Si por algo se caracteriza el resultado electoral de las pasadas elecciones del 10 de noviembre, además de por el auge de Vox, es por la debacle de Ciudadanos. El partido de centro liberal, como se autodefinen, empezará una nueva legislatura a principios de diciembre con 47 diputados menos en el Congreso y pasará de cuatro senadores a no tener representación en la Cámara Alta. Algo que se traduce también en menos sueldos públicos en las instituciones a nivel nacional, menos subvenciones y menos aportaciones del sueldo de los cargos electos, que están obligados a donar el 8% de su nómina. Esta ‘derrota’ electoral ha culminado con la dimisión y retirada de la vida pública de su presidente, Albert Rivera, aunque semanas y meses antes, otros compañeros de escaño también abandonaron el barco, como Toni Roldán.

La formación, que nació en 2005 a partir de la plataforma cívica ‘Ciutadans de Catalunya’, fue creada por un grupo de intelectuales catalanes con el objetivo de hacer frente al nacionalismo catalán a nivel autonómico, posición que todavía reivindica. Pero unos años después, en 2008, decidieron presentarse a las elecciones generales y andaluzas con un resultado nefasto (no consiguieron representación). Su primera candidatura a las europeas fue en 2009, pero hasta 2012 no obtuvieron representación en el Parlamento Europeo. Entre 2012 y 2014 fue el periodo de su expansión nacional, que culminó con su candidatura a las elecciones generales de 2015, en la que el partido ‘naranja’ consiguió 40 escaños en el Congreso.

Ciudadanos se definió, tras su congreso en junio de 2007, como un partido socialdemócrata, constitucionalista, liberal y progresista. Un ideario que se ha ido modificando con el tiempo: en 2017, eliminó la socialdemocracia de su ideario, sustituyéndola por el liberalismo progresista. También dejó atrás su definición de partido laico para pasar a llamarse aconfesional, en consonancia con la Constitución Española. Una posición no muy clara que, junto con el acercamiento y distanciamiento entre las principales fuerzas políticas españolas (PP y PSOE) ha llevado a Ciudadanos a obtener su peor resultado en unas generales, el pasado domingo. Un día después, Rivera, que ha presidido el partido desde que así se decidiese en su primer congreso fundacional en 2006, presentaba su dimisión ante la Ejecutiva Nacional. 

Tras 13 años cobrando sueldos públicos en política (nueve como diputado en el Parlament de Cataluña y casi cuatro como diputado en el Congreso), deja la vida pública para volver, dice, a ejercer su profesión de asesor jurídico.

Albert Rivera, el domingo. (El Economista. EFE).

Rivera estaba ingresando en la XIII legislatura, antes de la disolución de las Cortes, como diputado en el Congreso y portavoz de la Comisión Constitucional, 2.982 euros brutos al mes de asignación constitucional y 1.109 euros por el cargo en la comisión, además de 917 euros libres de impuestos para gastos originados de “la actividad de la Cámara”. Son 4.091 euros brutos al mes y 917 exentos de tributación, el doble los meses de paga extra. De esta cantidad, Rivera dona el 8% al partido. 

Pero, además, según su declaración de bienes y rentas publicada en el Portal de Transparencia del Congreso, en 2018, la formación ‘naranja’ le pagó 48.000 euros netos por su cargo como presidente y su grupo parlamentario le abonó otros 41.373 euros. Pagó 30.747 de IRPF. 

47 sueldos públicos menos, menos donaciones al partido

Pese a la pérdida de escaños en el Congreso (47) y el Senado (4), Ciudadanos sigue teniendo representación fuera de las instituciones estatales. Por ejemplo, forma parte de cuatro gobiernos autonómicos en los que ocupa sus vicepresidencias, como es el caso de la Comunidad de Madrid (seis consejeros), la Junta de Andalucía (cinco consejeros), la Región de Murcia (cuatro consejeros) y la Junta de Castilla y León (cuatro consejeros). Todos ellos en coalición con el Partido Popular.

La formación naranja también está presente en 400 gobiernos municipales, según su propia página web, aunque solo ocupa la Alcaldía en cinco capitales de provincia: Granada y Palencia y, en alternancia, en Badajoz (con el PP), en Ciudad Real (PSOE) y en Albacete (PSOE). También ostenta la presidencia de Melilla, pese a solo tener un escaño.

En total, hay unos 2.968 cargos electos de Ciudadanos en las diferentes instituciones españolas, que pueden variar a lo largo de la legislatura por bajas o dimisiones y que donan el 8 % de su sueldo público al partido. Según sus cuentas anuales de 2018, publicadas en su Portal de Transparencia, el partido ingresó el año pasado 853.124 euros en concepto de “aportaciones de cargos públicos”, aunque el grueso de los ingresos privados lo constituyen las cuotas de los afiliados (3,2 millones de euros).

