El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que aplicarse a fondo para cumplir con sus obligaciones legales con la Unión Europea. No obstante, arrastra los ‘deberes’ sin hacer del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Son 28 las directivas europeas pendientes de transponer, cuyo plazo ya ha vencido. En total, 79 directivas todavía en proceso de transposición, aunque solo 51 siguen dentro de su plazo previsto. Esto ha respondido la Secretaría de Estado para la Unión Europea a la solicitud enviada por Sueldos Públicos al Portal de Transparencia del Gobierno.

Las directivas europeas consisten en actos legislativos, generalmente adoptados por el Consejo y el Parlamento Europeos. En ellas se establecen unos objetivos que todos los países miembros deben cumplir, unificando así la normativa de los 28 miembros, aunque deja en manos de cada Estado la elaboración de leyes para alcanzar esos objetivos. La transposición de las directrices consiste en acatarlas, en busca de los objetivos marcados, elaborando las leyes que cada país miembro considere oportunas. Por lo general, estas directrices suelen tener un plazo de alrededor de dos años para su transposición, aunque puede variar en función de su importancia y urgencia.

El Plan Anual Normativo presenta las normas que se prevén aprobar cada año. Según el documento de 2018, aprobado en diciembre de 2017, el Gobierno pretende acatar a lo largo del año hasta 52 directivas. De estas 52, 18 son directivas atrasadas que arrastra desde años anteriores. En total, prevé 287 propuestas normativas, de las cuales 44 pretenden transponer directivas europeas. De estas 44 propuestas normativas, cuatro son leyes orgánicas, 17 son leyes ordinarias y 23 son reales decretos. Recuerda que el número de directivas a transponer no equivale al número de normas, ya que una misma disposición puede transponer varias directivas a la vez.

Vista parcial oficinas comunitarias en Bruselas.

Una de las directivas no transpuestas en España en su plazo correspondiente es la 2014/57/UE, en la que la Unión Europea marca una sanción máxima de privación de libertad de, como mínimo, cuatro años para aplicar contra personas que hagan operaciones financieras con información privilegiada o la ilícita manipulación del mercado. El artículo 285 del Código Penal español ya impone penas de prisión de entre cuatro y seis años por asuntos relacionados a la información privilegiada, por lo que cumpliría en ese caso la directiva. Sin embargo, en cuanto a manipulación del mercado, la pena máxima de prisión es de dos años, por lo que habría que modificar el artículo 284 del Código Penal. Dicha modificación tendría que haberse hecho antes del tres de julio. En estos momentos se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Otras directivas no transpuestas dentro del plazo establecido, y todavía pendientes, son la 2017/1572/UE, sobre las prácticas correctas en la fabricación de medicamentos de uso humano, la 2014/87/EURATOM, que establece un marco comunitario para la seguridad de las instalaciones nucleares o la 2016/680/UE, relativa a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de las autoridades. Puedes consultar en el documento adjunto que Sueldos Públicos solicitó a través del Portal de Transparencia del Gobierno. Se detallan todas las directivas pendientes de transponer, tanto aquellas cuyo plazo ha terminado como aquellas todavía dentro del plazo, así como su estado de tramitación actual en las instituciones españolas.

La respuesta se redactó a mediados de agosto, razón por la cual está ligeramente desactualizado. Desde entonces, se han transpuesto tres nuevas directivas, entre las que se encuentran la 2015/849/UE, con el objetivo de evitar la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y la 2014/50, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros. 

(Algunos lectores nos comunican que tienen dificultades para visionar el documento adjunto en pdf en la versión móvil. Si tienes paciencia, aparece en unos segundos. Te mostramos con esta imagen un estracto).

Ambas transposiciones se aprobaron a finales de agosto, por lo que llegan con un retraso de un año y dos meses en el caso de la primera directiva (cuyo plazo terminaba en junio de 2017) y de tres meses en el caso de la segunda (mayo de 2018). La tercera directiva transpuesta ese mismo día fue la 2016/801, respecto a los requisitos de entrada y residencia a personas ajenas a la UE con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariados, intercambios y colocación au pair.

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Esta Secretaría de Estado es el órgano superior responsable de la ejecución de la política de España en el ámbito de la Unión Europea. También coordina las actuaciones de otras administraciones públicas en la UE y formula y ejecuta la política exterior de España con Europa. El secretario de Estado para la UE es Luis Marco Aguiriano Nalda, desde el pasado 23 de junio. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, en Suiza, ha sido funcionario en el Parlamento Europeo durante décadas, y entre 2010 y 2018 fue director general de Políticas Exteriores de la Unión del Parlamento Europeo.

