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El Congreso aplaza la decisión sobre la pensión de los expresidentes del Tribunal del Cuentas
También queda pendiente la del Defensor del Pueblo y la de los exsenadores
Agencias Agencias
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martes, 4 de septiembre de 2012, 13:59
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MADRID (EUROPAPRESS/Redacción).- La Mesa del Congreso ha aplazado una semana la respuesta a los expresidentes del Tribunal de Cuentas y a la Defensora del Pueblo anterior sobre la pensión indemnizatoria que han solicitado por su cese. En el caso de los dos primeros, ronda los 180.000 euros.

El órgano de dirección del Congreso se ha reunido por primera vez este martes tras el parón de verano y se ha encontrado con estos asuntos. Para darles respuesta, ha optado por pedir informe a los servicios jurídicos antes de tomar una decisión la próxima semana, en su reunión del martes día 11, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los dos últimos expresidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto y Manuel Núñez, tienen derecho a una indemnización de unos 180.000 euros cada uno. El primero permaneció en el cargo diez años, entre 1997 y 2007, año en que fue relevado por Manuel Núñez, a su vez sustituido en julio por Ramón Álvarez de Miranda, actual presidente de la institución a instancias del PP, como los anteriores.

En el caso del Defensor del Pueblo, la Mesa debe atender la petición de María Luisa Cava de Llano, que ejerció el cargo en funciones como sustituta de Enrique Múgica y que ha solicitado cobrar la indemnización tras cesar en el cargo por el nombramiento de Soledad Becerril.

Las mismas fuentes han explicado que quien fue adjunto segundo de la Defensora y también de Múgica, Manuel Aguilar, ha comunicado a la Mesa su renuncia a esta indemnización puesto que se reincorpora a su trabajo anterior.

En 2011, el cargo estaba remunerado con €115.376 brutos al año. Los dos cargos de adjunto cobraron 107.572 euros cada uno.

Exsenadores

Por otro lado la Mesa del Senado analizará el próximo día 12 de septiembre la situación de los exsenadores que hayan decidido optar por la indemnización por cese que ofrece la Cámara Alta, descartando así percibir cualquier otra retribución con cargo a presupuestos públicos o que provenga de una actividad privada.

Para cumplir con el decreto de recortes aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso a principios de julio, la Mesa de la Cámara Alta decidió por unanimidad el pasado 26 de julio declarar incompatibles las indemnizaciones por cese de los parlamentarios o la del expresidente de la Cámara con cualquier otra retribución que reciban, tanto con cargo a los presupuestos públicos como procedente de la actividad privada.

 
 
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