El PP contraprograma ante el mazazo de la querella de IU
Por un lado, Izquierda Unida considera "positivo" que el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, haya admitido a trámite la querella presentada por su formación y otras cuatro asociaciones contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como los extesoreros Luis Bárcenas y Ángel Lapuerta, por la presunta contabilidad B del partido. El juez los citará a declarar como imputados.
IU señala en un comunicado la "relevancia que tiene" que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia "haya admitido la querella, descartando otras opiniones no vinculantes ya expresadas en relación a la competencia en favor de otro juzgado de esta misma instancia judicial".
Además, celebran que Bermúdez exprese en su auto "claramente -como ya mostró desde un principio- la nítida observación de indicios de delito relacionados con el supuesto pago de comisiones por parte de distintas empresas al Partido Popular y su presunta relación con la adjudicación de contratos públicos a las mismas".
Por otro lado, el PP quiere que se conozcan las entidades financieras y empresas que contratan con los partidos políticos y que luego no aportan datos Tribunal de Cuentas, para evitar sanciones.
Así se desprende de las propuestas de resolución que el Grupo Popular ha presentado en el Parlamento en relación con el informe de fiscalización de la campaña electoral de los comicios locales de 2011, que este martes se debatirán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En una de estas propuestas, el PP pide al Tribunal de Cuentas que en sus próximos informes "identifique a los proveedores, entidades financieras y demás sujetos que mantengan vinculaciones económica-financieras con los partidos políticos e incumplan sistemáticamente su deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas y que, a pesar de ello, sigan contratando con las formaciones fiscalizadas".
Y paralelamente, el PP insta al Gobierno a promover cambios en el régimen sancionador de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para "tipificar como infracción la falta de colaboración con el Tribunal de Cuentas de terceros ajenos a las formaciones políticas, como entidades financieras y proveedores, que hayan mantenido relaciones económico-financieras con aquellas".
Que no se culpe a los partidos
Por su parte, el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una propuesta de resolución para evitar que los partidos políticos padezcan situaciones de indefensión por el hecho de que sus proveedores no cumplan correctamente con sus obligaciones de información de carácter fiscal o de otro tipo.
Por otro lado, el Grupo Popular aboga por mejorar la transparencia de las formaciones políticas, en especial de su actividad económica-financiera y de sus cuentas, y por extender esos criterios de transparencia a las fundaciones vinculadas a los partidos. Se cita por ejemplo la publicación en Internet de las cuentas anuales de partidos y fundaciones, incluyendo las operaciones de crédito concertadas con entidades financieras.
En otra de sus propuestas, el PP aconseja a los partidos que adopten procedimientos el control económico-financiero de su actividad para, en aras de reducir costes, favorecer la competencia entre empresas en el procedimiento de adjudicación de aquellos gastos que sean más significativos, bien por su elevada cuantía o bien por su concentración en un mismo proveedor.
Al Tribunal de Cuentas le pide asimismo que continúe potenciando los recursos humanos destinados a la fiscalización de los partidos políticos para ponerse al día, con el objetivo de aprobar los informes correspondientes a la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas en el ejercicio siguiente al de su rendición.
Partidos pequeños
Del mismo modo, reclaman que aquellas formaciones políticas de ámbito local que no hayan cumplido los requisitos para acceder al límite de gasto complementario provincial pierdan el derecho a su percepción por haber superado los límites más reducidos referidos al ámbito estrictamente municipal.
Y es que el informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones locales de mayo de 2011 detalló que más de la mitad de las 1.680 formaciones políticas que debían presentar su contabilidad no llegaron a enviar papel alguno. En concreto, se trata de 881 formaciones políticas que en su mayoría tienen una implantación reducida y que generalmente solo se presentaron en un único municipio.
También los nacionalistas de CiU piden en sus propuestas sancionar a los partidos políticos que no rindan sus contabilidades ante el Tribunal de Cuentas así como detallar con más precisión lo que se considera como gasto electoral.
Por último, Izquierda Plural ha registrado otras tres propuestas de resolución para obligar a que los créditos de campaña se contraten con el ICO o bancos nacionalizados, que los intereses computen como gasto electoral y que el Estado pague las subvenciones "en tiempo y forma".
Todas estas propuestas de resolución de debatirán este martes en el Senado, después de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, exponga el informe sobre las siguientes elecciones celebradas en España, las generales de noviembre de 2011.
