La Administración Periférica del Estado cuesta al año nada menos que 280 millones de euros al año, pero ¿qué es exactamente? Se llama así a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, que no son otra cosa que los representantes del Ejecutivo central en las comunidades autónomas y provincias, respectivamente. Una de sus caras más conocidas es la madrileña Cristina Cifuentes.

Los presupuestos de 2013 asignan a estas figuras algo más de 280 millones de euros, una cifra un 12 por ciento inferior al presupuesto de 2012, aunque sólo un tres por ciento menor que los 288 millones de euros que desembolsaron efectivamente estas instituciones. En definitiva, es un 12 por ciento menos que lo que se presupuestó en 2012 y un tres por ciento menos de lo que se gastó realmente ese año. 

Su principal gasto es en personal y es que la administración periférica cuenta con 7.684 empleados a su servicio. Según el informe del Ministerio de Hacienda, que evalúa el funcionamiento de estas entidades en 2012, los salarios de su personal consumieron el 76 por ciento del presupuesto (220,9 millones pagados, pese al recorte de una paga extra). 

Las Delegaciones del Gobierno dependen del Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. Tienen carácter político, y sus titulares ostentan la condición de alto cargo, en concreto el de subsecretario, por lo que su sueldo asciende a unos 63.700 euros brutos al año más dos pagas extraordinarias. Sus funciones principales son las de representar al Gobierno en la Comunidad o Ciudad Autónoma correspondiente, así como dirigir la Administración del Estado en el territorio autonómico y coordinarla con la Administración propia de la Autonomía en cuestión. Además, las comunidades pluriprovinciales cuentan con subdelegados provinciales en cada una de las provincias, una figura que sustituyó a los gobernadores civiles tradicionales. En Baleares y Canarias, además, hay directores insulares.

Los 19 altos cargos se repartieron 1,14 millones de euros, mientras que su personal eventual (142 trabajadores) cobró casi 4,1 millones más. Los funcionarios pertenecientes a este nivel administrativo (más de 6.000) cobraron 145 millones y el personal laboral (más de un millar de personas) percibió otros 35 millones. Otros 11 millones del capítulo 1 correspondieron a incentivos al rendimiento y otros 23 millones a las cuotas de sus trabajadores.

334 inmuebles y 564 coches oficiales

Además, las delegaciones del Gobierno gastaron otros 42 millones de euros en material y suministro corriente. Uno de los principales gastos, de 3,18 millones, se dedica a pagar los arrendamientos de los edificios que ocupan estos organismos. Según el informe, de los 334 inmuebles que ocupan las delegaciones y subdelegaciones, 23 están arrendados, tras haberse desprendido de otros inmuebles en los últimos años.

Otro de los gastos más sorprendentes es el relativo a los coches oficiales, no por su volumen (211.240 euros en mantenimiento en 2012), sino por la gran cantidad de vehículos a su disposición. Según el informe, cuentan con 564 coches oficiales, es decir, uno para menos de 14 empleados. A pesar de ello, el parque móvil se ha reducido casi a la mitad ya que en 2008 sumaban 903 coches oficiales.

Interpretamos que no son solo vehículos para transportar a políticos y altos cargos.

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