias empresas tecnológicas están dando claras muestras de estar asumiendo un reposicionamiento estratégico a este respecto. El caso más significativo, nuevamente, es Facebook (ahora Meta), la corporación más poderosa en términos de alcance, usuarios y redes propias (Facebook, Instagram y WhatsApp).

Es poco probable que en los próximos años tenga lugar una redefinición legal de las plataformas online por la que pasen a ser consideradas empresas de medios de comunicación. Aunque realicen funciones evidente y mayoritariamente de medios de comunicación, haría falta un proceso judicial similar (aunque exponencialmente más complejo) que el que llevó a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera que Uber era una empresa de transporte, y no una plataforma de contacto entre particulares, puesto que ese servicio prestado de puesta en contacto “está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes” (TJUE, 2017).

Adaptación de las políticas de medios de comunicación

Para crear pilares de confianza, recomendamos la continuidad de los programas de apoyo al periodismo de investigación, el periodismo independiente y la cooperación periodística en los Estados miembros iniciados por la Comisión Europea en 2019: ese imprescindible, poderoso y amplio “porcentaje de información confiable” al que aludíamos antes como imprescindible para diluir la desinformación.

Asimismo, proponemos mejorar los actuales servicios de verificación de datos a través de financiación específica a verificadores independientes (una vez garantizado por ley su acceso al tráfico anonimizado de datos de las plataformas).

Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, institucionales y gubernamentales

Hay un elemento radicalmente importante aún pendiente de incorporar a las políticas contra la desinformación: la participación formal, estructurada y activa de los ciudadanos. No sólo como receptores pasivos de iniciativas de alfabetización digital o mediática (por muy necesarias que sean) y como titulares de derechos y libertades fundamentales (que lo somos) para cuya preservación debemos ser muy cuidadosos con soluciones legislativas restrictivas. También en la asunción de compromisos y tareas desde la sociedad civil, tal y como se requiere de los gobiernos nacionales, medios de comunicación, instituciones académicas y principales actores empresariales.

La responsabilidad compartida de salvaguardar el derecho de los ciudadanos de la UE a una información real, objetiva y fiable implica necesariamente mantener el esfuerzo conjunto de instituciones y gobiernos, además de empresas, medios, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Pero proteger la independencia y libertad de los procesos electorales democráticos europeos exige una constante coordinación y preparación de los poderes públicos particularmente responsables, así como el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas.

Para hacer efectiva esa salvaguarda de derechos y protección de procesos democráticos por parte de instituciones y gobiernos, nuestras recomendaciones se centrarían en:

• Dotar de los recursos presupuestarios nacionales necesarios a los principales servicios públicos involucrados.

• Adoptar la calificación de infraestructuras críticas para los procesos electorales, los parlamentos, los senados y los partidos políticos.

• Reforzar la respuesta europea común a las operaciones de influencia exterior.

Beatriz Becerra (Madrid, 1966)

Doctora Cum Laude en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, MBA Executive por IEDE, Máster en Dirección de Recursos Humanos por CEF, posgrado en Marketing por la Cámara de Comercio de Madrid, en Dirección Estratégica por la Universidad Politécnica y en Dirección de Entidades sin Fines de Lucro por la UNED.

Desde julio de 2020 es directora general de Participación Ciudadana, Acción Exterior, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Según la web municipal, percibe 75.130 euros brutos en 2022.

En la legislatura 2014-2019 fue eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y miembro de las comisiones de Desarrollo, Peticiones y Derechos de la Mujer. Ha sido miembro del Comité de Dirección y Responsable de Comunicación del partido político UPyD entre 2009 y 2014. Antes desarrolló su carrera profesional durante casi veinte años como directiva en empresas multinacionales de entretenimiento (CBS, Paramount-Universal, Disney, Sony y Discovery Networks) en las áreas de ventas, marketing y comunicación.

Colaboradora habitual de medios de comunicación nacionales e internacionales, tiene una dilatada trayectoria como docente en másteres y seminarios sobre gestión, marketing, comunicación y publicidad, y también sobre derechos humanos, prevención de la radicalización, Agenda 2030, igualdad de género, ciberseguridad y desinformación.

Ha publicado tres novelas (Las criadas de Caifás, La reina del Plata y La estirpe de los niños infelices) y el ensayo político Eres liberal y no lo sabes.

Es embajadora europea de la Iniciativa Global Inspiring Girls de Miriam González y miembro del Consejo Asesor de Societat Civil Catalana y del Comité Científico de UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación) en su sede española en Málaga.