Transparencia Internacional España (TI-España) considera insuficiente el puesto que España ha obtenido en su Índice de Percepción de Corrupción 2019. Así, esta organización sin ánimo de lucro argumenta que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad. Pero estamos lejos de esa puntuación. 

En 2018, nuestro país obtuvo 58 puntos sobre 100 y el año pasado, 62. España ocupa la posición 30 entre los 180 países estudiados en el IPC de este año, junto con Portugal, Barbados y Qatar. Por eso, este año TI-España señala una vez más que "reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas".

Hemiciclo del Congreso de los Diputados (Congreso.es).

Sueldos Públicos se ha puesto en contacto Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro de la Junta Directiva de TI-España, para que nos explique algunas cuestiones que siguen sin resolverse en relación con la transparencia a la hora de cobrar dietas y sueldos de nuestros políticos y empleados públicos.

¿Qué evolución ha detectado con el tema del cobro de dietas en política desde que empezaron a elaborar este Índice?

Las dietas de manutención y hospedaje que, según la norma, se deben pagar a los funcionarios públicos de los grupos A2, C y D son claramente insuficientes para poder desplazarse y comer dignamente. Las del grupo A1 son paupérrimas. Las de los altos cargos son un poco mejores pero tampoco permiten ningún lujo. Entonces ¿cuál es el problema en este ámbito? Pues normalmente su opacidad. Ello implicaría, tal vez, que se puedan cobrar dietas indebidas por parte de políticos que no son controlados por superiores. Por ejemplo, los electos locales.

¿Qué soluciones plantea la Organización para hacer más transparente este tipo de cobros?

Debe modificarse la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, para incluir un artículo donde se indique que deben publicarse individualmente las indemnizaciones por razón del servicio que cobran todos sus altos cargos y funcionarios de niveles 29 y 30.

¿Qué casos llamativos han podido detectar en esta materia? Hay alcaldes que han llegado a cobrar 450 euros por una reunión de cuatro minutos.

Nosotros no hacemos investigación de casos, sino de percepción, victimización o global por delitos. Pero sí nos llega información de las indemnizaciones que en el servicio exterior se cobran, de acuerdo a las normas internas existentes, por representantes diplomáticos y agregados de embajadas o funcionarios internacionales y son verdaderamente altas. ¿Es eso justificable? Debería haber un debate al respecto, pero no lo hay y esto genera desconfianza porque son criterios bastante opacos los que determinan las cuantías.

Los funcionarios españoles cuando salen fuera de España hasta triplican su salario, lo cual puede justificarse en algún caso pero probablemente no en todos. Es un tema que debe sacarse a luz y debatirse. Y si se definen salarios altos, que se sepa por qué y cómo se determinan.

Sobre alcaldes y diputados existe un problema de opacidad como dijimos. Diputados que cobran dietas por ser de provincias, cuando viven en Madrid, ya sabemos que es un problema que existe, también diputados que usan fondos del Congreso para sus viajes de campaña electoral... Nuevamente, habría que establecer una norma más clara que la actual para definir criterios, y aplicarlos con imparcialidad.

¿Qué propuestas plantea la Organización para reducir los disparates en el cobro de sueldos públicos astronómicos en la Administración Local?

No tenemos constancia de sueldos astronómicos en la Administración local, sí pueden existir alcaldes que cobren sueldos altos, pero ninguno llega a la mitad de algún embajador o de algunos eurodiputados, por ejemplo. Debe existir un debate sobre cuánto queremos pagar a nuestros políticos. ¿Si pagamos mal tendremos peores políticos que si pagamos bien? Probablemente, porque sólo se dedicarán los peores o los que ya sean ricos.

Otro tema son los sueldos de los funcionarios de Administración local, muchas veces superiores a los de los funcionarios del Estado en iguales ámbitos de trabajo. Se trata de funcionarios que han superado pruebas menos complejas y realizan labores que tienen menos responsabilidad.

Por ejemplo, la diferencia entre un guardia civil dedicado a la lucha antiterrorista y un policía local del turno de noche en numerosos ayuntamientos es inaceptable. Pero es que los Ayuntamientos asumen negociaciones colectivas para la definición de salarios, en relación a determinados colectivos, que no pueden controlar. Transparencia, equidad y claridad es lo que demandamos. Normas claras, definidas con criterios objetivos y sólidos, y aplicadas imparcialmente.

¿Cómo se puede solucionar la opacidad con el llamado complemento de productividad? 

Solo sabemos que lo concede el que nombra al cargo que lo recibe, pero el Portal de la Transparencia del Gobierno solo publica cantidades brutas globales. No sabemos cómo se cobra, si de una vez o cada mes.

El complemento de productividad es un factor de distorsión y arbitrariedad desde su inicio. Antes debería publicarse en los tablones de anuncios de los ministerios, por ejemplo; ahora con la normativa de protección de datos ya no se hace. Personalmente (esto es mi opinión) la productividad debería eliminarse mientras no exista un sistema de evaluación del rendimiento con criterios claros, con sistemas de 360º, con definición clara de objetivos y factores por competencias, etc...

¿Qué cosas podemos copiar de otros países en estas materias de dietas, sueldos y transparencia para mejorar la calidad democrática de España y la rendición de cuentas?

Lo que debemos copiar es claridad en la definición de los sueldos, indemnizaciones por razón del servicio y productividades; además, hay que situar este subsistema de la gestión de recursos humanos vinculado al resto de subsistemas, de forma tal que exista, para empezar, buena planificiación de recursos, que se definan bien los puestos, que se tenga un buen sistema de definición de perfiles por competencias, que se genera un sistema riguroso de evaluación del desempeño, que se conecte todo ello con una carrera objetiva y no politizada, etc.

Autor de más 100 publicaciones

Manuel Villoria Mendieta es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Licenciado en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becario Fulbright en Estados Unidos, donde realizó estudios de Master en Public Affairs por la Indiana University.

Es director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Actualmente dirige el Programa de Alta Dirección Pública y el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Pública. Es autor de más de cien publicaciones (libros y artículos) sobre Administración pública y ética administrativa.

Ha sido secretario de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Fue miembro de las Comisiones de Modernización de la Administración del Estado entre 1988-1993 y de la Comisión para el estudio y creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas. También es miembro del Comité de Políticas Públicas y Administración de la Asociación Mundial de Ciencia Política. También ha sido profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales.