| BRUSELAS (EUROPAPRESS).- La Oficina Antifraude de la Unión Europea
(OLAF) logró recuperar en 2011 un total de 691,4 millones de euros de
fondos comunitarios que habían sido utilizados de forma fraudulenta, una
cifra récord en comparación con los 67,9 millones recuperados en 2010 o
los 251,3 millones de 2009. Los fondos recuperados vuelven así al
presupuesto comunitario.
De los fondos recuperados, 524,7 millones de euros son fondos
estructurales europeos utilizados de forma fraudulenta, aunque la
agencia admite que de ellos 389 millones están vinculados a un único
caso por la financiación fraudulenta de obras de carreteras en la región
italiana de Calabria.
La Oficina Antifraude comunitaria también ha recuperado otros
113,7 millones de euros por fraude en los aranceles a las importaciones,
otros 34 millones por uso fraudulento de ayudas agrícolas y otros 17,5
millones por uso indebido en ayudas de la Política Exterior de la Unión.
Otros 100.000 euros han sido recuperados a raíz de investigaciones
que abrió la oficina antifraude comunitaria por el contrabando de
tabaco y otros productos falsificados, otros 600.000 euros por fondos
mal utilizados por personal de la UE y otros 800.000 euros por gastos
centralizados indebidos. El director general de OLAF, Giovanni Kessler, ha destacado la
cantidad "significativa" de fondos recuperados el año pasado gracias a
investigaciones del organismo y ha prometido "aumentar" la lucha contra
la corrupción y el uso fraudulento de fondos comunitarios. "En este
contexto financiero, la lucha contra el fraude y la corrupción es de
especial importancia y debe ser una prioridad en todos los Estados
miembros", ha justificado.
La agencia abrió 178 nuevos casos sospechosos en 2011 y participó o
coordinó investigaciones en otros 208 casos que fueron cerrados el año
pasado. En total, la oficina antifraude gestionó 463 casos en 2011, 122
de los cuáles estaban directamente relacionados con prácticas
sospechosas de personal comunitario, 89 estaban vinculados al sector
agrícola, 67 casos por uso fraudulento de ayudas exteriores y 64 casos
con los fondos estructurales.
Los propios Estados miembros han impuesto multas por valor de 155
millones de euros y han impuestos penas de cárcel por distintos casos
fraudulentos, siguiendo las recomendaciones de la oficina antifraude
comunitaria. OLAF recomendó por ejemplo a España y Bélgica recuperar, según uno
de los casos analizados en el informe, unos 32 millones de euros en
aranceles que no abonó una compañía india que exportó el biodiésel de
forma fraudulenta a ambos países por tratarse en realidad de biodiésel
de origen estadounidense, sujeto a aranceles antidumping en virtud de la
legislación comunitaria y que la compañía india no abonó haciéndolo
pasar por biodiésel local.
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