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El Open Government a estudio (I): Expertos
Redacción Redacción
@sueldospublicos
viernes, 22 de marzo de 2013, 07:10
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Entrevistamos a cuatro reconocidos expertos en material de Buen Gobierno

Estamos viviendo en una sociedad que reclama mayor participación ciudadana. El ciudadano de a pie ya no se conforma con ser partícipe de la democracia en los comicios electorales. La sociedad reclama cambios y desde Sueldos Públicos vamos a intentar desmenuzar los instrumentos y herramientas que determinados colectivos profesionales y sociales reclaman para que la voz y la voluntad de la ciudadanía canalice en determinadas actuaciones o políticas públicas.

Para ello durante las próximas semanas lanzaremos una saga de tres reportajes sobre Open Government (Buen Gobierno) donde expertos, políticos y sociedad civil nos mostrarán sus recomendaciones, decisiones o demandas sociales en materia de participación ciudadana.

Comenzamos ya con este artículo en el que cuatro reconocidos expertos nacionales e internacionales en OGOV nos muestran sus inquietudes o recomendaciones en esta materia que cada vez más nos preocupa a muchos de nosotros.

“El proceso de tramitación y consulta de la futura Ley de Transparencia ha sido todo menos transparente”

Álvaro V. Ramírez, es, seguramente, uno de los expertos más activos en la esfera iberoamericana en materia de gobierno abierto. Fundador e investigador de GIGAPP (Instituto Universitario Ortega y Gasset), para Ramírez el Open Goverment se articula en base a tres ejes: la apertura de datos (open data), la participación ciudadana y la colaboración e innovación entre los agentes implicados. Afirma que, en definitiva, el OGOV es “pasar de un modelo “analógico”, hermético y autorreferente de gestión pública, a un modelo “digital”, abierto, distribuido e incluyente.

En referencia a la situación española, su opinión no dista mucho de la ofrecida por los demás expertos, ya que afirma que “España va con mucho retraso (hoy en día 93 países de todo el mundo cuentan con este tipo de normativas). Por otro lado, si bien España dispone de casos de referencia en materia de “datos abiertos” (open data), ello no es constitutivo de una política pública pensada ni construida bajo una visión de conjunto que, sobretodo y en relación al polisémico concepto de gobierno abierto.

En materia territorial el investigador cree fielmente que son las comunidades autónomas, y, en concreto, los ayuntamientos los encargados de promocionar la participación ciudadana ya que “es el servicio público más cercano a las necesidades de las personas y es donde más se ha incrustado, en años recientes, el germen de la corrupción, el tráfico de influencias y la opacidad, etc”.

Para aquellos que quieran profundizar en la materia, Ramírez acaba de publicar un libro en el que junto a otros colegas intentan analizar en profundidad todo lo referente a Buen Gobierno y Open Data.
El libro está disponible en formato pdf en el siguiente link: http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/

“La futura ley regula la transparencia de la administración pública pero no de las instituciones públicas, como la Casa Real”

Diego Álvarez es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Gran defensor de los
derechos civiles y de la necesidad de mejorar los valores de la sociedad actual, Álvarez ha puesto
en marcha junto” a otro compañero ANALIZO.INFO, una iniciativa sin ánimo de lucro
creada para facilitar la participación activa de la ciudadanía en procesos de análisis de
información, que persigan la mejora de la sociedad en el ámbito político, social, económico y medio ambiental.

Para Diego Álvarez “el Gobierno Abierto consiste en establecer mecanismos para la transparencia en todos los ámbitos de la gestión junto a la creación y mantenimientos de espacios permanentes de participación y colaboración para públicos internos y externos”

Álvarez coincide con sus colegas en que el memorando sobre Buen Gobierno de Barack Obama de 2009 ha marcado un hito internacional en la materia. A nivel nacional destaca el éxito del Portal Irekia del Gobierno Vasco y como fracaso, el proceso de participación (votación) para la transformación de la
Avenida Diagonal de Barcelona.

El profesor destaca, además, que deben de ser las Comunidades Autónomas las administraciones encargadas de llevar a cabo Planes de Buen Gobierno. En este sentido afirma que las regiones que mejor lo están haciendo son Navarra y País Vasco.

Concluye contándonos que “para consolidar el Gobierno Abierto estamos ante un doble reto. De un lado, es necesario un cambio en la cultura de las

organizaciones públicas y partidos políticos; y de otro, lograr que la ciudadanía acepte la co-responsabilidad en la acción política y en la acción de gobierno”

“Las redes sociales están llamadas a cambiar el mundo, de hecho ya lo están haciendo”

Resumir la trayectoria de Victor Almonacid es cuanto menos laborioso. Secretario de
Administración Local, Almonacid es un claro ejemplo activo y proactivo en defensa de la
legalidad, el municipalismo y la Administración electrónica.