Por otra parte, la formación ingresó 12,7 millones de euros en subvenciones públicas, sin contar los 2,2 millones de euros de “ingresos electorales de origen público”. El gasto de personal ascendió a casi 5,6 millones, de los que 4,4 fueron sueldos y salarios. El partido tiene un activo, al cierre de 2018 de casi 14 millones de euros.

Eso sí, la formación debe 461.000 euros a las Administraciones Públicas (Hacienda y organismos de la Seguridad Social). El 21 de febrero de 2017 solicitó un aval bancario a Caixabank de 800.000 euros con un 1% de comisión. Ese ejercicio se cerró “sin ningún crédito bancario”. “Somos un partido solvente, con las manos libres. Desde 2017 no tenemos ningún crédito con ninguna entidad bancaria. Nuestras cuentas naranjas están completamente saneadas” afirman en la web.

La fundación Tribuna Cívica comenzó un una dotación fundacional de 30.000 euros. Tuvo cero ingresos de actividad propia en 2018. Por otra parte, la Asociación Cataluña Constitucional, tuvo cero ingresos, cero actividad. Nada.

Para 2019, los presupuestos recogen una previsión de ingresos por cuotas de afiliados de 2,9 millones; un millón en cuotas de cargos electos; 6,9 millones de subvenciones para el partido; 6,7 millones de aportaciones de los grupos institucionales y 50.000 euros en donaciones. En total, 17,7 millones.

Por el contrario, en el capítulo de gastos, Ciudadanos presupuestó 4,5 millones en gastos de personal; 2,4 millones en seguros sociales e IRPF; 100.000 euros de fondo de reserva personal; 7,1 millones para funcionamiento; 2,3 de gastos en sedes; 245.000 euros para manutención; 15 euros en gastos financieros y 124.000 euros para la Agencia Tributaria. En total, 16,8 millones. Con estas previsiones, el balance positivo alcanzaba los 872.000 euros, pero el devenir de dos elecciones en un mismo año los resultados del domingo pueden haber dejado en papel mojado estas previsiones.  

9,2 millones de euros menos en subvenciones 

Otra consecuencia del resultado electoral de Ciudadanos es que recibirá bastantes millones de euros menos en forma de subvenciones públicas, empezando por aquellas destinadas a “los gastos originados por actividades electorales”.

El Ministerio de Hacienda estableció, según el BOE, unas subvenciones públicas de este tipo a los partidos para las elecciones del 28 de abril de 21.168 euros por escaño obtenido en el Congreso y el Senado, lo que se traduce en 1,3 millones de euros tras los resultados de abril (57 escaños en el Congreso y 4 en el Senado). Además, por cada voto útil, es decir, aquel que se traduce en escaño, la subvención era de 81 céntimos para el Congreso y 32 para el Senado. En total, tras las elecciones de abril, Ciudadanos percibió 4,9 millones de euros.

Además de haber conseguido menos escaños, la formación tiene otro punto en contra: las cuantías de las subvenciones tras las elecciones del 10 de noviembre han descendido un 30% debido a la repetición electoral. De esta manera, cada partido percibirá 14.827 euros por escaño, 57 céntimos por voto útil en el Congreso y 22 céntimos por voto útil en el Senado. En el caso de Ciudadanos, son 645.495 euros. 4,3 millones menos que en abril.

Por otra parte, tanto el Congreso como el Senado establecen unas cuantías para cada grupo parlamentario. En el caso de la Cámara Baja, se establece una fija de 29.026 euros por diputado al mes y una variable de 1.670 euros mensuales por diputado. Tras las elecciones de abril, Ciudadanos percibía 95.200 euros mensuales de subvención del Congreso. Ahora, percibirá 16.702 euros al mes.

En el caso del Senado estas cuantías son de 15.200 euros (fija) y de 1.900 euros (variable). Esto se traducía, tras los comicios de abril, en 22.800 euros al mes. Ahora, al no tener representación, no ingresa por esta vía. Por lo tanto, Ciudadanos dejará de ingresar 101.298 euros mensuales. Si la legislatura dura cuatro años, serán 4,9 millones de euros menos en subvenciones de las dos cámaras. Si tenemos en cuenta tanto estas cifras como las referentes a las subvenciones electorales, son 9,2 millones de euros que dejarán de entrar en el partido.

Según el régimen económico y ayudas de los señores diputados, la ratio para la pasada legislatura era de 0,9 asistentes por diputado. Así, con 57 diputados, Ciudadanos tenía derecho a 51,3 asistentes, ahora, si la ratio se mantiene, tendrá nueve asistentes para sus 10 diputados. Algunos medios han apuntado a que no podrán costear el alquiler de la sede nacional en la céntrica Calle de Alcalá en Madrid. Decenas de cargos de confianza cesarán en breve porque el partido no puede costear sus nóminas y es posible que también haya despidos en la sede.

Según la web del partido, los liberales cuentan con 160.000 inscritos de los que 30.000 son afiliados. La cuota mínima son 10 euros al mes, cinco para estudiantes menores de 25 años, pensionistas o personas sin empleo.

Con la colaboración de Carles Torrijos.