Su predecesor en el cargo es Jorge Toledo Albiñana. Su retribución en 2017 fue de 125.675 euros brutos, de los cuales 13.252 euros corresponden a un sueldo base, 21.540 euros como complemento de destino y 33.611 euros como complemento específico, más dos pagas extraordinarias de 2.464 euros cada una. Todo esto suma 73.331 euros. Los 52.344 euros restantes corresponden a los nueve trienios de Toledo y al opaco complemento de productividad. No conocemos cómo se determina la cuantía de este complemento. Solo sabemos que lo concede el ministro de cada ramo.

El sueldo anual de Aguiriano en 2018 es similar, 74.432 euros en total, incluyendo pagas extra, a falta de conocer su complemento de productividad y excluyendo trienios. Sin embargo, como ocupa el puesto desde junio, percibirá la proporción correspondiente de este salario. Si su retribución anual se asimila a la de su antecesor lo decidirá el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando le conceda su complemento de productividad. La retribución que corresponde a Borrell como ministro del Gobierno, según el BOE, será de 71.424 euros en doce pagas (5.952 euros al mes), aunque, de nuevo, solo cobrará la parte proporcional a los días que ha ocupado el cargo en 2018, desde junio.

Eurodiputados y comisarios de la UE

El Parlamento Europeo se compone de 751 eurodiputados elegidos por un período de cinco años en los 28 estados miembros. Esta legislatura, 54 escaños son ocupados por diputados españoles en la Eurocámara. Como resultado del Brexit, España tendrá 59 escaños tras las elecciones europeas de 2019. La última información de asignaciones económicas disponible en la web de la institución europea es la que cobraron entre julio de 2016 y julio de 2017, cuando los eurodiputados percibían 8.484 euros brutos al mes. También cuentan con unas dietas diarias de 306 euros, siempre que acrediten su presencia. Si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones, pese a su presencia, la dieta se reduce a la mitad, 153 euros.

Por otro lado, la Comisión Europea está formada por 28 comisarios, uno por cada país de la UE entre los que encontramos a Miguel Arias Cañete, comisario español en Europa con la dirección general de Acción por el Clima y Energía. Como miembro de la Comisión, su salario es de 22.367 euros mensuales. Además, percibe una indemnización de representación de 608 euros mensuales, libres de impuestos, y una indemnización por residencia igual al 15 % de su sueldo base, unos 40.260 euros. El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, tiene una de las retribuciones más altas en la Unión, además de las indemnizaciones ya citadas. Juncker cobra 27.437 euros al mes, unos 329.243 euros al año. Este salario equivale al 138% del sueldo base del escalón más alto en la tabla de retribuciones de funcionarios de la UE (Grado 16, escalón 3).

Estado de las directivas

Este es el estado legislativo de las 28 directivas pendientes (10 de septiembre) de transponer (con plazo de transposición vencido) a fecha de 16 de agosto de 2018, según el Gobierno de España. Puedes comprobarlo en el documento adjunto líneas más arriba.

11 en tramitación en el Congreso de los Diputados.

6 normas en elaboración.

3 en las que se ha emitido el dictamen del Consejo de Estado.

3 pendiente de la firma del Consejo de Ministros.

1 pendiente de inclusión en el orden del día de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios de Estado.

1 pendiente del informe de la Secretaría General Técnica.

1 pendiente del dictamen del Consejo de Estado.

1 incluida en el Índice de Consejo de Ministros para informe.

1 pendiente de los informes de Ministerios y Organismos Especializados y/o Comunidades Autónomas.

Plan Anual Normativo para 2018

Las previsiones del Plan Anual Normativo para 2018 señalan que el Gobierno deberá incorporar al ordenamiento jurídico español hasta 52 directivas a lo largo del año. Hay que añadir las que no se habían aprobado antes de finalizar 2017. Según el Plan, el Reino de España todavía tenía pendiente transponer:

7 directivas de 2017.

5 directivas de 2016.

3 directivas de 2015.

3 directivas de 2010.

En 2018 tenía previsto transponer 28 directivas.

En 2019 tiene previsto transponer 6 directivas.

Por áreas ministeriales (nomenclatura del Gobierno anterior) son:

15 de Economía, Industria y Competitividad.

8 de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

7 de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

5 de Energía, Turismo y Agenda Digital.

4 de Justicia.

3 de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

3 de Fomento.

2 de Hacienda y Función Pública.

2 de Interior.

2 de Educación Cultura y Deporte.

1 de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Con la colaboración de Carles Torrijos.