Transparencia Internacional España presenta diez reivindicaciones en su Decálogo

Los políticos imputados, mejor apartados temporalmente

El presidente de Transparencia Internacional España (TI-España), Jesús Lizcano, ha defendido que los políticos procesados por presuntos delitos relacionados con la corrupción deberían "apartarse -o ser apartados- temporalmente de sus cargos" hasta que los tribunales resuelvan su situación legal.

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Diputados posando frente a la escalinata del Congreso en Madrid.
MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Transparencia Internacional España (TI-España), Jesús Lizcano, ha defendido que los políticos procesados por presuntos delitos relacionados con la corrupción deberían "apartarse -o ser apartados- temporalmente de sus cargos" hasta que los tribunales resuelvan su situación legal.

"Es fundamental por higiene política, que cualquier político procesado o imputado por corrupción se debiese apartar -o se le apartase- temporalmente de su cargo o de sus cargos hasta que no quedase aclarada definitivamente la situación y culminado el correspondiente proceso judicial", afirma Lizcano, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Madrid.

Lizcano achaca la ausencia de dimisiones entre los políticos españoles implicados en casos de corrupción a "la falta de voluntad para ser ejemplarizantes", aunque también considera que la causa de este fenómeno reside en "la cultura política y la tradicional permisividad ciudadana" de la sociedad española.

Esta es una de las diez reivindicaciones incluidas por TI España en su 'Decálogo de Transparencia e Integridad' , presentado en octubre de 2011, y sobre cuya acogida Lizcano reconoce que fue "amplia en instituciones, universidades y entre los ciudadanos", pero "no demasiado positiva entre los poderes públicos".

El capítulo español de Transparencia Internacional, única organización internacional no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, inicia mañana un ciclo de tres seminarios-debate sobre la corrupción. La primera, bajo el título 'Las reformas de los partidos políticos y el sistema electoral', en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañon.

Respecto a los últimos casos de corrupción, que afectan en su mayoría a los dos grandes partidos, Lizcano espera que sirvan en el futuro para "desterrar ciertas prácticas y el nivel de opacidad existente", así como "mejorar la organización, el funcionamiento y el nivel de transparencia de las instituciones" españolas.

Por otro lado, el presidente de TI España prevé que las propuestas realizadas por esta organización a la futura Ley de Transparencia, que está tramitando el Congreso de los Diputados, sean presentadas como enmiendas por "algunos grupos parlamentarios". Además, "algunos de los principios propuestos se vienen asumiendo últimamente por parte de los partidos políticos, quizás debido a la presión de la sociedad civil y los ciudadanos", puntualiza Lizcano.

La UE

Por otro lado, el presidente de TI España denuncia que la troika, encabezada por la Unión Europea (UE) está actuando con una "inadmisible falta de transparencia" en su gestión de la crisis económica y que, en caso de que no se divulguen los datos que sustentan las decisiones que se están tomando, "se deberían pedir responsabilidades".

"Sería muy importante que se comunicasen y se justificasen las decisiones económicas que se han venido tomando y que tanto y tan negativamente están afectando a los países europeos del Sur, y a millones de ciudadanos", añade Lizcano.

En este sentido, el presidente de TI España destacó la necesidad de que se hagan públicos los estudios y simulaciones que "han servido para tomar decisiones, algunas de ellas desastrosas" y que, en caso contrario, habría que "pedir responsabilidades por la falta de transparencia y de eficacia en la gestión de las decisiones económicas y financieras" por parte de la UE.

El primero de los tres seminarios organizados por TI España contará con la intervención del miembro del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz, el escritor y empresario, César Molinas, los catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), José Ramón Montero y Fernando Vallespín, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, el catedrático y político de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, y el propio Lizcano como moderador.

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