sábado, 28 de mayo de 2022

​El Consejo de Transparencia avisa: las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, lo que más esconden las instituciones analizadas

Su presidente cobró más de 21.000 euros brutos por dos meses y seis días de trabajo en 2020

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Cumplimientos a medias, omisión de datos obligatorios e información dispar sin referencias temporales. Este lunes, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), ha publicado el Informe de evaluación sobre Comunidades y Ciudades Autónomas. El documento recoge los resultados agregados de la revisión del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa correspondientes a las Comunidades Autónomas que fueron evaluadas en 2020. 


Son las regiones con las que el CTBG ha suscrito un convenio de colaboración para la resolución de las reclamaciones por denegaciones de solicitudes de acceso a información pública: Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, La Rioja, Madrid, Melilla y Principado de Asturias. Recuerda que en julio de 2021 el propio Consejo tuvo que aclarar que no se había suspendido la evaluación del cumplimiento de la ley de Transparencia en 2020 por motivo de la pandemia de la Covid-19.


Según datos del propio ente, su actual presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, cobró 21.117 euros brutos, incluidos ocho trienios de antigüedad por su trabajo de dos meses y seis días, entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2020. Por el contrario, el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, 92.184 euros, con 12 trienios; la subdirectora general de Reclamaciones, 84.892 euros, con cuatro trienios; el vocal asesor, 93.539 euros, con 14; la directora de la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales, 86.859 euros, con seis; y la jefa de la Unidad de Apoyo, 81.443 euros, incluidos cuatro trienios. La información sobre los salarios en 2021 todavía no se ha publicado.


José Luis Rodríguez Álvarez

El presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez.


El CTBG señala que se efectuaron 109 recomendaciones a las ocho instituciones evaluadas en 2020. En promedio, se realizaron casi 14 recomendaciones por institución. De ellas se han aplicado 27, lo que supone un 24,8% del total. Una de las instituciones evaluadas no aplicó ninguna de las recomendaciones mientras que un 62,5% aplicó entre el 20 y el 40%.


La totalidad de las comunidades y ciudades autónomas evaluadas dispone de un Portal de Transparencia en su web institucional. Un 87,5% da acceso a este Portal mediante un banner ubicado en un lugar visible de la página principal mientras que el 12,5% restante enlaza a su Portal a través de un enlace dependiente de alguno de los accesos principales de la página de inicio.


La información se estructura conforme a los bloques de obligaciones en materia de publicidad activa que establece la Ley de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG) o la norma autonómica en el 62,5% de los casos. Un 25% adicional presenta la información obligatoria organizada, pero siguiendo un patrón diferente del establecido por la LTAIBG o la norma autonómica. Sólo en uno de los casos la información está dispersa sin que se observe un criterio de ordenación claro. Un 37,5% de los ocho territorios analizados publica informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa en otros apartados de su web institucional distintos del Portal de Transparencia.


El principal déficit de publicación de contenidos obligatorios se localiza en la publicación de los informes de seguimiento o evaluación de los planes y programas: más del 56% no publica esta información. En cuanto al Registro de Actividades de Tratamiento, tres de las ocho instituciones evaluadas no lo publican o bien la publicación es parcial al limitarse a las actividades de tratamiento de parte de las Consejería que integran el gobierno autonómico.


Consejo de Transparencia y Buen Gobierno


Respecto del cumplimiento de los requisitos de calidad de la información que establece la LTAIBG, el principal déficit se localiza en la carencia de referencias que permitan conocer si la información publicada está vigente. Es decir, si los datos son actuales. Tan sólo un 60% de las informaciones de este bloque de obligaciones contiene alguna referencia temporal.


Los contenidos que presentan un menor nivel de publicación son los relativos a las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo -sólo publica información un 33,3% de las instituciones a las que es aplicable esta obligación- y los datos estadísticos sobre contratación que publica solamente un 37,5% de las instituciones evaluadas.


Una cuarta parte de las instituciones evaluadas no publica información sobre sus bienes patrimoniales. Nuevamente la falta de referencias a la última fecha en que se revisó o actualizó la información es el principal déficit que presenta este bloque de obligaciones. El índice de cumplimiento global se sitúa en el 79,4%, con una variabilidad de entre el 0 y el 100%. Respecto de2020 se ha incrementado en más de 9 puntos porcentuales.


La falta de publicación de informaciones obligatorias, el uso de fuentes centralizadas para la publicación de algunas informaciones del bloque información Económica, Presupuestaria y Estadística y la carencia de referencias que permitan conocer a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que explican el nivel de cumplimiento global alcanzado.


Cifras

Tras la evaluación realizada en 2020 se ha aplicado el 24,8% de las recomendaciones efectuadas. Más del 62%  de las Comunidades y Ciudades Autónomas aplicó entre el 20 y el 40% de dichas recomendaciones. Todas las Comunidades y Ciudades Autónomas evaluadas cuentan con un portal de transparencia que en la mayoría de los casos se encuentra ubicado en un lugar visible de su web institucional.


En promedio la proporción de informaciones obligatorias que se publican se sitúa en el 85,7%, aunque existen diferencias entre bloques de información y una gran variabilidad entre las entidades evaluadas.


Los criterios de calidad de la información publicada obtienen una valoración que en general, se sitúa en torno al 80%.  Esta valoración se explica por los problemas de accesibilidad a la información derivados de la forma de publicar las informaciones y, sobre todo, se observa la falta de referencias que permitan saber si la información publicada está vigente.


En promedio el índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) alcanza un 80,3%, el más elevado de todos los grupos de sujetos obligados evaluados a lo largo de 2021.

No obstante, es preciso señalar que la diferencia entre la Comunidad o Ciudad Autónoma con el Índice de Cumplimiento más elevado y la que alcanza un menor cumplimiento es de casi 35 puntos porcentuales, por lo que algunas de las instituciones evaluadas presentan un amplio margen de mejora. Tres Comunidades Autónomas -Cantabria, Castilla La Mancha y el Principado de Asturias- alcanzan niveles de cumplimiento superiores al 93%. Respecto de 2020, la mejoría es evidente: un 11% de incremento. 

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