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Puigdemont concede contratos públicos por valor de 7,3 millones a una empresa privada que debe 40 millones en impuestos
¿Crees que es transparente la medida?
Redacción Redacción
@sueldospublicos
martes, 25 de octubre de 2016, 18:35
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¿Crees que es de sentido común premiar a tu hijo cuando no hace los deberes? Pues parece que alguna Administración Pública no lo tiene tan claro. Sirva la metáfora para explicar que la Generalitat de Catalunya ha concedido a la empresa privada Acciona el contrato para la limpieza de las estaciones, dependencias y entrevías de las líneas de transporte de pasajeros Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia y la sede central de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El acuerdo es por tres años y el coste para el contribuyente es de 7,3 millones de euros. Pero se nos olvida un detalle: Acciona debe 40 millones de euros en impuestos.


¿Crees que es transparente la medida? ¿Es normal premiar a una empresa que debe dinero al erario público con más contratos? ¿Te imaginas que dejas de pagar el IRPF o llegas tarde a presentar la liquidación trimestral del IVA como autónomo y te premian con una subvención? Inverosímil ¿verdad?


Carles Puigdemont


Ahora bien, y aquí viene el meollo del asunto. Hay un detalle legal que permite aplazar el pago. Resulta que Acciona es protagonista de un embrollo que está en los tribunales. En Sueldos Públicos informamos en su momento de los detalles de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), un lodazal del anterior president, Artur Mas, y que ha recogido Carles Puigdemont. A finales de 2012, el gobierno autonómico adjudicó la gestión del abastecimiento de agua a 4,5 millones de vecinos de Barcelona y su área metropolitana a un consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual en el que también estaban dos familias: Rodés y Godia Torreblanca.


¿Qué ha pasado? Los cariocas no quieren saber nada. Han dejado para otro su trozo del pastel y Acciona, en estos momentos, tiene la mayoría. Desde que formalizó la concesión, por 50 años y 1.000 millones de euros, la empresa privada debe 40 millones de euros a la Generalitat -a todos los contribuyentes de Catalunya- en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales. Lo que pasa es que, por ley, como este asunto está atascado en los tribunales, la compañía puede demorar el pago hasta que haya una sentencia firme.


Haz memoria. Acciona ganó hace cuatro años el concurso de la gestión del agua de Barcelona y su área metropolitana antes mencionada, pero Agbar (Aguas de Barcelona) recurrió y obtuvo el respaldo del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC). Según recuerda Economía Digital, este órgano, dependiente de la Generalitat, ordenó que se adjudicara la gestión a Agbar. Luego vinieron los recursos del Govern y de Acciona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulo el concurso. El expediente está en el Tribunal Supremo.


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Imagen. Aracat. (Francesc Melcion). En la foto, Puigdemont.

 
 
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