Cerraron en septiembre con créditos por valor de 6.521 millones de euros

Las diputaciones aumentan su deuda un 3,4 por ciento en lo que va de año

Las diputaciones españolas cerraron el tercer trimestre del año con una deuda de 6.521 millones de euros, según los datos del Banco de España.

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Las diputaciones españolas cerraron el tercer trimestre del año con una deuda de 6.521 millones de euros, según los datos del Banco de España. Aunque supone una reducción del 10 por ciento respecto al nivel del pasado 30 de junio, representa un incremento del 3,4 por ciento frente al nivel que tenían cuando comenzó 2013.

El aumento que se ha producido a lo largo de 2013 ha sido generalizado entre los distintos tipos de instituciones provinciales. Las diputaciones forales, correspondientes a las tres provincias vascas, son las principales responsables, ya que han incrementado sus cifras un 8,4 por ciento desde que comenzó el año, hasta los 2.238 millones de euros.

Las de régimen común han elevado sus créditos un 0,2 por ciento, hasta los 3.361 millones, mientras que los cabildos y consejos insulares han registrado un incremento del 3,8 por ciento, totalizando en septiembre 923 millones de euros.

Más competencias

Este incremento de la deuda contrasta con la ligera reducción (del uno por ciento) que vive la deuda municipal desde que se inició este ejercicio. El control de la deuda de los ayuntamientos ha hecho que se estabilice en torno a los 35.000 millones de euros este año.

Las diputaciones provinciales podrían ganar competencias el próximo año, ya que son las grandes beneficiadas por la reforma de la administración local. La futura norma prevé que sean las instituciones provinciales las que asuman la presentación de determinados servicios municipales, como la recogida de residuos o el alumbrado, si el ayuntamiento no es capaz de mantener el equilibrio presupuestario.

Habrá que esperar a la aplicación de la norma para comprobar cómo se articula la prestación de servicios. Según los cálculos iniciales de Hacienda, más de 5.000 ayuntamientos estarían en riesgo de quedarse sin competencias si no sanean sus cuentas, lo que traspasaría a las diputaciones buena parte de sus funciones.