Según el funcionario, el “OGOV se suele definir como el salto de la actual (e insuficiente) democracia representativa a la democracia participativa, es decir, la verdadera democracia. Recordemos que
la etimología de la palabra conjuga los términos griegos δῆμος (dḗmos , «pueblo») y κράτος («poder»), por lo que se puede considerar la siguiente fase en la evolución natural de las modalidades de gobierno, una fase muy cercana a la democracia en estado puro”.

En cuanto a la situación española en materia de transparencia, Almonacid afirma que, en una escala de cero a 10, “no podemos aprobar, y todo lo que sea puntuar con más de un tres sería excesivamente optimista. La justificación es evidente. Aunque es cierto que tener una Ley de Transparencia tampoco es
la panacea, no cabe duda de que no haberla aprobado hasta 2013 es cuanto menos significativo.

Almonacid destaca, también, la iniciativa del Gobierno Vasco en materia de datos abiertos y cita al Ayuntamiento de Jun (Málaga) como un referente a nivel municipal. Por otro lado, según sus palabras, ocupa un lugar importante la iniciativa Aporta (www.aporta.es), surgida al amparo de la Ley 37/2007, sobre
reutilización de la información del sector público.

Sobre la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Almonacid cree que su aprobación es casi inminente. Para él “es una ley imprescindible, con crisis y sin crisis, con corrupción y sin corrupción, pero desde luego la coyuntura actual la exige si cabe con más fuerza. Por
desgracia, los políticos, una vez más, han visto la necesidad cuando la situación se ha convertido en crítica”. La Ley forma parte de ese “lavado decara” de la clase política que los dos grandes partidos practican desde hace dos o tres años, como cuando se modificó la Constitución para que dijera que
los ingresos debían ser igual a los gastos”

“Se habla más de participación que gente que participa”

Y si hablamos de OGOV no podemos obviar al profesor de la Universitat de València Lorenzo Cotino
.
Cotino es uno de los primeros académicos en publicar investigaciones y estudios sobre la materia
en nuestro país. Es Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.

Para este politólogo, no hay una definición exacta de OGOV, pero, en todo caso, se puede definir
como la inclusión de principios esenciales en el funcionamiento de la Administración Pública como la transparencia, la apertura de las Administraciones Públicas, la participación ciudadana y la reutilización de la información pública. Para el profesor, estos elementos no son nuevos y a ellos se añade en la última década la mejora de la calidad de la prestación de los servicios públicos y la colaboración y cooperación de la ciudadanía.

Cotino afirma que hay mucho de “apariencia” en muchas de las decisiones y actuaciones de OGOV que se predican en las Administraciones españolas. Según palabras del profesor, para muchos políticos la participación ciudadana es un instrumento algo incómodo para su laboral diaria. Cotino califica en este
sentido a la España con un “progresa adecuadamente”.

Una vez más aparece el caso de Obama como uno de los protagonistas en la democracia electrónica, pero en este caso además el profesor Cotino cita a la Unión Europea como una de las primeras Administraciones Públicas que desde el año 2000 ha aplicado una auténtica política de Open Data (apertura de datos). Por otro lado, destaca muchas políticas que han fracasado en su objetivo de mejorar la participación y la transparencia, ya que decenas de administraciones han utilizado fondos públicos para crear portales que no son más que meros tablones de anuncios. Como ejemplo de fracaso cita el portal
060 de la Administración General del Estado.

Para el profesor, la futura Ley de Transparencia, en términos generales, es muy positiva aunque tiene muchos flecos mejorables, como por ejemplo el ámbito de aplicación de la ley y la difusión activa de información. La ley puede constituir un hito siempre y cuando la Agencia (creada ad-hoc por la ley) de Calidad y Transparencia adopte un rol activo a la hora de evaluar las denegaciones de acceso a la información pública.

Lorenzo Cotino afirma con rotundidad que la “democracia participativa, en nuestro Estado de Derecho, ha de ser un complemento a la democracia deliberativa”. En este sentido, destaca el peligro que corren ciertos Estados al promulgar políticas públicas de participación ciudadana sin estar considerados Estados democráticos. Este es el caso de Venezuela, pero también sucede en muchas ocasiones en España, cuando tan sólo participan los elegidos por los que ostentan el poder.

 
 
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